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Los 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas con el objetivo de reconocer su contribución al desarrollo agrícola y a la mejora de la seguridad alimentaria. Con la efeméride como pretexto, es importante reflexionar sobre sus condiciones laborales y el rol de los Estados para erradicar la desigualdad que las atraviesa.
Un estado de situación
Según la CEPAL, en América Latina y el Caribe, 1 de cada 3 mujeres en zonas rurales no tiene ingresos propios. Este número desciende a 1 de cada 4 en zonas urbanas. Es decir, que las mujeres rurales se encuentran en peores condiciones económicas que las mujeres que habitan las zonas urbanas.
A su vez, las mujeres campesinas no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, mercados y cadenas de productos que sus pares masculinos. Tampoco pueden hacer uso de servicios públicos como la educación, la asistencia sanitaria y el agua de la misma manera que ellos.
La desigualdad afecta en mayor medida a las mujeres rurales, ya que existe una mayor brecha de ingresos entre las mujeres y hombres rurales que entre los hombres y las mujeres urbanas. Además, son mayoría entre los/as trabajadores/as rurales informales. Según la OIT, la tasa de empleo informal es del 78,2% para ellas y del 75,1% para los hombres.
En muchas ocasiones, las barreras estructurales y las normas sociales que discriminan a las mujeres según roles de género socialmente establecidos, limitan su participación dentro de sus propias comunidades y su trabajo además de no remunerado, es invisibilizado. Esto tiene un impacto negativo en su desarrollo personal y laboral así como también en las posibilidades de crecimiento de las economías de las que forman parte y a las que aportan con su trabajo.
Es importante remarcar que las mujeres rurales sufren una doble discriminación: por mujeres y por habitar el ámbito rural. Desde Grow- género y trabajo en nuestro acompañamiento diario a distintas instituciones solemos enfatizar en la importancia de comprender cómo ciertas dimensiones sociales (raza, etnia, clase social, nacionalidad, identidad de género, orientación sexual, etc.) se entrecruzan en la vida de las personas y operan en muchas ocasiones como factores de desigualdad.
Este enfoque permite diseñar políticas y acciones concretas que promuevan espacios laborales más justos y equitativos.
En un mundo con igualdad, ¿cuál podría ser el aporte de las mujeres rurales?
Si las mujeres rurales tuvieran el mismo acceso a recursos que los hombres, la producción agrícola en los países en desarrollo aumentaría entre 2,5 y 4% y esto permitiría a su vez, una disminución de entre el 12% y el 17% del número de personas desnutridas en el mundo (FAO, 2011).
En este sentido, es fundamental que los gobiernos tengan en consideración sus necesidades al momento de diseñar e implementar políticas públicas en el ámbito rural para desarrollar acciones tendientes a lograr su autonomía económica, su participación plena e igualitaria en las tomas de decisiones, y junto con ello, un mayor (y mejor) desarrollo económico de sus respectivos países.