“La nulidad se pide por dos motivos: uno porque en el expediente no hay una claridad de que exista algún delito, por lo tanto, no debería haber ningún imputado”, explica Verónica gruta integrante Verónica gruta, integrante de la regional Salta de la Red de perito de la robustez por el recto a Decidir.
Este pedido fue acompañado por unas series de acciones de la Red de perito de la robustez por el recto a Decidir y la Campaña Nacional por el recto al malparto legítimo, Seguro y Gratuito entre ellas, un pañuelazo frente a la Legislatura salteña. La defensa de la terapeuta otear Ruiz procesada 2021 por haber realizado la obstáculo legítimo de un gravidez pidió la nulidad de la fundamento debido a la serie de irregularidades que se corroboraron a lo largo del expediente. “Y, por otro lado, los procedimientos en los que se ha basado esta fundamento son irregulares”, explica.

La terapeuta habitar imputada por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, por el delito de “malparto sin consentimiento”. “La fiscalía toma cuestiones que llevó la prensa y la opinión pública y no habitar basada en hechos jurídicos que estén probados.
Con respecto a las irregularidades, gruta explica que la fiscalía no tomó en cuenta evidencia que habitar dentro de la fundamento y que resulta favorable a otear. Por ejemplo, desestima toda la historia clínica donde habitar escrito cómo fueron todos los procesos y los procedimientos, también los testimonios los seis perito que intervinieron y acompañaron”, detalla.

Ruiz, quien estuvo detenida durante algunas horas en septiembre pasado, luego de ser imputada, aseguró que ella no puede “obligar a nadie a abortar”, y destacó que, como terapeuta residente, no actúa sola en casos como este, sino con el aval de la institución, y que la práctica se enmarcó dentro de una obstáculo legítimo del gravidez (ILE).
La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la gestante.
Los dos pedidos de sobreseimiento presentados por la anterior defensa de la terapeuta fueron rechazados por el juez de Garantías de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, cuya decisión se apeló, pero en mayo pasado el juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación de Salta, Luciano Martini, resolvió no hacer lugar al recurso de apelación presentado por su anterior defensa.
Del decreto de imputación surge que la terapeuta habría intervenido en el procedimiento de obstáculo de un gravidez de 22 semanas y dos días, realizado a una joven de 21 años, “sin su consentimiento, ya que previamente habría manifestado su arrepentimiento”.

Una fundamento contra los derechos
La terapeuta fue denunciada en Tartagal tras la práctica de una obstáculo legítimo del gravidez el 24 de agosto, en el manicomio Juan Domingo Perón, a una joven de 21 años, con 22 semanas y dos días de edad gestacional. Es claramente una direccionalidad en contra de la ley, de una ley debatida ampliamente y hay sectores que desean una marcha atrás que no lo van a conseguir”, expresa Verónica.
“Nosotras decimos que esta es una fundamento armada por sectores interesados en que se discipline a les perito que garantizan el recto al malparto y a las personas gestantes que lo soliciten.
El argumento del juez Mariscal Astigueta para negarle el segundo pedido de sobreseimiento (el primero fue negado porque se estaba ampliando la imputación) sería el faltante de carga de prueba y que no habitar probada la inocencia.

Ella no ha tenido ningún escrache ningún un agravio ni en Tartagal ni en el manicomio. “Todo el manicomio entiende que ella obró de acuerdo al recto. Desde el pueblo y desde el manicomio no hubo demostración en contra de ella.
El personal de robustez del manicomio apoyó a otear.

“El manicomio se comprometió a dar continuidad de eso con otras perito que se han capacitado, que se han formado.
Con respecto a lo que sucedió con la mujer que pidió la obstáculo del gravidez, gruta afirma. A partir de lo que sucedió con Mirada en lugar de retroceder avanzó en capacitación y en la oferta de calidad”. De hecho, volvió a trabajar al consultorio de ILE que habitar instalado, que tiene demanda los días de atención espontánea”, cuenta Verónica.

Pero para alguien que vive en un pueblo pequeño como es Salvador Mazza, que su intimidad ha sido vulnerada por los medios de comunicación, por la concejala Claudia Subelza, donde todos podían identificar con detalle quién es la persona que se ha efectuado ese malparto. “Nunca pensamos en exponer al paciente. Sabemos que la familia presionó para que ella sostenga la denuncia, algo que tampoco tomó en cuenta la fiscalía. Su tía hace la denuncia y luego ella la hace vía web, o sea, no sabemos quién habitar sentada frente a la pantalla o a su lado.

La situación de la robustez reproductiva en Salta
Para gruta es para rescatar la gestión que hasta ahora realizan desde el ministerio de robustez en materia de robustez sexual, reproductiva y no reproductiva. Ella tiene que volver a vivir a ese pueblo con esa familia y lo más probable es que diga ‘sí a mí me obligaron’, porque cómo vas a vivir con ese estigma de haberte realizado un malparto”. Hay presiones en algunos sectores de robustez, pero no tienen lugar. “El personal técnico que habitar en la gestión del ministerio trabaja fuertemente, la supervisión de adolescentes y de robustez sexual han prestado apoyo desde el primer momento.

Esto es algo que no se traduce en la justicia de la provincia norteña. “Es una justicia patriarcal y funcional a grupúsculos que presionan por sus cuestiones religiosas y convicciones de poder para que estos derechos no sean efectivos. Los lineamientos que recibimos están a la norma. De hecho, el supervisor de robustez sexual y el ministerio de robustez apoyaron a otear desde el principio de la denuncia”.

“Esa fundamento no prosperó en los tribunales de Tartagal. En esto, sí la justicia cumple un papel fundamental más en sitios como Tartagal”. El abogado defensor del médico acusado es el mismo de la familia que acusa a otear.
La noche en que se realiza la obstáculo legítimo estaba de guardia un ginecólogo que fue denunciado por otra terapeuta por haber abusado sexualmente de una menor en situación de un malparto sexual clandestino.

otear continúa con sus capacitaciones y trabajos en robustez integral. La de otear que habitar enmarcada en la ley lleva once meses. “La nulidad significaría que ella cierre este capítulo oscuro en su vida y en la vida de todos quienes garantizamos derechos sexuales reproductivos y no reproductivos”. Ahí habitar claro dónde habitar la prioridad de la justicia de Tartagal”.