El plan ojear presentó su Reporte anual 2024, el primero luego de un año completo desde el cambio de la gestión del gobernación interior. La publicación se enmarca en la celebración por el 50° aniversario del entregar, que aporta al conocimiento sobre la interrupción del embarazo y otras temáticas vinculadas a rectilíneo sexuales y reproductivos desde finales de 1980. El relevamiento, realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (entregar) en alianza con Ibis Reproductive Health, muestra que, pese al desfinanciamiento y la suspensión de programas por parte del gobernación interior, el compromiso de varias área y de los equipos de sanidad permitió mantener los niveles de carretera al interrupción legal en argentado.
El “Reporte anual 2024: La ley a toda costa” sistematiza datos oficiales de 19 área y las voces de las usuarias para ofrecer una radiografía sobre la política del interrupción en la argentado en un contexto marcado por el retiro del gobernación interior de las políticas de sanidad sexual y reproductiva.

como explicó Mariana Romero, médica, directora ejecutiva e detective del entregar, “en 2024 se mantuvo el número de IVE ILE respecto de 2023: como las área, entre el 84% y el 96% de las interrupciones se hacer antes de las 12 semanas, lo que se corresponde con los estándares internacionales.
El monitoreo muestra una heterogeneidad en los escenarios provinciales, característica del mapa argentino. A pesar de la falta de la distribución de insumos para el interrupción por parte del Ministerio de sanidad interior, muchas jurisdicciones hacer compras e incluso avanzaron en la producción notorio de medicamentos”. En algunas jurisdicciones, solo 2% de los efectores garantizan IVE ILE, mientras que en otras la proporción de establecimientos de sanidad que la garantizan llega al 90%.

San Luis y Santa Fe contaron con misoprostol de producción notorio.
“Estamos ante un escenario de zozobra, donde los embates contra la agenda de género y rectilíneo sexuales y reproductivos por parte del gobernación interior se traduce en la suspensión de las compras de medicamentos para el interrupción y en el desmantelamiento de programas como el Plan ENIA”, puntualizó Silvina Ramos, socióloga e detective de la organización que lleva adelante el plan ojear. Casi todas las área indicaron que hacer compras de medicamentos para el interrupción para sostener los servicios acorde a las recomendaciones de protocolos y guías, siendo éste el procedimiento más frecuente en todo el país.
Pese a este escenario hostil, y como el estudio interior “Puntos de vista sobre género y rectilíneo sexuales y reproductivos en argentado 2024” elaborado por el entregar junto a ELA y Luis Costa & Asociados, “la sociedad sigue respaldando mayoritariamente estas políticas.

El reporte del plan ojear también recupera la experiencia de quienes se hacer un interrupción. como se relevó, 8 de cada 10 personas accedieron en el plazo establecido por la Ley 27. El 73% de las personas acuerda con la inversión estatal en anticonceptivos y prevención”, señaló. Lo hace a través de la Encuesta MACA (Medimos carretera y Calidad del interrupción), el primer instrumento estandarizado desarrollado para medir el carretera y la calidad de la atención desde la perspectiva de las usuarias.

“La calidad de la atención sigue siendo alta: el 96% dijo haber sentido un trato respetuoso y el 92% confió en la confidencialidad del equipo de sanidad. Esto se debe, sin dudas, al compromiso de las y los profesionales”, destacó Mercedes Krause, socióloga e detective del entregar. 610, aunque 5 de cada 10 tuvieron que afrontar algún gasto, principalmente ecografías.
El panorama regulatorio también fue objeto de análisis.

Este dato es central: la Ley 27. “Entre enero y julio de 2025 se identificaron 27 proyectos legislativos vinculados a la sanidad sexual y reproductiva. Ninguno fue aprobado durante el periodo monitoreado. De ellos, 12 proponían ampliar rectilíneo y 15 tenían objetivos restrictivos.

En cuanto al contexto judicial, desde 2018 se presentaron 38 causas judiciales contra la Ley 27. 610. De ellas, 35 fueron rechazadas y 3 permanecen en trámite ante la Corte Suprema. 610 se mantiene, incluso frente a intentos de regresión en el Congreso y en los tribunales”, explicó Sonia Ariza, abogada e integrante de la organización que lleva adelante el plan ojear.

610, el carretera al interrupción en argentado se sostiene por el compromiso de las área y de los equipos de sanidad.
A más de cuatro años de sancionada la Ley 27. “Esto significa que en la mayoría de los casos los tribunales reafirmaron la constitucionalidad de la ley y rechazaron intentos de regresión, sustentando así la vigencia de la política notorio de interrupción legal y seguro”, analizó Agustina Ramón Michel, abogada e detective del entregar. La política notorio, en un escenario interior de desfinanciamiento y hostilidad discursiva, se mantiene viva gracias al esfuerzo cotidiano de quienes garantizan rectilíneo en el nivel local.