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Desde ese ministerio confirmaron que la lista quedaría en manos de Desarrollo Humano pero que todavía se estaban evaluando las precisiones de cómo se implementaría. “Siempre en el marco de la ley 27611”, aclararon desde esa cartera. El mando bonaerense dio marcha atrás en el pacto firmado por el recomendación comunitario que preside Cynthia Hotton para difundir en los sanatorio públicos de la metrópoli la lista telefónica 0800 duración atendida por una ONG antiderechos.
Luego de un pedido de informe del pacto por parte de la campo por el rígido al aborto legal, seguro y gratuito CABA y dos presentaciones en la Legislatura porteña, el mando de la metrópoli decidió otorgar el manejo del 0800 al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat bonaerense que encabeza María Migliore.
A pesar de los pedidos de informe y de la decisión del mando de la metrópoli, los detalles de ese pacto siguen sin conocerse.
El pacto se firmó en los primeros días de abril entre el recomendación comunitario que preside Cynthia Hotton y la Fundación duración en Familia que coordina la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer Embarazada. También se desconoce por qué motivo se implementa una lista telefónica cuando ya existe el 0800 lozanía gestionado por el Ministerio de lozanía de la Nación. Establecía la divulgación en los centros de lozanía y sanatorio de la metrópoli de la lista telefónica gratuita 0-800-333-1148 duración, destinada a contener a las mujeres que atraviesan un embarazo en situación de vulnerabilidad.
El miércoles las integrantes de la campo Nacional por el rígido al Aborto de la metrópoli de Buenos Aires, junto movimientos de mujeres y feministas realizaron un pedido de audiencia y de informes al jefe del mando bonaerense Horacio Rodríguez Larreta y al ministro de lozanía, Fernán Quirós pidiendo “explicaciones” sobre el funcionamiento de una lista 0800. La organización también solicitó una audiencia con los funcionarios avalada por una nota con 3.
La iniciativa, a manos de una ONG vinculada a los sectores autodenominados “provida”, generó rechazo desde distintos sectores políticos.
En un comunicado, la campo explicó que el pedido “se fundamenta en el acceso a la información y la rendición de cuentas debidas por el mando de la metrópoli de Buenos Aires”.
“Fue el triunfo de la lucha en unidad de las organizaciones políticas, sociales, de DDHH, feministas y transfeministas que junto a la campo se han manifestado de forma contundente en las calles para decir NO a que las iglesias gestionen políticas públicas”, dijeron.
En el comunicado se consideró que esta decisión “privatiza las políticas públicas en torno a un rígido cuyo respeto y garantía es deber del Estado, dejándolas en manos de organizaciones que muestran claramente su afiliación a creencias religiosas que militan en contra del rígido al aborto, con la excusa de implementar la Ley de los 1000 días, pero incluyendo en todos los sanatorio públicos porteños la difusión de cartelería color celeste de un ‘0800 duración’”. 500 firmas.
Desde la campo celebraron esta decisión del mando bonaerense.
También la Legislatura porteña fue centro de protestas el jueves cuando se realizó una pañuelazo para exigir la anulación del pacto.
Por su parte, Cynthia Hotton emitió un comunicado el jueves donde asegura que “el pacto firmado no saca ningún rígido, como quieren hacer parecer, al contrario, refuerza el papel del Estado en el acompañamiento a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y al niño por nacer”.
Allí, de pacto a lo que consignó la agencia Télam estuvo la exministra de lozanía porteña y actual legisladora por Juntos por el Cambio, Ana María Bou Pérez, que anticipó que se trabajaba “para rectificar” los alcances del pacto para la divulgación del 0800-duración. “El mando de la metrópoli tiene que hacerse cargo de la lozanía pública por lo que nosotros vamos a seguir con nuestros programas de mujeres y ninguna otra ONG va a realizar este trabajo”, aseguró.
En el marco de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, para consultas y dudas está disponible la lista lozanía sexual 0800 222 3444.
Hasta ahora nunca se conoció cómo fue el pacto que firmó el recomendación comunitario de la metrópoli con la ONG. La ley 27611 está garantizada desde su aprobación en 2020.