El pasado 3 de junio se desató una pelea entre detenidas en la Unidad Penal 51 de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Denuncian que tras la represión institucional contra más de veinte reclusas, cinco fueron torturadas y dos de ellas sufrieron abuso sexual por personal masculino de esa cárcel.
Hay personal penitenciario sumariado, varias personas fueron apartadas preventivamente de sus cargos y continúa la investigación, que busca identificar a los uniformados masculinos del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) que protagonizaron explícitamente los delitos sexuales de características dictatoriales para disciplinar a las detenidas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) visitó las distintas cárceles donde fueron trasladadas arbitrariamente y sus equipos las entrevistaron.
A pesar de la gravedad de los hechos denunciados, con pruebas fehacientes y de fácil constatación, el juez Juan Pablo Masi, titular del Juzgado de Garantías N°4 de La Plata, rechazó a la CPM como particular damnificado institucional. El magistrado, haciendo uso de la libre convicción, consideró que la presentación fue “prematura”.
Todo comenzó mientras los movimientos feministas se manifestaban en las calles contra la violencia hacia las mujeres y diversidades en el marco del 3J -fecha inicial en 2015- al grito de “Ni una menos”. La masiva movilización reclamó por el macabro femicidio de Agostina Vega; la adolescente de 14 años que fue secuestrada, violada y posteriormente descuartizada en la provincia de Córdoba.
Mientras tanto: “Las detenidas sufrían torturas continuas, malos tratos y degradantes, abusos sexuales, golpizas, submarino húmedo, gas pimienta en la cara y otros gravísimos delitos que fueron perpetrados por penitenciarios hombres y mujeres”, denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo.
Según lo recabado por el organismo de Derechos Humanos, las sesiones de torturas se extendieron durante muchas horas. Además, hubo una continuidad de la violencia permanente cuando las detenidas resultaron víctimas de los famosos “traslados capeos” y fueron llevadas a distintas unidades penales de la órbita bonaerense.
El grupo de penitenciarios y penitenciarias que realizaron los movimientos de las reclusas rompieron todas sus pertenencias con un cuchillo y una de ellas que quedó en el lugar de los hechos, sin recibir asistencia psicológica ni médica, intentó suicidarse como consecuencia de los que padeció. Este fue el primer caso que se viralizó a través de un video publicado en redes sociales y que este medio difundió.
Tras la intervención y el reclamo de la CPM, las autoridades penitenciarias y ministeriales desafectaron rápidamente a las uniformadas responsables e interviniendo el penal. Además, procedieron con sumarios administrativos para determinar las responsabilidades de cada funcionaria y funcionario que participaron en tan aberrantes hechos.
Las detenidas contaron que Daiana Balmaceda -jefa del penal 51- obligó a una de las víctimas a “besarle las botas”, mientras permanecía de rodillas y semidesnuda. Estaba rodeada por cinco agentes masculinos del Grupo de Intervención ante Emergencias en una celda del sector de “buzones” (pabellón de aislamiento y castigo). También señalaron como otra responsable a la subjefa de apellido Villafañe.
A esta misma detenida le sumergieron la cabeza varias veces dentro de una bacha llena de agua aplicando la técnica de tortura -que usan históricamente las fuerzas de seguridad- conocida como submarino húmedo. “Cada vez que ella se negaba a besarle las botas a la jefa del penal le pegaban, la escupían o le apoyaban la escopeta en las partes íntimas de su cuerpo”, aseguró García.
Y completó: “Después le rompieron la ropa interior y sufrió abuso sexual cuatros veces por distintos agentes penitenciarios. Luego de haber hecho lo que quisieron con ella, la obligaron a firmar un papel bajo amenaza de que si no lo hacía la seguirían torturando”.
La Comisión Provincial por la Memoria también comunicó a este diario que existe un parte médico firmado por la enfermera Raquel Boccardo; quién a pesar de todo lo que sufrió la mujer sostiene que al momento del examen físico que le practicó, “no presenta lesiones visibles reciente”.
“Cuando nuestro equipo -al día siguiente, recordó- entrevistó a la segunda víctima, permanecía aislada en una celda, sin comida, sin atención médica y sin ser atendida por profesionales de salud mental; lo que constituye un grave abandono de persona”, señaló el secretario ejecutivo.
Otra víctima, fue entrevistada en la Unidad Penal 61 de Melchor Romero, había sido trasladada a los golpes hasta el sector de la escuela, en un aula la obligaron a arrodillarse y la jefa Balmaceda también le pidió al igual que a la otra detenida, “besame las botas”. Después de eso, «la ahorcaron, le golpearon la cabeza contra el piso, le rompieron la ropa interior y abusaron de ella”, reconstruyó el letrado.
“La dejaron atada de pies y manos en el aula en un colchón rociado de gas pimienta que le dificultaba respirar. Mientras estaba atada en el piso, la víctima le contó a la enfermera que había sido golpeada y abusada -remarcó el abogado- por los penitenciarios, pero la la profesional de la salud se negó a revisarla».
Cipriano aseguró: «Y cuando la miró le dijo, ‘para que aprendas que estás en Magdalena’, es muy grave todo lo que pasó. También le destruyeron sus pertenencias y le sacaron el chip a su celular para mantenerla incomunicada”.
Estos dos testimonios están en la denuncia penal realizada por el organismo de control ante la Fiscalía 11 de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta. La que después fue ampliada con lo que declararon las otras víctimas. Una de ellas, fue entrevistada en la Unidad Penal 40 de Lomas Zamora y la otra en la 54 de Florencio Varela; quienes también dieron relatos similares al de sus compañeras y denunciaron graves delitos cometidos por los uniformados.
Finalmente, el viernes 5, después de los terribles hechos de torturas y tormentos, las mujeres que continuaban en el penal 51 de Magdalena -más de 20- realizaron un reclamo por sus compañeras. Pero también fueron reprimidas y una de ellas -la quinta víctima- permanece con un ojo lesionado.
Por todo ello, la Comisión Provincial por la Memoria solicitó que se realicen pericias exhaustivas siguiendo los lineamientos legítimamente establecidos en el Protocolo de Investigación y Litigio para casos de violencia sexual de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.
En el Complejo Penitenciario Magdalena funcionan las unidades masculinas 28, 35, 36 y la 51 que es de mujeres. Como bien señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –que también denunció las torturas y abusos sexuales que sufrieron las detenidas- en la primera de estas cárceles ocurrió la llamada Masacre de Magdalena.
Aquella madrugada del domingo 16 de octubre –Día de la Madre– de 2005, 33 detenidos perdieron la vida en un incendio que sucedió en uno de los módulos colectivos de la unidad. Mientras tanto, los familiares que estaban de visita permanecían afuera del penal 28 en un estado desesperante.