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La publicación del decreto 86/2023 en el Boletín Oficial del miércoles 27 de diciembre oficializa la creación de la Subsecretaría de Protección contra la violencia de género que dependerá del Ministerio de Capital Humano.
Hasta ahora no se conocen el nombre de quién podría hacerse cargo del organismo, ni hubo comunicación alguna con trabajadorxs del exMinisterio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
A través del decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se modificó la estructura de la Administración Pública Nacional que estaba vigente desde el 19 de diciembre de 2019.
La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tuvo un rol clave para el descenso de la violencia de género a través de la prevención y la concientización a partir de programas ideados dentro del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 y 2022-2024.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad trabajó en diferentes provincias y municipios para la creación de direcciones y secretarías que facilitan políticas públicas contra la desigualdad de género. Sin embargo, con el cambio de gestión en las diferentes provincias estos espacios fueron degradados o eliminados.
La provincia de Buenos Aires es hasta ahora la única que mantiene su rasgo ministerial en todo el país. Neuquén mantuvo su ministerio, aunque le suma otros organismos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se jerarquizó el área y pasó de dirección a secretaría.
Según un primer mapeo realizado por Silvina Molina de la agencia pública de noticias, Télam, mientras desaparecieron las carteras de Mujer, Género o Diversidad en Córdoba y Santa Fe. Se esperaba que suceda lo mismo con Santa Cruz.
En Neuquén paso de ser Ministerio de las mujeres y de la diversidad a Desarrollo humano, gobiernos locales y Mujeres. La ministra que estuvo a cargo es María Eugenia Ferraresso y será reemplazada por Julieta Corroza, crítica de la gestión de Ferraresso.
En Santa Fe, disuelto el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe, a cargo de María Florencia Marinaro pasó a ser Secretaría de Género y Diversidad Sexual. Su titular es Alicia Tate y depende del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.
Según consigna Télam, Tate es radical y una de las históricas militantes feministas del país que, entre otros temas, tuvo un rol fundamental cuando se debatió la ley de cupo femenino.
El Ministerio de la Mujer de Córdoba, creado en 2019 bajo la responsabilidad de Claudia Martínez, ahora, será una secretaría. No hay más detalles respecto a la reestructuración del gobierno.
El ministerio de Igualdad e Integración fue creado en Santa Cruz en 2022 y estuvo a cargo de Agostina Mora. Si bien no se había confirmado, pero según informaron fuentes oficiales, pasaría a ser subsecretaría, tal como sucedió con el ministerio de las Mujeres.
En Mendoza, la Dirección de Género y Diversidad mantiene su rango dentro del Ministerio de Gobierno.
La provincia de Formosa se mantiene como Secretaría de la Mujer y estará a cargo de Patricia del Carmen Hermosilla. Durante varios años, Angélica García fue quien llevó adelante esa secretaría. En Tierra de Fuego, también se sostiene la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad que quedará bajo la conducción de Amira Maslup.
En Salta también se mantiene la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, donde reasumió Itatí Carrique, reconocida periodista feminista que va ahora por su segundo mandato.
En Tucumán, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidades es ahora Secretaría de Estado de la Mujer dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Su titular es Yanina Muñoz, trabajadora social que conducía el Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana- MuMaLá (Libres del Sur).
En el caso de Río Negro, la Secretaría de Políticas contra las Violencias por Motivos de Género pasó a ser subsecretaría y estará conducida por Griselda Linares.
En Chaco, la Secretaría de Derechos Humanos y Género, ahora es Subsecretaría de Género y Diversidades. Su titular es Sonia Valenzuela y dependerá del Ministerio de Gobierno y Justicia. La funcionaria es abogada y participó como querellante acompañando a víctimas de violencias y abusos.
Mientras que en Entre Ríos la Secretaría de Mujeres, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, pasará a denominarse Secretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, confirmó esta semana el gobierno local.
La agencia Télam consigna en su nota el informe “Ministerios de Mujeres ¿realmente los necesitamos? La respuesta corta es: sí”, que salió en 2022 de la Iniciativa de Conocimiento sobre Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Allí se destaca que estos organismos “tienen un rol fundamental en la construcción de capacidades al interior del Gobierno, en la creación de redes con actores no gubernamentales, y en la generación de evidencia sobre el estado de las brechas de género y la efectividad de los programas implementados”.
Si bien el documento detecta “avances” alerta de que “en general los ministerios de la región cuentan con estructuras débiles que ponen en riesgo la concreción de sus funciones. Datos presupuestarios de 2022 para cuatro países de la región indican que los ministerios de la Mujer representan solo un 0,18% de total del presupuesto nacional para el Poder Ejecutivo. Además de contar con un presupuesto limitado, estos ministerios suelen tener una planta de trabajo reducida”.
El extinto Ministerio nacional representaba “el 0,2% del presupuesto anual” y “la planta de trabajadores y trabajadoras que lo integran es de las más bajas del Estado”, tal como informó en su mensaje de despedida la ex ministra Mazzina.
La investigación del BID incluye “un análisis longitudinal sobre estas oficinas -Ministerio de Mujeres- en la región que muestra que, entre 1990 y 2016, la gran mayoría de los países mantuvo o aumentó la jerarquía de la oficina dedicada a este tema”.
Para Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), las políticas públicas “necesitan del impulso y el compromiso sostenido de autoridades con capacidad de gestión y conocimiento local. Si no se aplican considerando los contextos, las particularidades del territorio y de la población, corren el riesgo de no ser adecuadas o suficientes”.
“Por ejemplo, para abordar las violencias es imprescindible conocer las necesidades económicas y los contextos sociales: ¿cómo se puede ayudar a una mujer a superar una situación de violencia en la pareja si no tiene ingresos, o posibilidades de insertarse en el mercado laboral? Una institución que tome la responsabilidad de diseñar e implementar las políticas para la igualdad de género debe coordinar su trabajo con otras áreas, pensar políticas integrales para dar respuesta a los problemas, facilitar los mecanismos para que se protejan los derechos”, añade la profesional a Télam.
La abogada Soledad Deza, presidenta de la ONG Mujeres x Mujeres con sede en Tucumán, comentó a esta agencia que “las políticas públicas cierran las brechas que existen entre las leyes y las realidades de cada persona. Sin políticas de género no hay igualdad posible. Son derechos en acción”.
Por su parte, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz señaló que “tener rango de gestión permite que la transversalidad en el conjunto de las políticas de gobierno sea más efectiva y que se pueda dialogar con las y los principales decisores políticos de cada jurisdicción, sea a nivel nación, provincias y municipios”.
Díaz pidió que “el Estado nacional sostenga la línea 144 (de asesoramiento ante situaciones de violencia) y programas como el Acompañar, que sostienen a quienes sufren violencias, y las políticas de salud sexual y reproductiva. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, las leyes y los derechos hay que garantizarlos con políticas públicas, no las garantiza el mercado, el mercado desiguala”.