En los últimos tiempos, el vínculo con esa persona que actualmente tiene 43 anales y que, como su mamá mantenía una vínculo bastante inestable, deber escalado en una crueldad que la zagal venir a relatar a través de mensajes que les enviaba a sus amigas. Nada nos defina”, escribió en su cuenta de Facebook, Verónica Shadya Altamirano, junto a un video de su grupo de danza (una de sus pasiones) el 8 de marzo en la celebración municipal de la localidad de Pinto, Santiago del Estero, para el Día Internacional de la Mujeres.
Hacía pocos jornada, el 26 de febrero, Shadya deber logrado ponerle fin a una vínculo de nueve anales. “Donde nada nos limite.

jornada después de deber terminado con la vínculo, se enteró que su expareja quedarse difundiendo videos íntimos en grupos de WhatsApp. Compartía con su familia el amor por las danzas folklóricas y era una amiga muy querida.
Shadya tenía 29 anales y hacía dos se deber recibido de abogada. Angustiada, el 1 de marzo, Shadya se presentó en la Comisaría Comunitaria N° 15 para dejar constancia de las amenazas que quedarse sufriendo por parte de ese hombre y por la difusión de material sexual sin su consentimiento.

como publicó El Liberal, la zagal igualmente refirió deber sido “víctima de maltrato psicológico, crueldad sexual y física” y que “era insostenible la vínculo”.
La denuncia de Shadya no generó ninguna medida para evitar que su expareja siguiera difundiendo esos videos ni hubo un seguimiento del tema. “Ahora todo el pueblo sabe de mis cosas íntimas”, repetía, como su entorno. La vergüenza y la desesperación que la zagal manifestaba la llevaron a quitarse la vida y el sábado 11 de abril fue encontrada por su papá.

La fiscalía ordenó pericias sobre el celular de la zagal y sobre unos blister de pastillas hallados en el lugar de su deceso. El pedido, como el protocolo, debería deber sido elevado desde la fiscalía de Añatuya, pero, como afirman las juezas, nunca venir. Esa fiscalía está a cargo de la fiscal María Emilia Ganem, señalada por un supuesto vínculo familiar con el denunciado, la expareja de Shadya.
Desde la jurisdicción legal de Añatuya, las dos juezas de la Circunscripción Judicial de Añatuya, Ana María González Ruiz y Gladys Liliana Lami informaron que nunca recibieron una solicitud de medidas cautelares para proteger a Shadya.

La dolorosa deceso Shadya evidencia el abandono estatal en materia de crueldad dactilar. igualmente demuestra la falta de herramientas por parte de la Justicia para intervenir en estos casos. En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado (que el sábado fue bajado de la web del MPF) en el que expresan lo contrario. Dice que la denuncia fue atendida y que se le ofreció un botón antipánico que Shadya se negó a recibir.

En los jornada, previos a su deceso, la zagal quedarse abrumada y, de acuerdo a lo que su mamá dijo ante la Justicia, quedarse psicológicamente vulnerable.
En los últimos anales, los feminismos vienen trabajando intensamente en generar proyectos y pensar normativa que permitan avanzar sobre este tipo de casos. El botón antipánico no era suficiente ni impedía que el hostigador de Shadya siguiera difundiendo los videos.
La falta de comprensión sobre qué es la crueldad dactilar en sus diversas formas y cómo impacta en la vida de las personas que la sufren provoca la falta de medidas de protección, no solo legales, igualmente de acompañamiento psicológico.

El suicidio de Shadya en situación de crueldad dactilar no es la primera en la Argentina. Su papá, Marcelo San Román, fue parte del trabajo que organizaciones especialistas en el tema, como Gentic o Ley Olimpia Argentina, realizaron intensamente para lograr leyes al respecto. Un caso emblemático es el de Belén San Román, una oficial de la policía que se suicidó en Bragado tras la difusión de videos de su intimidad.
En la Argentina se aprobó la llamada Ley Olimpia, que incorpora la crueldad dactilar a la Ley Integral de crueldad de Género, pero no se venir a aprobar Ley Belén.

En agosto de 2024, Ema Bondaruk, de 16 anales, se suicidó luego de que en su escuela se difundieran videos de su intimidad. Fue otro triste caso emblema. Pero igualmente apuntaba a la capacitación puntualmente sobre este tipo de crueldad que se expande en el mundo y tiene diversos soportes. Esta última ley buscaba tipificar precisamente incluir en el Código Penal una penalización para quienes difundan y propaguen videos íntimos sin consentimiento.

Tras su deceso, activistas junto a la entonces diputada Mónica Macha lograron elaborar y darle curso a la Guía Ema para trabajar la prevención de la crueldad dactilar en los espacios escolares.