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El derecho al aborto está garantizado en la Argentina desde 2021. Desde entonces, equipos médicos y activistxs trabajaron intensamente para que la aplicación de la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo se cumpla. Sin embargo, la llegada del gobierno de Javier Milei quien abiertamente se proclama en contra del derecho al aborto, sirve para que algunos municipios incumplan con la ley. Esto se suma al desfinanciamiento del gobierno nacional a los espacios que garantizan el derecho a interrumpir la gestación.
Uno de esos municipios es San Isidro. Tras el recambio de gestión local y las nuevas autoridades en la Maternidad del Municipio, se instaló el consultorio denominado “Maternidades vulnerables”. De acuerdo a lo que denuncian las integrantes de la campaña Zona Norte, en un comunicado, «el espacio no es atendido por profesionales de la salud sino por voluntarias que buscan manipular y persuadir a quienes se acercan a solicitar un aborto», de este modo, el municipio incumple con una ley que ya tiene su trayectoria.
«La municipalidad está violando la Ley 27610 y, por lo tanto, los Derechos Humanos de las personas con capacidad de gestar. La ley, que tiene alcance nacional, no requiere de una ley provincial que adhiera, por lo tanto el gobierno de Ramón Lanús, intendente de San Isidro está cometiendo un delito», explica Virginia, integrante de la campaña zona norte y socorrista.
Para la activista, hay un “envalentonamiento” de los sectores antiderechos porque se sienten avalados para “crear un consultorio ilegal”. “Hay un resurgimiento de espacios antiderechos y un desfinanciamiento a nivel nacional. A nivel provincial estamos en una situación diferente a otras provincias porque hay políticas de género establecidas y eso nos plantea un panorama muy distinto a nivel país”, explica.
Desde los espacios del activismo feminista intentan garantizar el acceso a un aborto seguro en un contexto de vulneración de ese derecho. “Nosotras recibimos llamadas todos los días de personas que nos dicen que tienen miedo de ir al sistema de salud porque temen recibir malo tratos. Pero también porque van a hacerse una ecografía y les hacen escuchar los latidos o les hablan de bebé. Es una lógica que siguen en el sistema de salud y que tiene que cambiar”, agrega.
El sábado en el marco del Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal se realizaron pañuelazos, distribución de material informativo y protestas en diversos puntos del país para pedir la aplicación efectiva de la Ley de Interrupción voluntaria del Embarazo. «