Los dos primeros años de Marisa Graham como Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estuvieron signados por la pandemia de coronavirus, que obligó a focalizar ejes de trabajo en función de un contexto incierto. La vuelta a la escuela, los ingresos familiares y la seguridad alimentaria fueron los temas prioritarios en esta etapa. Atravesados por otros, no menos urgentes: las violencias y abusos contra las infancias.
Graham fue designada luego de un concurso de casi tres años, para ocupar un puesto que permanecía vacante desde 2005. Abogada especialista en derecho de familia, docente universitaria, ex titular del Consejo del Menor y la Familia y ex directora de Niñez y Adolescencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habla sobre algo que la pone “muy mal”: “¿Por qué los adultos seguimos avasallando los cuerpos de los niños? Tenemos denuncias por violencia, maltrato, de género. Y tenemos mucha denuncia de abuso sexual infantil. En general por los propios progenitores, como si la prohibición del incesto no estuviera operando. ¿Por qué en estos 30 años no podemos resolver este tema?”.
–¿Hay más casos de vulneración de derechos a la niñez o se denuncian más que antes?
–Podemos pensar que no es que haya más, sino que ahora se visibiliza más, porque hemos avanzado mucho. Sobre todo, a la cola del movimiento de mujeres. A la feminización de la pobreza le sigue la infantilización. Y de la misma manera en que no se puede desmembrar una de la otra, tampoco se puede desmembrar la violencia de género de la violencia a niños y niñas. A veces no son víctimas físicas, pero si ves todos los días como tu papá apalea a tu mamá, sos víctima de violencia. También hay muchos más lugares de denuncia. Pero yo creo que el abuso sexual infantil no disminuyó y posiblemente haya aumentado.
–¿Qué se está planteando desde la Defensoría para abordarlo?
–Todo lo que venimos trabajando de prevención pareciera no haber tenido los resultados que esperábamos. Estamos armando una mesa de diálogo con distintos saberes, que no tengan que ver solamente con quienes trabajamos sobre niñez. Porque para hacer buena prevención necesito saber la causa. Las que tienen que ver con el patriarcado las conozco. Pero eso no alcanzó para mitigar. Y está el tema de la utilización del SAP (Síndrome de Alienación Parental). La Defensoría en una de las primeras recomendaciones que hizo se manifestó en contra. Porque eso tapa la voz de niñas y niños, y necesitamos que puedan decir, que sus cuerpos digan. Y, cuando dicen, hay que creerles.
–¿Cuán arraigado está aún el maltrato como parte de las crianzas?
–A niños y niñas les pasamos por encima. Desde el zamarreo, el coscorrón, el insulto. A las nenas les dicen ‘locas’, a los varones ‘boludos’. El papá al varón no le dice ‘sos un loco’. Le dice ‘sos un boludo, un maricón’. Sigue estando eso. Los insultos estigmatizantes y sexistas. ¿Por qué sigue sucediendo? ¿Por qué no podemos ver en nuestros hijos e hijas ciudadanos iguales a nosotros y nosotras? Hay un problema de ciudadanía. Al niño hay que amarlo, abrazarlo, contenerlo, como todo cachorro. Pero además hay que respetarlo y asimilar la dignidad de ciudadano que tiene. Eso es lo que todavía le cuesta a la sociedad argentina. Y creo que al mundo también. Hay un proverbio africano que amo, que dice ‘se necesita todo un pueblo para criar a un niño’. Esta idea me parece maravillosa. Interpelaría: necesitamos a todo el pueblo argentino para criar a niños y niñas. Somos todos responsables de ese cuidado y esa contención de esa ciudadanía infantil y adolescente.
El desamparo después de la niñez
Sobre las y los adolescentes, remarca Graham, hay una gran deuda pendiente en materia de políticas públicas específicas. Lo grafica con un ejemplo: en el marco del trabajo por el retorno escolar en el marco de la pandemia, desde la Defensoría se pidió bajar el piso del Plan Progresar –que acompaña a jóvenes a terminar sus estudios-.
“Le pedimos al anterior ministro de Educación bajar el piso de 18 a 16 años. No tuvimos receptividad. Seguimos reclamando, finalmente se bajó ese piso y ya hay más de 300 mil chicos anotados de 16 y 17 años. Por lo cual, evidentemente, algo faltaba”, plantea la abogada.
Y habla sobre otro grupo de chicos con sus derechos vulnerados: “Niños no punibles que están privados de su libertad. No puede haber por debajo de 16, pero hay chicos de 12, 13, 15 años. Pedimos a cada provincia que resuelva el tema. Y al Poder Judicial la inmediata soltura: tiene que haber otras alternativas para estos chicos”.
La Defensoría recibe denuncias, pedidos de asesoramiento, vehiculiza reclamos incluso presentados por las propias infancias y trabaja en red a nivel federal con legisladores y organizaciones de la sociedad civil. Pero sólo cinco provincias tienen defensorías específicas. “Necesitamos que haya una figura similar a la nuestra en todas las jurisdicciones. Hay provincias que están avanzando. Pero algunas no quieren. No todo el mundo quiere tener a alguien que monitoree y controle”.
