Mientras el Gobierno del presidente Javier Milei desarticuló y desfinanció sistemáticamente las políticas nacionales en materia de género y diversidades, se produjeron en el país más de 300 muertes por violencia de género. Según el informe anual del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige la Casa del Encuentro, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 se registraron 283 femicidios, tres lesbicidios, ocho trans/travesticidios y 24 femicidios vinculados de varones.
Fueron en total 318 asesinatos en un año, lo que significa que hubo una víctima de violencia de género cada 27 horas.
«En cada informe tratamos de entender cuál es el camino para erradicar la violencia de género recordando que es multicausal, ligada a las diferentes situaciones en las que se encuentran quienes la atraviesan y es por eso que su abordaje debe ser integral, multidisciplinario y federal», indica el informe.
En ese camino, la Casa del Encuentro señaló que «mujeres, niñas, niños, adolescentes y diversidades necesitan que se garantice la efectiva implementación de políticas públicas contra la violencia de género, profundizando las campañas de prevención /asistencia continuando con el respeto por leyes, tratados internacionales y programas existentes”.
El informe destacó una serie de reclamos dirigidos al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para que “determine un organismo rector de políticas públicas para dar cumplimiento a la ‘Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones’ (ley 26.485)”. También que “se detalle dentro del presupuesto nacional los recursos destinados a políticas de género y que se presente un ‘Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres’ contemplado en la misma ley”.
En ese camino denunciaron que la Línea única para la atención y asesoramiento en casos de violencia de género nacional (Línea 144), está “casi desmantelada”. Y reclamaron que se ponga en funcionamiento el «Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia» (Plan ENIA), que se cumpla la ley de «Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas» (Ley 26.842), así como la ley del «Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género» (Ley 27.210) “para garantizar el acceso a la justicia con patrocinios jurídicos gratuitos”.
También exigieron el cumplimiento de la «Ley de Reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género» (Ley 27.452) RENNYA, más conocida como «Ley Brisa».
Además del cumplimiento del «Programa Acompañar» a nivel nacional, la efectiva implementación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), en todos los niveles de educación a nivel nacional con la debida incorporación de la temática de violencia sexista.
Señalaron que no se cumple a nivel nacional la Ley 27.610 (IVE), y que se incumple con la «Ley Micaela» de Capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (Ley 27.499).
45 víctimas habían realizado denuncia.
13 femicidas tenía dictada medida cautelar de prevención.
15 femicidas perteneciente o ex fuerza de seguridad.
35 víctimas tenían indicio de abuso sexual.
5 víctimas en presunción de prostitución o trata.
4 víctimas estaban embarazadas.
3 lesbicidios.
8 trans/travesticidios.
11 víctimas eran migrantes.
1 víctima de pueblos originarios.
39 femicidas se suicidaron.
18 víctimas en contexto de narcocriminalidad.
24 femicidios vinculados de varones adultos y niños.