Hace más de 30 años cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. Tiene su origen en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en la Argentina en 1990 y fue una iniciativa de activistas argentinas y uruguayas que venían dando la pelea por el derecho al aborto en sus respectivos países. Desde diciembre de 2020 Argentina cuenta con la Ley 27.610 que consagra el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 inclusive o la Interrupción Legal (ILE) si la salud de la persona gestante corre peligro o el embarazo es consecuencia de una violación, pero aún hoy, pasados casi cinco años de aprobada la ley, hay mujeres presas por hacerlo.
El mismo año en que el derecho a decidir se consagro ley se publicó “La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en Argentina”, un estudio de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro Universitario San Martín (CUSAM), quienes junto a las investigadoras Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui sistematizaron que en el país, entre 2012 y 2020 se habían iniciado al menos 1532 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos, bajo la figura de “homicidio” o “abandono de persona”. El informe recorre con cuidado, trabajo interdisciplinario y sostenido por la red de activistas que en todo el país protegen el derecho a decidir las historias, experiencias y dificultades de mujeres condenadas y atravesadas por múltiples violencias.
El informe, que contó con el apoyo de la Asociación de Pensamiento Penal y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura es un punto de referencia para indagar sobre aquellas mujeres que, pese a la legalidad vigente en el tema, aun cargan con la criminalización del aborto bajo otras figuras penales.
No existe en Argentina un registro oficial de casos de mujeres criminalizadas por eventos obstétricos. El termino remite a lo que sucede en el momento del parto o del aborto (espontáneo o inducido). No hay estadísticas que reflejan esta problemática, que según el Informe del 2020 alcanzó a más de 1500 personas y que de acuerdo a los relevamientos de organizaciones y profesionales alcanza, desde ese año hasta hoy a más de 20 mujeres. El trabajo es artesanal y minucioso: las causas judiciales están caratuladas en su mayoría bajo la figura de “homicidio” o “intento de homicidio”, por lo que en muchos casos resulta imposible identificarlas. No son visibles ni sencillas de contabilizar, pero las vidas de las mujeres condenadas existen, resisten o simplemente se apagan.
Pate Palero es directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina. Para ella la legalización del aborto “fue para el movimiento feminista un escalón más en la conquista de los derechos que la democracia les debe a las mujeres, por eso gran parte del activismo durante estos años se volcó monitorear obstáculos y construir articulaciones para sortear la desinformación, los prejuicios, la fragilidad institucional y las vulnerabilidades estructurales”.
Palero reconoce lo avances logrados, pero asegura que aun hoy “en el aborto las mujeres generalmente carecemos de la presunción de inocencia” En dialogo con Tiempo, asegura que “tienen la certeza de que deben existir más «Belenes« escondidas tras carátulas erróneas y condenas injustas. En un sistema judicial machista es difícil imaginar que no se estén generando abusos y ensañamientos alentados por un discurso público criminalizador y sexista.”
En 2014, mucho antes de la marea verde y la sancion del aborto legal, Patricia fue detenida en su casa de Ezpeleta como consecuencia de la llamada de una vecina, quien la vio arrojar una bolsa de basura en un baldio. Adentro había un feto y lo que siguió fue el encarcelamiento de Patricia bajo la figura penal de homicidio agravado por el vínculo. Con una defensa oficial, accedió a un juicio abreviado donde le asignaron una condena de ocho años, la que aceptó ante el miedo de una condena mayor.
En 2019, a los 40 años, falleció esposada a una cama en el Hospital Bocalandro del Partido de San Martín, en la Provincia de Buenos Aires. Estaba presa desde hacía cinco años en la Unidad 47 – Anexo Mujeres- del Servicio Penitenciario Bonaerense en la localidad de José León Suárez. Quienes la visitaron allí recuerdan que le preocupaba perder la regularidad en la universidad: estudiaba Trabajo Social en el Centro Universitario de la Universidad Nacional de San Martín. La reconstrucción de lo sucedido aquel día en su casa de Ezpeleta es compleja y ella casi no quiso hablar sobre eso. Quienes la conocieron y escucharon saben que no mató a nadie, que abortó.
Marcela Bonifacio es docente de la organización Yo No Fui. La conoció a “Pato”, como la llamaban junto a sus compañeras, ni bien la trasladaron a la Unidad 47, donde participaba del taller de Diseño Textil que Marcela dictaba junto a Ramona y Eva. “Siempre tenía muy buen humor yuna risa hermosa, aunque siempre tuvo muchos problemas de salud, muchas complicaciones que se iban sumando unas a otras”, recuerda en diálogo con Tiempo. Marcela conoce las historias de sus estudiantes solo cuando ellas deciden contarla. Reflexiona sobre lo injusto de las condiciones en que terminó la vida de Patricia.
“Recuerdo por boca de ella que fue un aborto espontáneo lo que atravesó cuando fue detenida. Ella no se enteró de que estaba embarazada el día que abortó. No me parece raro: muchas mujeres se enteran del embarazo cuando está avanzado”. Patricia perdió el embarazo a los cinco meses y para Marcela, haya sido un aborto espontáneo o provocado, lo cierto es que “Pato no debió estar presa nunca y en tal caso si hubiese estado presa debió estar en arresto domiciliario por todos sus problemas de salud. Tenía dos hijos. El mayor además tenía una discapacidad. No tendría que haber muerto de esa manera.”
El caso de Belén, la joven tucumana que estuvo presa por abortar y que logró su libertad por la acción de su abogada Soledad Deza y el movimiento federal de mujeres y diversidades que reclamaron por su liberación, llegó hace pocas semanas a las pantallas del cine con la película Belén, dirigida y protagonizada por la actriz Dolores Fonzi. En 2019, cuando aún se festejaba este hito en la historia de los feminismos argentinos, Patricia apagaba su vida estando presa y esperando, desde hacía un año, que le dictaran la prisión domiciliaria que le correspondía por buena conducta y el tiempo de condena cumplida.
Daniel Werbach estuvo privado de la libertad en la Unidad 48, en el mismo Complejo donde estaba Pato. Allí la conoció, ambos estudiando en el CUSAM, el Centro Universitario de la Universidad Nacional de San Martín del que Daniel se enorgullece en decir que es uno de sus fundadores. “Pato era una compañera que luchó siempre por sus compañeras”, recuerda y cuenta que “el paso de Patricia por el CUSAM fue importante. Es un espacio por el que luchamos un montón, la universidad apostó por nosotros y nosotros le pusimos el pecho para sostenerlo y una de las que le puso el pecho fue Pato. Peleó muchísimo para poder estar en los talleres y en la carrera”, cuenta.
Patricia estudió Sociología y Trabajo social. “Fue una luchadora, nosotros lamentablemente no pudimos hacer nada para que la saquen cuando estuvo como estuvo con su enfermedad. La dejaron morir” reflexiona Daniel y agrega: “era muy buena persona y estaba injustamente en cana. No te olvides que nosotros también peleamos para tener la ley del aborto”
Rocío García Garro y Julia Luna integran la Guardia de Abogadas Feministas, un espacio federal de litigio estratégico, impulsado por Católicas por el Derecho a Decidir Argentina. Conocieron a Paola Ortiz a raíz del trabajo que realizan en ese espacio integrado por abogadas de todo el país acompañando casos de obstrucción del acceso a la interrupción voluntaria y a la interrupción legal del embarazo. También desde allí acompañan casos donde está presente la criminalización de eventos obstétricos, como es el caso de Paola Ortiz.
En diálogo con Tiempo, la abogada Julia Luna asegura que “lo gravísimo en este caso, es por un lado la cadena perpetua, y también la deficiencia en todo el proceso de la investigación penal, donde están presentes la culpabilización y la criminalización de ella, sin atender el contexto en el que estaba inmersa ni cuál era su situación social.”
Paola vivía en Villa Nueva, en la provincia de Córdoba. En 2012 tuvo un un parto en avalancha, que es el modo en que se nombra a los partos en que suceden muy rápido, generalmente en menos de 3 horas, y que puede implicar complicaciones tanto para el cuerpo gestante como para el bebé. Estaba en su casa y sin asistencia médica. Aunque el bebé nació muerto, durante el proceso judicial fue descreída y condenada. Hace 13 años que está presa.
“La línea de investigación desarrollada por la fiscalía fue unilateral, la incriminan por homicidio pese a que la autopsia que se le realiza al bebé acredita que nació sin vida. Es decir que si no hay nacimiento con vida no hay delito. Para caratular un homicidio tiene que haber una intención homicida, tiene que haber un dolo, y en este caso no hubo tal intención. Además, no se acreditó la muerte, sino que tampoco se acreditó la intención de causar la muerte” asegura Luna.
Para Luna el caso de Paola expone el modo en que se abordan los procesos biologicos de las mujeres, ya sea referidos a los partos, los abortos y todos los eventos obstétricos desde la justicia. “Desde el desconocimiento la justicia criminaliza, juzga y no atiende los hechos objetivos cuando se trata de mujeres de barrios humildes y pobres que terminan privadas de la libertad con condenas terriblemente injustas” relata.
La historia de Paola fue retratada mediáticamente con una mirada amarillista en los medios locales. La nombraron mata bebés, el mismo mote que usaron algunas de sus pares donde está detenida. ¿Alguien la escucho? Luna cuenta que la defensa oficial que la acompañó en el inicio, nunca le creyó.
Ortiz atravesó aquel embarazo en condiciones de extrema vulnerabilidad, sola y sin redes de contención. Desde hacía años sufría violencia física, psicológica, sexual y económica ejercida por el padre de sus hijos y por su ex suegro, con quien vivía: cuando la detuvieron habitaba una casa ajena y no tenía trabajo. Paola tampoco terminó sus estudios secundarios. En 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó el recurso de casación presentado por su defensa pero la misma no presentó recurso de queja, por lo que la condena a cadena perpetua quedó firme.
“La conocimos a Paula en la cárcel”, recuerda Luna y agrega “La fuimos a visitar cuando nos enteramos de su caso de casualidad, cuando presentamos un amicus curiae en otra causa referida a violencia obstétrica de mujeres privadas de la libertad. Nos hablaron de Paola, de su caso y cuando la visitamos ya estaba condenada a pasar el resto de su vida en la cárcel. Le pedimos al Tribunal Superior que revise esa sentencia, que incorpore la perspectiva de género, que tenga en cuenta todo este contexto de violencia en el que estaba inmersa Paola, todo este contexto de precariedad y pobreza en el que transcurre su embarazo. Hay jurisprudencia el en algunas causas donde se aplica una condena menor ante casos de mujeres que han sufrido situaciones de violencia de género.”
En 2022 la Guardia de Abogadas Feministas documenta formalmente la situación de violencia obstétrica y de género atravesada por Paola durante su embarazo y parto. En 2024
presentaron el Recurso de Revisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, acompañado de un informe médico forense en el que se comprueba el desarrollo biológico de parto en avalancha. Todavía no tuvieron respuesta. Paola sigue presa.