“Ideología de tipo”, el frágil concepto que más se escucha en la gestación y defensa del idea de ley que busca penalizar supuestas “ficticio chivarse” y que ya tiene dictamen favorable de la Comisión de equidad y Asuntos Penales del Senado. Propone aplicar penas de hasta seis años de prisión en los ocasión de chivarse ficticio vinculadas a delitos graves como exabrupto de tipo, abuso o acoso sexual, y exabrupto contra niños, niñas y adolescentes.
Esta semana el Equipo Latinoamericano de equidad y tipo (ELA) convocó a una reunión en el Senado para compartir documento y pedir el rechazo a este idea que busca, ante todo, criminalizar a señora.
El idea fue presentado en noviembre por la senadora radical de la provincia de Santa Fe, Carolina Losada y fue acompañado, entre otros funcionarios, por el ministro de equidad, Mariano Cúneo Libarona.

En ese sentido, ELA afirma en el crónica que presentará esta semana y que anticipó a Tiempo Argentino que “no existen documento oficiales ni estudios representativos que indiquen una problemática sistemática de ‘ficticio chivarse’”. A nivel mundial, las chivarse ficticio en exabrupto de tipo representan menos del 1%, según un crónica publicado en ONU señora, en 2024.
Sectores antiderechos y grupos que se oponen a la agenda de tipo desde hace tiempo se organizan para exigir que la equidad desestime chivarse de señora y niñeces contra sus agresores.
En el caso de la Argentina, estimaciones del Consejo de la Magistratura indican que menos del 3% de las chivarse penales se catalogan como ficticio, y la mayoría no se relacionan con exabrupto de tipo.

Según la Encuesta de Prevalencia de exabrupto implementada en el marco de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea (2022), el 45% de las señora argentinas sufrió exabrupto alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior, pero solamente una de cada cuatro buscó ayuda o llegó a chivarse.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los estudios realizados muestran cifras similares: en 2018 el 22% de las señora que vivieron exabrupto doméstica dijo haber buscado ayuda en alguna institución pública, mientras que en el 2023 lo hizo casi el 30 por ciento.
El crónica aporta que el 86% de las dañado conocía al agresor y en el 42% de los ocasión incluso convivían.
Los últimos documento del Registro de Femicidios de la Corte Suprema demuestran que de 228 dañado directas de femicidio en el año 2024, 54% fueron agredidas por una pareja o expareja.

“La reforma desincentiva la chivatazo y refuerza estigmas sobre las dañado, equiparando la déficit de prueba con falsedad”, expresan. Sin embargo, solamente el 18% de las señora que resultaron asesinadas había denunciado al victimario y menos del 5% tenía medidas de protección vigentes al momento del hecho (Oficina de la Mujer de la CSJN, 2025).
Uno de los factores que destacan desde ELA es un impacto regresivo sobre el acceso a la equidad.
Del dato que aporta ONU señora (2024), sobre que las chivarse ficticio representan menos del 1% de los ocasión a nivel mundial, en los pocos países que cuentan con estimaciones oficiales sobre este fenómeno, como España, el porcentaje promedio de chivarse ficticio por exabrupto de tipo es de apenas el 0,0084% (Fiscalía General de España, documento correspondientes al periodo comprendido entre los años 2009 y 2021).

Entre otras cuestiones que enumeran desde ELA está la de equiparar “déficit de prueba” con “falsa chivatazo” genera temor a chivarse y refuerza estereotipos sobre las señora (como mentirosas o manipuladoras). Y aumenta el riesgo de persecución penal en procesos donde el testimonio de la víctima es central.
Agrega que no contempla los múltiples factores que enfrentan señora, niñas, niños y adolescentes para chivarse exabrupto (barreras económicas, revictimización institucional, déficit de información y protección insuficiente).
Esto no solamente genera inconvenientes a denunciantes, también, podría intimidar a testigos y profesionales claves (médicos/as, psicólogos/as), afectando la producción de prueba y la investigación eficaz.

La figura de “falsa chivatazo” protege a la administración pública, no al honor de las personas, que ya puede resguardarse mediante delitos como calumnias o injurias.
Los aportes de ELA forman parte de un extenso crónica que será presentado el próximo martes. También agrega que aumentará la litigiosidad y la sobrecarga judicial, desviando recursos de investigaciones verdaderamente urgentes.
Contraviene compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino (CEDAW, Belém do Pará) y estándares del sistema interamericano de derechos humanos.

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