Apenas asumió en la Cámara Alta del Congreso de la Nación, la senadora por Santa Fe, Carolina Losada se erigió como la defensora de abusadores, violentos y pedófilos. Prometió un innecesario proyecto para penalizar supuestas falsas denuncias y esta semana consiguió el dictamen favorable para convertirlo en ley.
Esa penalización ya existe en el artículo 245 del Código Penal, pero esta ley busca agravar la pena cuando se trata de casos de violencia de género y abuso sexual. A pesar de la narrativa elaborada por la senadora y el «lobby pro violencia», la cantidad de casos de falsas denuncias es tan bajo que ni siquiera se puede elaborar una estadística. La senadora representa una provincia donde el porcentaje de denuncias falsas es del 0%.
A fines de 2024, Losada junto al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, abogado defensor de José Alperovich, preso por abuso sexual agravado, realizaron las primeras jornadas en el Senado. Para eso, convocaron a una adolescente que leyó una retractación luego de que la justicia condenara con una vasta carga probatoria a su progenitor por abuso sexual. El hecho fue, según dijo a Tiempo en esa ocasión, el exjuez de la Nación, Carlos Rozanski, una “exposición pública de la crueldad de este gobierno”.
Pero aquella jornada también fue la demostración de que la articulación de ese lobby favorable a abusadores y pedófilos había llegado por fin a un espacio de poder luego de trabajar en las sombras para desprestigiar a las instituciones defensoras de derechos de mujeres, diversidades y niñeces y a organizaciones feministas.
Esa retractación, recuerda Melisa García, fundadora de Abofem, “se utilizó como disparador para empezar a hablar de las falsas denuncias. Lo que hacen es utilizar algún caso aislado, con revuelo público. Porque no son falsas denuncias en cualquier ámbito lo que les interesa instalar, son las supuestas denuncias falsas en cuestiones de violencia de género y violencia sexual contra niñeces y adolescentes. Dejan de lado que ya existe el delito de falsa denuncia, que ya está tipificado y buscan agravarlo en estos causales”.
En las últimas horas del viernes, el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos (integrado por referentes de todo el país, en gran parte Fiscalas, Fiscales y funcionario a cargo de áreas vinculadas a la temática) emitió un comunicado expresando la profunda preocupación por este proyecto que “obstaculiza el acceso a la justicia de las víctimas, en particular, mujeres”. Agrega que “la instalación de la idea de una supuesta proliferación de denuncias falsas no solo carece de sustento empírico, sino que además genera efectos regresivos: desalienta la denuncia, refuerza estereotipos de género y contribuye a la deslegitimación de la palabra de las mujeres víctimas”.
Por su parte, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) dijo que “observa con preocupación que estas iniciativas, lejos de fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia, desincentivan las demandas legítimas de justicia, protección y reparación”.
El mismo sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) aportó que con ese proyecto se atenta contra los derechos de niñeces y adolescencias como también de las mujeres.
“La insistencia con esta ley es una cuestión política y de adoctrinamiento”, dice la abogada García. “Pensemos en lo engorroso que es realizar una denuncia, lo revictimizante, lo lento del sistema, lo complejo en términos técnicos. Incluso las instancias probatorias son extremadamente complejas. Siguen ensañándose con todo lo que haga a las defensas de niñeces, mujeres y diversidades en términos concretos”.
También, destacó, “es importante mencionar que ONU Mujeres dijo que el porcentaje a nivel mundial de falsas denuncias es del 1% a nivel mundial, y que ninguna de ellas tiene que ver con cuestiones de violencia de género. Se suma que menos del 77% de las mujeres no se anima a denunciar en nuestro país”.
La abogada también se refirió a la persecución que sufren los profesionales de la salud que acompañan los procesos de denuncias, sobre todo cuando se trata de abusos en niñeces. “Incluso esta ley prevé una mayor cuantía de penas para profesionales de la salud. Es decir, buscan cerca absolutamente todos los dispositivos, todos los circuitos para desalentar y dejar impune los casos de violencia sexual en nuestro país”.
Para Melisa García, abogada de Abofem, el camino más importante para recorrer ahora está en lo discursivo. “Cuando esos varones denunciados dicen ‘fui sobreseído’, no indica que haya habido una falsa denuncia. Falsa denuncia es una denuncia en la que se utiliza el aparato judicial para inventar un hecho que no existió. Eso es muy distinto a la figura del sobreseimiento que significa que existe una denuncia y que por algún motivo no alcanzó a probarse el hecho”, explica.
Y continúa, “para probar los hechos, sobre todo cuando hablamos de violencia sexual y de delitos contra la integridad sexual, la carga probatoria y la fuerza de lo que es la prueba termina siendo extremadamente engorrosa. No basta muchas veces la prueba más importante que es la del testimonio de la persona que lo vive o quienes acompañan a las niñeces cuando realizan esa denuncia.”
Este proyecto de acuerdo a lo que analiza García, “pone de manifiesto eliminar los tiempos propios de una persona para poder denunciar, lo revictimizante que es el sistema de justicia y todo lo que rodea a nivel cultural, a nivel social, medios de comunicación. Es importante decir que el sobreseimiento no significa falsedad de una denuncia. Al contrario tiene que ver que algo en el proceso no logró llegar a las siguientes instancias para poder seguir el proceso de que esa persona continúe, digamos el Estado investigando si esa persona cometió o no cometió ese hecho. Pero tiene que ver con cuestiones probatorias, no tienen que ver con cuestiones de verdad o mentira.”
Este debate actual, para la abogada lleva a atender qué sucede dentro del sistemande justicia. “Qué jueces tenemos, qué fiscales tenemos, qué perspectiva tienen de niñeces, de respecto de la ESI, la Ley Micaela, la perspectiva de género… Es un bagaje enorme y es ahí donde hay que nuevamente abrir estas cuestiones discursivas que aparecen. La ‘falsa denuncia’ ya está legislada, ya está prevista en nuestro Código Penal.»
Para García, lo que sí falta es trabajar en los procesos judiciales referidos a la violencia de género y abuso sexual. «Es ahí donde vemos la enorme falencia del sistema. Y esto es muy importante decirlo, es muy importante recordar las cifras. Es muy importante también decir que no existen estadísticas sobre falsas denuncias porque para de hacer una estadística, tiene que haber una cantidad de casos que admita la necesidad de poder sacar una estadística determinada. Lo que hace el oficialismo es generar confusión y sensacionalismo. Eliminar las políticas de género, eliminar todo tipo de camino para realizar las denuncias y seguir revictimizando a las niñeces y sobre todo, encubriendo abusadores.»
El proceso de las víctimas de violencia de género para denunciar es largo y extenuante cuando se trata de alcanzar justicia. El martes pasado la familia y amigos de Osita, víctima de abuso sexual infantil, luego de casi 9 años de proceso judicial, esperaba escuchar el monto de la pena tras un fallo condenatorio dictaminado el 1 de abril contra su abusador. Volvieron a mover la fecha y esperan finalizar este largo proceso el martes 14. “La audiencia pasada tuvimos que escuchar testigos del abusador diciendo lo buena persona que es. A nivel emocional es un gran sostén no sentirnos solxs”, escribieron en sus redes.
En 2018, el testimonio de Thelma Fardin fue un hito. Detrás de Losada están quienes quieren volver al disciplinamiento y al silencio de mujeres y niñeces. Fue precisamente Fardin quien en las últimas horas definió las intenciones detrás de este proyecto. “Seguir sembrando desconfianza en las personas que se animan a hablar es cruel”, dijo la actriz. Ojalá que no sea ley.