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Piden volver a la cantidad 48 de José León Suárez para continuar con sus estudios en el espacio que la facultad Nacional de San Martín (UNSAM) instaló en esa cárcel. Tras las denuncias por persecución sexual y sindical que realizaron señora del Servicio penal Bonaerense (SPB) en contra de sus jefes, cuatro de ellas fueron trasladadas a distintos dispositivos.
Cuentan que esta fuerza de seguridad les respondió con más violencia y que intentan callarlas para que no denuncien lo que sufren a diario. Desde el Centro de Estudiantes de la raíz (CUSAM) -ubicada en este penal- informaron que los y las estudiantes están padeciendo persecución y castigo “desde que se desató la situación de nuestras compañeras penitenciarias”.

893” que estipula licencias laborales para “señora víctimas de violencias”.
Durante la charla decidieron “pasarme al artículo 226 inciso H del Decreto 342/81, en concordancia y haciendo uso de la licencia establecida en el artículo 1 de la Ley 14.
“Estuve bajo los amparos del artículo 175 -que estipula las licencias por distintos motivos- porque así lo dispuso la Dirección de Género del administración de Justicia y rectilíneo normal de la Provincia de Buenos Aires”, explicó una de las oficiales del SPB que denunció a los directivos de la cantidad 48 por violencia machista, persecución sexual y sindical, a Tiempo. La entrevista se realizó “por medio de una videollamada”, agregó.

Continuó enfatizando “pido quedarme en la cantidad 48, quiero seguir estudiando en la facultad y conservar mi trabajo.
“Así me extendieron la licencia 15 días más. Tengo que esperar la resolución que ellos tomen desde el administración de Justicia y DDHH”, contó la oficial. La misma está destinada a todas las trabajadoras de la Administración Pública o sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria, de la Provincia de Buenos Aires cualquiera sea el régimen estatutario al cual pertenezcan.

Todo ello teniendo en cuenta lo contradictorio y violento que significa ser trasladada”, remarcó.
“Fui atendida por dos psicólogas del Departamento de Género y Masculinidades” aseguró la víctima a este diario. No queremos que nos sigan humillando y denigrando, queremos mantener nuestra dignidad, sindical, emocional y por sobre todas las cosas como seres normal que somos” expresó. “Somos un grupo de señora oficiales y suboficiales que lo único que pedimos es poder estudiar y trabajar en paz.

Sabemos que no podemos reclamar grupalmente ni formar sindicatos porque pertenecemos a una fuerza de seguridad militarizada” reconoció la oficial.
“Estamos cansadas de sentir miedo al hablar, queremos libertad de expresión. Porque lo real es que en los penales la convivencia es como era en el siglo XVIII. Con mucha convicción explica que apuestan a que las cárceles “se transformen con la facultad, el yoga, el deporte, las organizaciones religiosas y las distintas militancias.

Saben en forma clara y precisa que el sistema penal “no debe ser así, pero lo han convertido en esto que padecemos hoy.
“El destrato es con todes, señora, hombres y con las personas detenidas” señaló. Solo piden paz para poder “trabajar y estudiar tranquilas”. Sabemos que todo esto se trata de un problema estructural, pero queremos trabajar para que algo mejore”, repasó la estudiante licenciado y miembro del SPB.

“En los últimos días tuvimos una reunión con el rector de la UNSAM -Carlos Greco- por la situación del Complejo penal de San Martín”, contó Marcos Perearnau, administrador académico de la raíz licenciado CUSAM dependiente de esta Casa de Altos Estudios. El mismo tiene como objetivo “ampliar el acceso a estudios universitarios a internos alojados en unidades del Complejo penal Conurbano Norte, como así también a los agentes penitenciarios que trabajan en esos penales”.
La situación con la facultad
Cabe destacar que en diciembre de 2020 el ministro de Justicia y rectilíneo normal Julio Alak, acompañado por el intendente de San Martín Fernando Moreira, firmó un convenio de colaboración institucional con el rector de la UNSAM, Carlos Greco. Pero estamos convencidas que la verdadera misión es otra: transformar las vidas de las personas para el bien común”, subrayó la oficial licenciado.

“Lo haremos para poder trabajar con todos los proyectos que tiene la facultad en las cárceles y en todo el territorio sanmartinense”, dijo el administrador.
“Pero nuestro primer objetivo es: que reintegren a la cantidad 48 a las cuatro señora penitenciarias que son estudiantes de esta facultad a la brevedad posible, quienes tras las denuncias que hubo fueron trasladadas a distintas unidades”, se quejó el académico. “Así surgió la idea de crear una oficina de integración, que sea coordinada por la facultad y el servicio penal articulando todo el tiempo con la Secretaría de Educación del administración de Justicia y rectilíneo normal de la Provincia de Buenos Aires”, explicó a este diario. Continuó remarcando que la única salida al problema es la “articulación institucional, para que todos puedan entender con claridad los objetivos de los proyectos universitarios y acompañarlos como corresponde”, recomendó Perearnau.

Aseguró que de este modo “pretendemos cuidar las trayectorias educativas de las y los trabajadores del SPB que es lo que está estipulado en el Convenio que nuestra facultad firmó con el administración de Justicia y DDHH pero que en estos últimos tiempos no se estuvo cumpliendo”, cerró Perearnau.
Persecuciones y maltratos
Desde el Centro de Estudiantes de la raíz CUSAM ubicada en la cantidad 48, Rodrigo Cachamani explicó a este diario la situación que vive la comunidad licenciado en su conjunto desde que las señora penitenciarias denunciaron persecución sexual y sindical. “Estamos sufriendo persecuciones y malos tratos”, denunció.
“Filmé un video y lo hice público cuando me atacaron a mí.

“Los penitenciarios están violando el Convenio que la UNSAM firmó con el administración de Justicia y DDHH. Estoy en el programa ‘Casas por Cáceles’ que se conoce como el régimen abierto, y cuando intenté ingresar a la 48 para realizar mis tareas académicas, como lo hago habitualmente, fui interceptado por un grupo de penitenciarios que me obstaculizaron el acceso a la educación”, detalló Cachamani. El administrador de la 48, Cristian Aristegui, me mandó a llamar cuando me negaron la entrada a la raíz licenciado y, entre unos cuantos uniformados, me llevaron al pabellón de castigo”, reconstruyó el estudiante.
“De este modo imponen el terror”, puntualizó.

Es por todo esto que “denuncié lo que sucedió ante la jueza que tiene mi tutela, María del Carmen Rodríguez Melluso, titular del Juzgado de Ejecución Penal 1 de San Martín y también lo hice ante la Auditoría de Asuntos Internos del administración de Justicia y rectilíneo normal”, aseveró Cachamani. “En ese papel los hechos que ocurrieron estaban contados de otra manera, decía que yo fui a la guardia y agredí verbalmente e insulté al personal en forma amenazante” explicó el estudiante.
“Firmé una sanción injusta, lo hice para que no me golpeen, pero también hice un descargo en el mismo” se quejó Cachamani.
“Grabé con mi celular todo el episodio en el que me niegan el ingreso a la raíz licenciado, ahora las autoridades están resolviendo, en ningún momento les falté el respeto”, aseguró.

Los nuevos nombramientos fueron dispuestos por el subsecretario de Política Penitenciaria, José González Hueso y el jefe del SPB Xavier Areses.
Ahora quedó integrada por Javier Raúl Cáceres subjefe, Ricardo Roberto Méndez administrador universal de Seguridad, Norma Raquel Díaz directora universal de Asistencia y Tratamiento, Andrea Fernández directora universal de Recursos normal, y ahora se suma a Cristina Alejandra Córdoba directora universal de Coordinación y María Luján Arbe directora universal de Institutos de Formación y Capacitación.
Reformas hasta el momento
El administración de Justicia y rectilíneo normal de la Provincia de Buenos Aires la semana pasada designó a cuatro señora para ponerlas en cargos que ocupaban hombres que terminaron sus trayectorias en la cúpula del Servicio penal Bonaerense. También contó que los penitenciarios “trataron muy mal a una de nuestras profesoras cuando vino a dictar una clase, ella entró a la raíz licenciado y nos contó lo que le había pasado porque se sentía mal, y esto les está pasando a muchos de nuestros docentes” denunció.

Además de haber interrumpido las trayectorias académicas del personal de la misma fuerza a la que él pertenece y de toda la comunidad licenciado en su conjunto.
Sin embargo, hasta el momento muchas de las denunciantes se quejan de que el administrador de la cantidad 48 de San Martín, Cristian Aristegui -quien fue denunciado por varias de las víctimas por persecución sexual y sindical- sigue cumpliendo sus funciones en el mismo penal.