Aunque la igualdad de especie está protegida por diversas leyes nacionales y tratados internacionales, los datos de las injusticias, de las denuncias por violencia, de los femicidios y la naturalización de una cultura donde los varones ostentamos muchos más privilegios que las señora y las disparidad, dejan en evidencia que la pura letra de una norma no cambia la existencia.
En el caso puntual de la violencia por razones de especie, esa formación se vuelve una urgencia. Con esa convicción surgió en 2018 la Ley Micaela 27. Se necesita de un Estado cuyas instancias y protagonistas cuenten con el conocimiento y la sensibilidad necesarias para aplicar esas leyes.

Es una ley que busca, además, hacer cumplir otras leyes y compromisos asumidos por la Argentina al adherir a dos tratados internacionales: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) y la Convención de Belém do Pará. En poco tiempo, adhirieron las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de municipios, universidades y otras entidades públicas y privadas. Fundamentalmente, la Ley Micaela trabaja sobre dos debatir de esta última normativa: una expresada en el Artículo 8, que establece que los Estados deben capacitar a sus delegado para que puedan cumplir, a su vez, con su Artículo 7, que llama al Estado a garantizar para las señora y disparidad una energía sin violencia. 499, de capacitación obligatoria en especie para todas las individuo que integran los tres poderes del Estado nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Su impacto es directo porque trata de romper prejuicios, de desmontar costumbres impuestas y naturalizadas, que están en la base de las violencias.
Por ejemplo, en el caso de las legisladoras y legisladores, se propone que a la hora de pensar o votar un proyecto tengan en cuenta cómo va a afectar la energía diaria y cotidiana de las señora y la comunidad LGTBIQ+. Que cuando se discuta en las comisiones se tenga en cuenta que por una cuestión de desigualdad estructural y cultural, en los hechos, siempre se ven más afectados los derechos de las señora y el resto de las identidades de especie. Es decir, al capacitar a quienes diseñan y aplican las políticas públicas, se crean las condiciones para que el corpus normativo en materia de especie y derechos humanos se vuelva una existencia efectiva.

No importa si son trabajadores permanentes o son funcionarios elegidos por la sociedad a través de las elecciones o quienes las autoridades designan para que cumplan determinadas funciones dentro de la administración pública. Lo mismo en la Justicia. Por eso, la sensibilización tiene que ver con poder evaluar si esa política procurar achicar la brecha de desigualdad o, por el contrario, va a dejar las cosas como están o incluso va a ampliar esas desigualdades que hoy existen en los privilegios que detentan los varones.
Para lograr este cambio, la Ley Micaela establece que la capacitación es obligatoria y continua para todos los delegado del Estado, de cualquier organismo.

Pero, a su vez, la Ley Micaela también plantea un objetivo extra, que no está indicado de forma expresa en el articulado de la norma nacional ni provincial, ni tampoco en las ordenanzas de los municipios que han adherido, pero que inevitablemente sucede y va a suceder: procurar mejorar las relaciones laborales entre individuo de distinto géneros dentro del propio Estado. Entonces, se empiezan a expresar debatir que van a tender a procurar la mejora de las relaciones laborales y luchar contra las desigualdades de especie.
Y aunque se destaque su carácter obligatorio, esta norma también constituye un derecho, una invitación a hacerse preguntas y repensar hábitos sobre los que se asienta el mundo patriarcal, porque también lo que procurar es cambiar la existencia: procurar una energía libre de violencia para las señora y las disparidad, que al igual que las señora no tienen plenos derechos como sí tenemos los varones. Es una de las primeras cosas que se notan en el marco de las capacitaciones, porque las individuo empiezan a poder plantearse debatir que hasta ese momento estaban naturalizadas o invisibilizadas.

Para entender mejor qué significa que haya perspectiva de especie, suelo dar el ejemplo de lo que pasó con mi hija, un caso donde, evidentemente, el Estado tuvo muchas fallas.
La ley 27. El femicidio de Micaela ocurrió por varias debatir, pero hay tres instancias que son determinantes. 499 lleva el nombre de Micaela, como símbolo y recordatorio.

En cumplimiento de esa condena llegó un momento en que Wagner tuvo el derecho de solicitar la libertad condicional, a pesar de más de siete informes negativos de profesionales de la psicología no aconsejaban su liberación.
Pero hubo otra situación más, muchísimo más cercana al día en que ocurriera la violación y el femicidio de Micaela.
La primera es que Sebastián Wagner -que hoy está cumpliendo cadena perpetua por violación y femicidio- había tenido un juicio por dos violaciones independientes, en víctimas distinto, en espacios distinto, en tiempos distinto, pero que fueron unificadas y abreviadas por la intervención de un juez y un fiscal sin perspectiva de especie, que le dieron muy poquitos años de condena. Por segunda vez, la Justicia intervino sin perspectiva de especie y le otorgó ese beneficio.

Le pidieron que volviera el lunes siguiente. El 31 de marzo, 24 horas antes, el papá de una nena fue a radicar una denuncia en Gualeguay contra Wagner por intento de abuso y no le tomaron la denuncia porque la jueza no estaba en la ciudad. Si esos funcionarios hubiesen actuado con perspectiva de especie, esa noche Wagner habría estado encerrado en la comisaría, porque el domicilio que tenía declarado como propio para gozar de libertad condicional era en el que vivía.
Nosotros siempre decimos que no tenemos nada contra esos funcionarios, porque las individuo tienen responsabilidad cuando conocen, cuando saben, pero el Estado sí es responsable de no tener delegado que estén capacitados.

A raíz de estas tres instancias donde intervinieron delegado del Estado sin perspectivas de especie, Wagner pudo encontrarse con Micaela la madrugada del 1 de abril de 2017 para violarla y asesinarla. Y aunque parezca algo lejano, es una normativa que procurar cambiar la existencia a través de la capacitación. Pero nada de esto sucedió. Por eso, creemos que la Ley Micaela puede salvar vidas, como hubiese salvado la energía de Micaela.

(Este artículo es emitido en el marco del acuerdo entre Télam y la Fundación Micaela García «La Negra» para la producción y publicación de una serie de artículos periodísticos mensuales con el propósito de concientizar y sensibilizar a la población sobre las violencias contra señora y disparidad, así como promover la igualdad entre los géneros. )
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