Cuando la impunidad genocida fue indultada y se benefició con las leyes de Obediencia debida y Punto final, la búsqueda de la verdad se impuso incluso en los estrados judiciales. En los ´90, sin la posibilidad jurídica de imponer penas de cárcel a los genocidas, los Juicios por la Verdad permitieron conocer qué pasó con los desaparecidos y desaparecidas y también que el Estado, en la voz de jueces y fiscales, reconociera las violaciones a los derechos humanos cometidas. Treinta años después, la experiencia judicial -que fue inédita en el mundo- abraza otro tipo de causas que necesitan de la verdad como forma de reparación a sus víctimas: las denuncias por abusos sexuales ya prescriptas. Y desde marzo pasado, Argentina tiene su primera sentencia.
María Agustina Castells dice que hay fantasmas que la rondaron por años, cuando se imaginaba cómo sería afrontar un juicio penal y denunciar los abusos sexuales que sufrió desde los 4 hasta los 12, a manos de su abuelo Humberto Aroldo Bello. Ahora tiene 35 y dice que ella es lingüista, que enseña en colegios secundarios y que no tenía idea del camino que podía tomar una denuncia penal como la suya, aunque solo sabía lo que había visto en las películas acerca de los juicios y pensaba que quien estaría en el banquillo de los acusados, de alguna manera, sería ella. “Me van a interrogar, me van a preguntar, eso creía pero desde el primer momento sentí que no era yo la que había hecho las cosas mal, simplemente pude decir lo que me había pasado y escuchar los testimonios de la gente que me quiere y acompaña, eso fue suficiente para que me creyeran porque otro de los grandes fantasmas que una tiene es pensar que nadie te va a creer”, dice a Tiempo. Castells tenía 12 años cuando pudo contar que sufría estos abusos, lo hizo para proteger a su hermana menor y desde entonces sus padres la acompañaron, dejó de ver a su abusador y conversó con ellos la posibilidad de denunciarlo “pero en ese momento, todo lo que implicaba el develamiento familiar me puso en una situación en la que no me sentí preparada para afrontar un juicio”. En la construcción de este tipo de abusos, cuenta Castells, “hay una manipulación tan fuerte sobre tu cabeza que en ese momento es muy difícil imaginarte a vos misma exponiendo esto ante un montón de gente, en ese momento yo elegí no hacer la denuncia porque sentí que no iba a poder lidiar con eso”.
Durante años, mientras crecía, en la adolescencia y la adultez, afrontó las experiencias de abuso vividas con terapia y el apoyo de una red de familia y amigos. Dice que hubo momentos –muchos- en los que sintió que ya lo había superado, porque podía hablar sin tapujos de lo doloroso, porque había tenido excelentes terapeutas y personas que con amor, siempre la escucharon. “Pero había algo que no terminaba de cerrar, él seguía con su vida como si lo que me había hecho no significara nada y mi vida giraba tanto en torno a recuperarme de sus acciones que en algún punto me pareció muy injusto que, incluso, quizás él ni siquiera había vuelto a pensar en eso después de lo que me hizo”. Por eso, en 2021, acordó una entrevista con la abogada Constanza García. La posibilidad de la denuncia se hizo tangible.
Constanza García es abogada penalista. Dice que cuando escuchó el relato de lo vivido por Agustina Castells le puso palabras: abuso sexual agravado por el vínculo. “Ella quedó en shock, nadie le había dicho palabras concretas en cuanto a una tipificación penal que describiera el padecimiento que sufrió durante tantos años”, cuenta a Tiempo. La denuncia se interpuso a pesar de que ambas sabían que los abusos habían sucedido antes de la vigencia de la ley 27.206, que modificó el Código Penal en el año 2015 y estableció la imprescriptibilidad de los abusos sexuales desde ese momento. “Como las leyes no son retroactivas, se aplicó una ley que lo benefició a él y se me dijo que mi caso estaba prescripto”, recuerda Castells. La carátula decía “sobreseído” y eso le molestaba sobremanera “porque no significaba que él no me hubiera hecho lo que me hizo o que yo no hubiera dicho la verdad, no significaba que él era inocente”. Y sin embargo, la Justicia le decía que solo podía archivar el expediente y pedirle que volviera a su casa.
Entonces la abogada García decidió apostar a más. Sabía que algunos juzgados habían aceptado instruir juicios por la verdad en este tipo de delitos sexuales ya prescriptos –la mayoría se encuentra aún esperando resolución- y decidió pedirle a la Justicia que le brindara esa reparación a Castells. “Iniciar una denuncia de un hecho que prescripto de por sí, es toda una valla dentro de la Justicia. Implica poner en marcha la maquinaria judicial por un delito que, en definitiva, no va a llegar a una sentencia de condena”, explica García. La propuesta de un fallo meramente declarativo, de reconocimiento de un hecho, no abraza los fines punitivos del Derecho Penal pero sí otros valores, los que tienen que ver con la Justicia restaurativa. El foco no es la pena, sino la reparación de los derechos de las personas. “Esto plantea una cuestión importante a los funcionarios que van a intervenir, la palabra de los jueces hacia las víctimas, que puedan escuchar del representante del Estado, ya sea de un magistrado o de un fiscal, que esto sí ha pasado, que es un hecho aberrante, que fueron víctimas es el principio para que puedan cerrar esa historia”, asegura García. De esta manera, la abogada plantea la necesidad de generar conciencia en los funcionarios judiciales de que, más allá del ejercicio pleno del poder punitivo, la gravedad de este tipo de delitos “merece un pronunciamiento de la Justicia, la víctima merece que el Estado instruya las investigaciones”.
Durante el juicio por la verdad de Castells, el imputado Bello –actualmente, de 87 años- reconoció los hechos ante el fiscal durante la indagatoria. Producida la prueba, escuchados los testigos y la víctima, el Juzgado de Garantías N° 8 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Gabriel Vitale y bajo la instrucción del fiscal José Luis Juárez, declaró probado el delito de abuso sexual y, en particular, estableció la responsabilidad del Estado nacional ante la omisión de cumplimiento de las obligaciones asumidas respecto de la prevención, investigación y sanción de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.
“La violencia institucional que implica que no te respondan cuando hacés una denuncia de abuso es atroz, uno no está denunciando que le robaron una cartera, está denunciando algo que atentó contra la dignidad”, dice Castells. También, que el camino para llegar a este Juzgado fue duro pero que aquí fue escuchada. “Se pensó en que el hecho de que haya tardado en hacer la denuncia no me quitaba el derecho de pedir justicia”, agrega.
La sentencia, dice Castells, después de tanto silencio, no solo fue un importante resultado judicial que sentó precedentes para otras víctimas, además es “mirar a mi alrededor y ver la cantidad de gente, de víctimas, que lo sintieron propio, fue una victoria colectiva”.
Agustina Castells sabe que el camino de la denuncia no es el único, ni el mejor para todas las víctimas de abuso sexual pero asegura que es valioso que se sepa que existe la posibilidad de este tipo de juicios cuando el delito ya prescribió. “Fue mucha la cantidad de gente que me habló sobre la valentía, de cómo fui valiente, constante, perseverante, para llevar a cabo esta causa. A mi me parece que tendría que haber una legislación para que no haya que ser valiente para obtener este tipo de resultados, tendría que ser la norma”, dice a Tiempo. Por eso, junto con su abogada Constanza García, se encuentra trabajando en un proyecto de ley que permita a las victimas de abusos sexuales prescriptos, que quedaron en un limbo judicial después de la reforma del Código Penal para que puedan optar por este juicio sin depender del criterio de cada juzgado. “Si alguien estuvo en una situación así y no es valiente, sería bueno que igual tenga justicia porque no hay que ser valientes cuando una es víctima”, reafirma Castells.