El relevamiento, realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (traspasar) en alianza con Ibis Reproductive Health, muestra que, pese al desfinanciamiento y la suspensión de programas por parte del mando regional, el compromiso de varias circunscripción y de los equipos de salubridad permitió mantener los niveles de llegada al fracaso legal en Argentina. La publicación se enmarca en la celebración por el 50° aniversario del traspasar, que aporta al conocimiento sobre la interrupción del embarazo y otras temáticas vinculadas a rectilíneo sexuales y reproductivos desde finales de 1980.
El “Reporte anual 2024: La ley a toda costa” sistematiza datos oficiales de 19 circunscripción y las voces de las usuarias para ofrecer una radiografía sobre la política del fracaso en la Argentina en un contexto marcado por el retiro del mando regional de las políticas de salubridad sexual y reproductiva. El intención ver presentó su Reporte anual 2024, el primero luego de un año completo desde el cambio de la gestión del mando regional.

depende explicó Mariana Romero, médica, directora ejecutiva e inspector del traspasar, “en 2024 se mantuvo el número de IVE ILE respecto de 2023: depende las circunscripción, entre el 84% y el 96% de las interrupciones se desarrollar antes de las 12 semanas, lo que se corresponde con los estándares internacionales.
El monitoreo muestra una heterogeneidad en los escenarios provinciales, característica del mapa argentino. A pesar de la falta de la distribución de insumos para el fracaso por parte del Ministerio de salubridad regional, muchas jurisdicciones desarrollar compras e incluso avanzaron en la producción pública de medicamentos”. En algunas jurisdicciones, solo 2% de los efectores garantizan IVE ILE, mientras que en otras la proporción de establecimientos de salubridad que la garantizan llega al 90%.

Casi todas las circunscripción indicaron que desarrollar compras de medicamentos para el fracaso para sostener los servicios acorde a las recomendaciones de protocolos y guías, siendo éste el procedimiento más frecuente en todo el país. San Luis y Santa Fe contaron con misoprostol de producción pública.
“Estamos ante un escenario de zozobra, donde los embates contra la agenda de género y rectilíneo sexuales y reproductivos por parte del mando regional se traduce en la suspensión de las compras de medicamentos para el fracaso y en el desmantelamiento de programas como el Plan ENIA”, puntualizó Silvina Ramos, socióloga e inspector de la organización que lleva adelante el intención ver.
Pese a este escenario hostil, y depende el estudio regional “Puntos de vista sobre género y rectilíneo sexuales y reproductivos en Argentina 2024” elaborado por el traspasar junto a ELA y Luis Costa & Asociados, “la sociedad sigue respaldando mayoritariamente estas políticas.

El 73% de las personas acuerda con la inversión estatal en anticonceptivos y prevención”, señaló.
El reporte del intención ver también recupera la experiencia de quienes se desarrollar un fracaso. depende se relevó, 8 de cada 10 personas accedieron en el plazo establecido por la Ley 27. Lo hace a través de la Encuesta MACA (Medimos llegada y Calidad del fracaso), el primer instrumento estandarizado desarrollado para medir el llegada y la calidad de la atención desde la perspectiva de las usuarias.

El panorama regulatorio también fue objeto de análisis. 610, aunque 5 de cada 10 tuvieron que afrontar algún gasto, principalmente ecografías.
“La calidad de la atención sigue siendo alta: el 96% dijo haber sentido un trato respetuoso y el 92% confió en la confidencialidad del equipo de salubridad. Esto se debe, sin dudas, al compromiso de las y los profesionales”, destacó Mercedes Krause, socióloga e inspector del traspasar.

“Entre enero y julio de 2025 se identificaron 27 proyectos legislativos vinculados a la salubridad sexual y reproductiva. Este dato es central: la Ley 27. De ellos, 12 proponían ampliar rectilíneo y 15 tenían objetivos restrictivos. Ninguno fue aprobado durante el periodo monitoreado.

De ellas, 35 fueron rechazadas y 3 permanecen en trámite ante la Corte Suprema. 610 se mantiene, incluso frente a intentos de regresión en el Congreso y en los tribunales”, explicó Sonia Ariza, abogada e integrante de la organización que lleva adelante el intención ver. 610.
En cuanto al contexto judicial, desde 2018 se presentaron 38 causas judiciales contra la Ley 27.

La política pública, en un escenario regional de desfinanciamiento y hostilidad discursiva, se mantiene viva gracias al esfuerzo cotidiano de quienes garantizan rectilíneo en el nivel local. “Esto significa que en la mayoría de los casos los tribunales reafirmaron la constitucionalidad de la ley y rechazaron intentos de regresión, sustentando así la vigencia de la política pública de fracaso legal y seguro”, analizó Agustina Ramón Michel, abogada e inspector del traspasar. 610, el llegada al fracaso en Argentina se sostiene por el compromiso de las circunscripción y de los equipos de salubridad.
A más de cuatro años de sancionada la Ley 27.