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Se cumplen nueve años del femicidio de Micaela García, la joven de 21 años victima de femicidio en 2017, cuando salía de un boliche en la ciudad entrerriana de Gualeguay. Su crimen derivó en la Ley Micaela para capacitar sobre las temáticas de género y prevenir la violencia.
Micaela era de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Vivía en Gualeguay y allí cursaba el Profesorado de Educación Física. Era feminista y militante del Movimiento Evita y del “Ni una menos”.
“Seguimos pidiendo justicia para Micaela García”, expresaron hoy desde la Fundación Micaela García “La Negra”.
Tenía 21 años cuando en abril de 2017 fue víctima de femicidio por parte de su expareja, Sebastián Wagner, quien fue condenado a la pena de prisión perpetua por el delito de “homicidio triplemente calificado por alevosía y criminis causa agravado por el delito de violencia de género”.
En septiembre de 2025, Néstor Pavón, el otro imputado por encubrimiento agravado dentro de la causa, había recibido una condena de cinco años. Wagner había confesado durante el debate la autoría de la violación de la joven y apuntó a Pavón como responsable del asesinato, pero su versión no fue aceptada por el tribunal, que lo declaró responsable de ambos hechos.
Además, los jueces confirmaron la absolución de Gabriel Otero, que es hijo de la pareja de Wagner, y había llegado al juicio con prisión domiciliaria.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ordenó un segundo debate oral y público al considerarlo coautor del crimen perpetrado en 2017.
Pavón presentó un recurso que cuestionaba la validez de volver a juzgarlo y alegaba una violación al principio de ne bis in idem, que establece que una persona no puede ser juzgada ni sancionada dos veces por el mismo hecho, una vez que ya existe una sentencia firme sobre ese caso.
Sin embargo, tanto la Procuración General provincial como los tribunales intervinientes sostuvieron que ese argumento “carece de sustento”, ya que no existe una condena firme sobre su responsabilidad y que la resolución anterior presentó “vicios esenciales” en la valoración de la prueba.
Pavón había sido condenado en 2019 a cinco años de prisión por encubrimiento agravado, fallo que luego fue anulado por la Cámara de Casación de Entre Ríos y más tarde revisado por la Corte Suprema, que en 2024 ordenó un nuevo juicio con perspectiva de género, al advertir inconsistencias en la forma en que se analizaron elementos claves de la causa.
De acuerdo con los dictámenes recientes, esas falencias habilitaron a que Pavón sea nuevamente sometido al debate oral, esta vez acusado de secuestro, abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado en coautoría, cargos más graves que los del expediente original.
Con este rechazo, la causa avanza hacia la conformación del tribunal que llevará adelante el juicio.
La Ley Micaela, que fue promulgada el 10 de enero de 2019, prevé la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública,en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación con el objetivo de transformar cada una de las políticas públicas.
El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados, en diciembre de 2018, con 118 votos a favor y uno en contra del entonces legislador Alfredo Olmedo, al tiempo que las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires se adhirieron a la ley.