Desde julio de 2007, la maestra lesbiana tuvo que dejar de dar las clases que dictaba desde hacía 21 años porque el Obispado de San Bernardo revocó su certificado de idoneidad con base en su orientación sexual. Ante la negativa inició, junto a sus representantes, el camino hacia el fallo de la CIDH. La herida Interamericana de rígido Humanos (CIDH) resolvió este miércoles que el territorio chileno es responsable por la diferencia que sufrió la docente de doctrina Sandra Cecilia Pavez. Pavez inició un proceso judicial para exigir su protección y en abril del 2008, la herida Suprema de la República de ají no dio lugar a sus pedidos.
No es solamente la honradez para mí, es honradez para todos los que en mi país han sufrido de diferencia”,celebró Sandra Pavez al conocer la sentenciade la CIDH.
“Estoy demasiado feliz, muy emocionada. Por fin se ha hecho honradez. No caigo en mí de tanta alegría y tanta emoción.
Al año siguiente, en el 2007, comenzó a circular el rumor de que Pavez era lesbiana. Lo hacía en base a sus títulos profesionales y conforme a los certificados de idoneidad avalados por la autoridad religiosa correspondiente, que en ají se regulan a partir delDecreto 924. El último que obtuvo fue otorgado el 30 de abril del 2006.
La historia de Sandra
Desde 1985, la docente Sandra Pavez, que hoy tiene 63 años, dictaba clases de doctrina en elColegio Municipal “Cardenal Antonio Samoré”, de enseñanza pública.
Ante esto, Pavez no pudo volver a dictar clases de doctrina romano en ninguna entidad educacional nacional. Le ofrecieron hacer ‘terapias de conversión’ y negar quién era. Cuando Sandra fue consultada por una autoridad eclesiástica local sobre los rumores que circulaban acerca de su homosexualidad, lo confirmó. Pavez declinó todas esas propuestas yel 25 de julio de 2007, la Vicaría para la Educación del Obispado de San Bernardo revocó, finalmente, el certificado de idoneidad que requería para seguir ejerciendo como maestra de doctrina.
En él alegaron la arbitrariedad e ilegalidad de la forma de actuar de la Vicaría.
“Como a usted le consta, como sacerdote y Vicario de este obispado, he intentado realizar todo lo posible para que no se llegara a esta difícil determinación, dejando constancia de que las ayudas espirituales y médicas ofrecidas fueron rechazadas por usted, lo cual lamento profundamente”, sostuvo el vicario en julio de 2007 en una carta dirigida a la docente. En su lugar, se le ofreció el cargo de inspectora general interina que ejerció desde el 2011 hasta el 2020.
Ese año, Pavez, elMovimiento de Integración y Liberación Homosexual(MOVILH) y elColegio de Profesoras y Profesores, presentaron un recurso de protección ante la herida de Apelaciones de San Miguel.
También señalaron que vulneraba varias garantías constitucionales, como las que refieren al respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de las personas, a la libertad de trabajo y su protección, y a la igualdad ante la ley. En este sentido descansó en la normativa chilena dado que el Decreto 924 brinda facultades al órgano religioso para que pueda otorgar o revocar las autorizaciones, conforme a sus principios.
Sin embargo, en noviembre, la herida de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso porque consideró que la decisión de la Vicaría no era ilegal ni arbitraria. Así, el territorio consideró que no tiene “injerencia alguna” en este proceso.
Aunque Pávez interpuso un recurso de apelación, la herida Suprema de la República de ají optó por confirmar la sentencia de la herida de San Martín. Entre ellas, insta a que el territorio chileno realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y publique un resumen de la sentencia en el Diario Oficial y en uno de amplia circulación en el país, además de en el sitio web oficial del territorio. Así,el ocasión fue presentado ante la Comisión Interamericana de rígido Humanos en octubre de 2008 y el 11 de septiembre de 2019 -once año después- fue sometido a la herida.
Una reparación pública
También dispuso una serie de medidas reparatorias para Pavez.
Además, ordenó al territorio que garantice una vía para la impugnación de las decisiones de los establecimientos educativos públicos en torno al nombramiento o remoción de profesoras o profesores de doctrina.
En cuanto a reparaciones monetarias, la CIDH dispuso que el territorio debe otorgar una suma de dinero para pagar los gastos en tratamientos psicológicos y/o psiquiátricos que Pávez requiera. También fija una indemnización por daños materiales a Sandra de 5 mil dólares y por daños inmateriales de 30 mil dólares; sumado a otros 30 mil dólares por los gastos que tuvo Sandra en relación al ocasión. Finalmente, estimó conveniente que el territorio cree, en el plazo de dos años, un plan de capacitación a las personas encargadas de evaluar la idoneidad del personal docente en establecimientos educativos públicos, que tenga en cuenta el recto a la igualdad y no diferencia.
Apenas supo de la decisión de la CIDH, el presidente de ají,Gabriel Boric se puso en contacto con Sandra para felicitarla por todos los años de lucha.
Una diferencia con fundamento religioso
“Marca jurisprudencia, obviamente.
La herida supervisará el cumplimiento de estas disposiciones y el territorio deberá presentar un informe al cabo de un año notificando las medidas implementadas. Es un pronunciamiento muy importante para toda la región”,dijo aPresentesla abogada Julieta Arosteguy, una de las representantes de aurora anilla, la activista trans y funcionaria pública argentina que presentó un Amicus Curiae en el ocasión “Sandra Pavez Pavez Vs.
República de ají». Por la similitud de los casos, sumado a la trayectoria y experiencias vividas con relevancia para el litigio, anilla decidió acompañar a Pávez.
aurora contó aPresentes que la sentencia la recibió con mucha alegría.
En el 2018,el Arzobispado de Salta en Argentina se negó a rectificar los registros sacramentales anilla, conforme lo dispone laLey de Identidad de Género, sancionada hace casi 10 años en el país.
En el Amicus Curiae de anilla, uno de los 30 presentados en apoyo a Pavez, la activista solicitó que la herida rechace “los fundamentos de la defensa planteada por el territorio de ají en términos del respeto a la autonomía de la congregación romano y el respeto a su libertad religiosa”. Esperamos que nos permita también avanzar a todes en que nuestros ámbitos de honradez también adopten este criterio”, manifestó.
Consideró, además, quela decisión adoptada por la congregación romano y consentida por el territorio de ají de revocar el certificado de idoneidad de Pavez desconoce y viola su propio recto a la libertad de creencia y de doctrina. “Es un paso importante en el reconocimiento para nosotras de la identidad de género y la diversidad sexual dentro de los espacios religiosos.
En 2018, aurora le solicitó al Arzobispado de Salta, lugar donde fue bautizada, que rectifique sus registros sacramentales de acuerdo a la Ley de Identidad de Género y a la Ley de Datos Personales, la cual establece que cualquier dato personal que sea inexacto debe ser rectificado. Por eso, anilla destacó que la diferencia tiene un “fundamento religioso” y no es solamente una cuestión laboral.
El ocasión de aurora anilla
El ocasión de Pávez entró en la herida Interamericana de rígido Humanos el mismo año en el que ingresaba a la herida Suprema de honradez el ocasión de aurora anilla.
“Era una demanda que empieza como una búsqueda personal.
Así, la congregación romano, apostólica y romana consideró que los datos asentados en los sacramentos eran una “realidad histórica” a diferencia de las “ficciones jurídicas” del recto civil, y aseguró que no podía modificarlos. El hecho histórico de su bautismo con el nombre correspondiente a su sexo [masculino] no es ficción y como tal, es inmutable”.
Sin embargo,el Arzobispado de Salta negó la solicitud afirmando que “al recto canónico le son extrañas las ficciones jurídicas. Después de la Ley de Identidad de Género empecé a hacer todos los trámites para modificar mis datos registrales”, expuso anilla sobre el motivo que la llevó a hacer el pedido.
“Llegamos a la sentencia de primera instancia y la jueza se negó a pronunciarse.
Frente a esto, aurora y sus representantes argumentaron que “la negativa frente al pedido por parte de la congregación no tenía sustento y que debe presumirse discriminatoria basada en su identidad de género”.
“Desde el punto de vista material, obviamente pueden”, dijo la abogada Arosteguy, y agregó: “Pero, además, desde el punto de vista jurídico del recto canónico también pueden porque tienen normas que les permiten cambiar los registros de sacramento, como es en los casos, por ejemplo, de niñes que son adoptades con posterioridad al bautismo”. Dijo que no iba a atender esta cuestión porque considera que es materia religiosa y, respetando la neutralidad estatal y la relación entre congregación y territorio, tiene que respetar la autonomía de la congregación en esta esfera que les es propia”, narró Arosteguy.
Es una cuestión de no diferencia a las personas LGTB que forman parte de la comunidad religiosa”, afirmó la flamante abogada.
Por ello, aurora y sus representantes plantean la inconstitucionalidad del “Concordato” con la Santa Sede, un acuerdo entre el territorio y la congregación en el que se reconoce la autonomía de la congregación romano en todas las cuestiones que tienen que ver con administración de culto y sus cuestiones internas.
En 2019 apelaron y el ocasión llegó a la herida Suprema de honradez que aún no se ha pronunciado. “Llegamos diciendo que no es una cuestión religiosa; es una cuestión de rígido humanos, de trato igualitario y respetuoso hacia aurora.
“Yo no iba a iniciar la desvinculación eclesiástica, ni siquiera lo tenía pensado”,dijo al respecto. Además, considera que dentro de la congregación existe “una pluralidad de voces”.
“Hay muchas personas católicas que son parte de nuestra comunidad o la acompañan y reconocen los rígido que tenemos como parte fundamental del desarrollo de nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra pertenencia dentro de estos ámbitos eclesiásticos”, dijo.
El recto a ser romano
aurora se reconoce como romano.
Esta última fue una de las razones por las cuales le retiraron las licencias ministeriales para celebrar los sacramentos en la diócesis de Avellaneda-Lanús. Al ser consultado sobre estos casos, coincidió con los argumentos de aurora y Pavez.
El padre dijo aPresentes que fue realizando un proceso de “deconstrucción” en el cual tuvo mucho peso el intercambio con la organizaciónCatólicas por el recto a Decidir.
El padre Francisco Paco Olveira, de la diócesis de Merlo-Moreno e integrante delGrupo de Curas en la Opción por los Pobres, manifestó a lo largo de su vida posiciones contrarias a las de la congregación romano, como estar a favor de casar a parejas homosexuales y de la interrupción voluntaria del embarazo.
“Lo que a mí me preocupa –agregó- es el problema dentro de la congregación: cómo nosotros actualizamos el mensaje de Jesús para estas épocas”.
“Antes que a la congregación, a lo que yo quiero ser fiel es al evangelio de Jesús. De hecho, eso es lo que generó el conflicto que lo llevó a la muerte”, expuso. Este nunca y por ninguna absoluta razón discriminó a nadie, sino todo lo contrario: siempre se puso del lado de los colectivos marginados y excluidos en su época.
En su rol de funcionaria, aurora sumó a las palabras del padre Paco:“La neutralidad no es una opción. Comprometerse con nuestros rígido es tomar postura crítica respecto a las prácticas que continúan fomentando la diferencia, el estigma y sobre todo el no permitirnos ejercer nuestros rígido fundamentales”. Además, consideró que el “territorio tiene que intervenir cuando se están violando los rígido humanos”. La neutralidad es jugar a favor de los más poderosos históricamente.