La organización Amnistía Internacional advirtió que llaman la atención los diversos ataques a periodistas que hablan de violencia de género y los hechos que ponen en peligro a las mujeres en la Argentina, en un nuevo aniversario del grito colectivo contra la violencia machista «Ni Una Menos».
Desde Amnistía advirtieron que la violencia contra trabajadoras de los medios de comunicación es un fenómeno mundial, ya que el 73% de las periodistas sufrieron acoso en línea relacionado con su trabajo, conforme un relevamiento de Unesco.
En Argentina, en el último tiempo, también se intensificaron los ataques a periodistas conforme el informe publicado recientemente por el Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém do Pará (MESECVI). Esto con la intención de deslegitimar las conquistas feministas y a voceras, ya que muchas de ellas fueron las organizadoras en 2015 del grito colectivo contra la violencia machista.
«Estas periodistas son quienes contribuyen con sus coberturas a la construcción de una agenda mediática que se hace eco de las demandas sociales, visibiliza las diversas manifestaciones de la violencia basada en género y contribuye a desnaturalizarla y combatirla», aseguraron en el texto. Y añadieron: «Ello se ve agravado por la falta de espacios de denuncia efectiva, la precarización laboral y la discriminación de género conforme ha destacado recientemente la Relatoría Especial sobre Libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA)».
“Las periodistas son cruciales para generar conciencia sobre las distintas formas de manifestación de la violencia de género. Lamentablemente, no es casual que hoy sean atacadas por sectores que impulsan medidas regresivas. Es indispensable que el Estado impulse leyes, planes de acción y políticas adecuadas de protección integral y erradicación de la violencia contra periodistas tanto online como en las redacciones”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En 2022 hubo en promedio 1 femicidio cada 36 horas, lo que representa 20 femicidios por mes, acumulando un total de 242 asesinatos a mujeres por motivos de género a lo largo del año, según datos que surgen del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN).
«La mayoría de los femicidios tuvo lugar en el hogar de la víctima, o la vivienda que compartía con el femicida, lo que demuestra el nivel de desprotección que atraviesan las mujeres y personas travesti, trans y no binarias en su propio hogar», indicó el comunicado. Y agregó: «Ello se ve agravado si se considera que más del 19% de las víctimas había realizado al menos una denuncia por violencia de género previamente. A su vez, las cifras dan cuenta de esta problemática estructural: en los últimos 10 años se registraron unos 700 mil casos de violencia por motivo de género, según el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Genero (SICVG) y el 97% corresponde a situaciones de violencia doméstica».
A 8 años de la primera marcha «Ni Una Menos», el diagnóstico se mantiene: «se minimizan los testimonios de quienes se animan a denunciar y se las somete a largas horas de espera para radicar una denuncia; se subestima el riesgo al que están expuestas las mujeres».
«Hay fuertes demoras en la aplicación de medidas de protección que requieren respuestas ágiles, y no hay perspectiva de género por parte del poder judicial y policial. El acceso a la justicia continúa siendo una deuda del Estado. Es indispensable realizar un diagnóstico sobre las deficiencias de las políticas públicas existentes y adoptar medidas», continuaron.
Una de las manifestaciones más aberrantes es el abuso sexual infantil (ASI), ya que en el año 2021, se registraron 3.219 víctimas. La Justicia en este tipo de casos es profundamente deficiente: de acuerdo a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) solo el 15,5% de los delitos contra la integridad sexual denunciados llega a sentencia condenatoria.
Por otro lado, si bien en Argentina el aborto es legal, a más de dos años de la aprobación de la ley aún se manifiestan barreras para el acceso a la interrupción del embarazo.