El 2 de enero estaba prevista la interrupción legal del embarazo a una nena de 12 años de la localidad de Garibaldi, Santa Fe, que había sido abusada en varias ocasiones por su papá. Ese día, no se presentaron y desde los organismos que acompañaban a ella y a su mamá, supieron que habían sido “captadas” por la organización Grávida.
“Cuando perdemos comunicación con la mamá de la niña y empiezan a hablar personas de esta organización en nombre de la madre, nos ponemos en conocimiento en que estaban con ellos. Inmediatamente lo que el Estado hace es tomar una medida de excepción: poner a la niña bajo la órbita del Estado en forma transitoria. Esa medida se suspendió apenas la rescatamos porque todo este proceso fue acompañado por su mamá”, explica a Tiempo Argentino, María Florencia Marinaro, ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia de Santa Fe.
Marinaro cuenta que el caso se venía llevando con una intervención interministerial entre Defensa, Salud y Desarrollo Social, a través de la Secretaría de la Niñez. “Nuestra intervención se ve truncada por la participación e involucramiento de personas de esta organización Grávida. Como Estado es nuestra obligación poner en conocimiento a la Justicia de este hecho que vulneran los derechos de una niña y de su mamá. Será la Justicia la que determine algún tipo de responsabilidad legal. Vamos a brindar todos los elementos para que la Justicia investigue”, agrega la funcionaria.
Un historial antiderechos
“Somos un grupo de personas comprometidas con el cuidado de la vida humana naciente desde la fecundación”, dice la presentación de Grávida en su web. La organización, ligada fuertemente a la iglesia católica, funciona desde 1989 en el país y tiene 69 sedes. Seis de ellas están en la provincia de Santa Fe y el resto se distribuyen en ciudad y provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
No es la primera vez que intervienen en forma ilegítima para vulnerar el derecho y la voluntad de interrumpir un embarazo.
En 2015, la psicóloga María Belén Catalano, integrante de Grávida se infiltró en un hospital para impedir el aborto no punible a una nena de 11 años con discapacidad intelectual que había sido abusada por su padrastro. En esa ocasión, logró que la mamá se retirara con la nena de la institución y el embarazo siguió su curso.
“A diferencia de aquella vez, en este caso Estado intervino rápidamente y puso a la niña bajo su tutela. En el caso anterior fue solamente el Colegio de Psicólogos y psicólogas el que denunció el caso y revocó la matrícula”, explica Marino.
Por su parte, la organización emitió un comunicado firmado por el Equipo Nacional de Coordinación, la organización negando su actuación y apuntaron contra los medios de comunicación. “Nuestra intervención respondió ante una situación muy concreta. La madre de una menor, una niña embarazada, una gestación de 24 semanas y una patología clínica de relevancia. ¿Podemos decir que se forzó a alguien cuando fueron las personas las que eligieron recibir la ayuda ofrecida por parte de Grávida?”, dice el texto. “Desde el primer encuentro, se fue dejando en claro que se estaría acompañando, ofreciendo alternativas, poniéndonos a disposición, con absoluto respeto de las decisiones que se fueran tomando”. También en el comunicado justifican haber captado a la menor. “Brindamos un alojamiento y un lugar donde poder estar cómodos, en un momento de decisiones tan difíciles”.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Santa Fe repudiaron la accionar de Grávida y pidieron “que se proceda a la implementación de las medidas correspondientes, inhabilitando sus instalaciones como ámbito de cuidados institucionales con alojamiento, considerando como situación suficientemente grave el haber puesto en peligro la salud de una niña”, y destacaron que Grávida intentó obstaculizar el derecho de la niña y de ese modo, forzarla a parir.
Por otra parte, un centenar de organizaciones sociales, gremiales, feministas, legisladoras y legisladores le presentaron una nota ante la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Celia Arena, solicitando informes sobre el caso. Pidieron saber las medidas adoptadas por el gobierno acerca del accionar de Grávida, al igual que al Poder Judicial y a la Inspección General de Personas Jurídicas.
Además, requirieron saber si existen aportes económicos estatales a esa ONG y en qué concepto. También si hay contrataciones por parte del Estado provincial de personal o servicios a Grávida y el detalle de las mismas. El escrito está firmado por las diputadas provinciales Verónica Benas, Mercedes Meier, Agustina Donnet y el diputado Rubén Giustiniani, además de una extensa lista de organizaciones tanto de Santa Fe como de otros lugares del país.
Según consigna el diario El Ciudadano, “en la actualidad la lideran el sacerdote Bernardo Ruiz Moreno, y Diana Florez del Castillo. El encargado del Área de Atención de Casos de Grávida Santa Fe es Emilio Perizzotti, hijo de Juan Calixto Perizzotti, represor condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Entre ellos, el aborto forzado al que sometieron a la rafaelina Silvia Suppo, quien había sido violada durante su detención ilegal bajo el imperio del terrorismo de Estado.