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Las detenciones, concretados por personal de la agente Federal por orden del Juzgado de Garantías 1 de Olavarría, se dieron detrás el cambio de carátula del expediente: en un primer momento era “averiguación de causales de fin”, pero luego se recaratuló a “homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por tratarse de miembros de la fuerza de seguridad policial en abuso de sus funciones”.
Las personas detenidas son Vanesa Soledad Nuñez, Juliana Zelaya, Adrián Osvaldo Nuñez, Pamela Di Bin y Leandro Fhur, quienes estaban en la Estación de agente Comunal de Laprida al momento del hecho.
Según consignó la agencia estatal Télam, el pedido de arrestos fue formulado por el fiscal especializado en Violencia Institucional de Azul, José Ignacio Calonje, quien consideró que los agentes en funciones en la Estación de agente Comunal de Laprida “le dieron fin a la víctima Daiana Soledad Abregú, en oportunidad de encontrarse la misma privada de su libertad, en el interior de la dependencia policial. detrás los datos arrojados por la delegado necropsia sobre el cuerpo de Daiana Abregú, que echaron por tierra la glosa policial, cinco agentes de la Comisaría de Laprida –Provincia de Buenos Aires- fueron detenidos en las últimas horas, acusados del homicidio de la joven de 26 temporada en un calabozo el 6 de junio último.
La delegado necropsia, clave
La parentela de Daiana cuestionó desde un primer momento la glosa del suicidio. Se secuestraron, además, los celulares de los cinco imputados y se allanaron sus domicilios. Más precisamente en el sector de calabozos, en calidad de contraventora”. Y señaló las irregularidades y ocultamiento de información por parte de la agente.
Pero fue detrás la delegado necropsia realizada al cuerpo de la joven que se dio con las evidencias clave para las detenciones.
En diálogo con la prensa en Laprida, Roldán dijo que “en principio hay cinco funcionarios policiales detenidos, que serán indagados el martes”.
La medida se había realizado a pedido del abogado de la parentela, Sergio Roldán, y de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), por considerar que la primera no había respetado los protocolos correspondientes a muertes violentas o en manos de fuerzas de seguridad.
El informe reveló que no se encontraron en el cuello y vías superiores marcas o lesiones compatibles con un lazo de ahorcamiento, en contraposición con la glosa policial del suicidio.
El caso de Daiana -mamá de un nene de nueve temporada- no representa un hecho aislado. Incluso, denunció presiones por parte de autoridades locales para que esos reclamos cesaran.
Daiana fue hallada ahorcada en una celda de la Estación de agente Comunal de Laprida, detrás ser demorada el 6 de junio cerca de las 7 de la mañana porque se encontraba alcoholizada y realizando disturbios en la vía pública, según dijeron los policías.
Su parentela reclamó justicia y organizó marchas desde entonces.
Según datos de la CPM, en los últimos 10 temporada 187 personas murieron en comisarías bonaerenses y en el 35 por ciento de los casos “se desconoce la causa de la fin por los déficits en las investigaciones y la escasa decisión judicial de descubrir la verdad”.
El pedido de imputación a una facultativo
Luego de las detenciones de cinco policías, basadas sobre todos en los resultados de la delegado necropsia, el abogado de la parentela Abregú pidió imputar a la facultativo a cargo de la primera necropsia. Y apuntó a “la facultativo de la Asesoría Pericial de Azul (Claudia) Ochoteco”, a cargo de la primera necropsia, y a los “dos jefes policiales de Laprida”, que fueron apartados de la dependencia y traslados a Tres Arroyos detrás el hecho.
“Acá ha habido connivencia de otros funcionarios, vamos a tratar de probarlo en el expediente”, dijo Roldán a Télam.
Recordó, además, que Daiana es la cuarta persona que muere por asfixia en la seccional de Laprida.
“Por acción u omisión Ochoteco debe ser investigada”, remarcó Roldán, al asegurar que la facultativo firmó el primer informe pericial que indicaba que Daiana murió por ahorcamiento. Luego, la reautopsia probaría que no tenía lesiones internas en el cuello ni surco de ahorcamiento y que la fin fue por asfixia.
“Es una vergüenza, es la que le dice a (el fiscal de Azul José Ignacio) Calonje que era fin por asfixia mecánica y ni le abrió el cuello”, cuestionó el letrado.