La defensa de la médica Miranda Ruiz procesada 2021 por haber realizado la interrupción legal de un embarazo pidió la nulidad de la causa debido a la serie de irregularidades que se corroboraron a lo largo del expediente.
Este pedido fue acompañado por unas series de acciones de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito entre ellas, un pañuelazo frente a la Legislatura salteña.
“La nulidad se pide por dos motivos: uno porque en el expediente no hay una claridad de que exista algún delito, por lo tanto, no debería haber ningún imputado”, explica Verónica Cuevas integrante Verónica Cuevas, integrante de la regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. “Y, por otro lado, los procedimientos en los que se ha basado esta causa son irregulares”, explica.
Con respecto a las irregularidades, Cuevas explica que la fiscalía no tomó en cuenta evidencia que está dentro de la causa y que resulta favorable a Miranda. “La fiscalía toma cuestiones que llevó la prensa y la opinión pública y no está basada en hechos jurídicos que estén probados. Por ejemplo, desestima toda la historia clínica donde está escrito cómo fueron todos los procesos y los procedimientos, también los testimonios los seis profesionales que intervinieron y acompañaron”, detalla.
La médica está imputada por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, por el delito de “aborto sin consentimiento”.
Del decreto de imputación surge que la médica habría intervenido en el procedimiento de interrupción de un embarazo de 22 semanas y dos días, realizado a una joven de 21 años, “sin su consentimiento, ya que previamente habría manifestado su arrepentimiento”.
La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la gestante. Ruiz, quien estuvo detenida durante algunas horas en septiembre pasado, luego de ser imputada, aseguró que ella no puede “obligar a nadie a abortar”, y destacó que, como médica residente, no actúa sola en casos como este, sino con el aval de la institución, y que la práctica se enmarcó dentro de una interrupción legal del embarazo (ILE).
Los dos pedidos de sobreseimiento presentados por la anterior defensa de la médica fueron rechazados por el juez de Garantías de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, cuya decisión se apeló, pero en mayo pasado el juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación de Salta, Luciano Martini, resolvió no hacer lugar al recurso de apelación presentado por su anterior defensa.
Una causa contra los derechos
La médica fue denunciada en Tartagal tras la práctica de una interrupción legal del embarazo el 24 de agosto, en el hospital Juan Domingo Perón, a una joven de 21 años, con 22 semanas y dos días de edad gestacional.
El argumento del juez Mariscal Astigueta para negarle el segundo pedido de sobreseimiento (el primero fue negado porque se estaba ampliando la imputación) sería el faltante de carga de prueba y que no está probada la inocencia.
“Nosotras decimos que esta es una causa armada por sectores interesados en que se discipline a les profesionales que garantizan el derecho al aborto y a las personas gestantes que lo soliciten. Es claramente una direccionalidad en contra de la ley, de una ley debatida ampliamente y hay sectores que desean una marcha atrás que no lo van a conseguir”, expresa Verónica.
El personal de salud del hospital apoyó a Miranda. “Todo el hospital entiende que ella obró de acuerdo al derecho. Ella no ha tenido ningún escrache ningún un agravio ni en Tartagal ni en el hospital. Desde el pueblo y desde el hospital no hubo demostración en contra de ella. De hecho, volvió a trabajar al consultorio de ILE que está instalado, que tiene demanda los días de atención espontánea”, cuenta Verónica. “El hospital se comprometió a dar continuidad de eso con otras profesionales que se han capacitado, que se han formado. A partir de lo que sucedió con Mirada en lugar de retroceder avanzó en capacitación y en la oferta de calidad”.
Con respecto a lo que sucedió con la mujer que pidió la interrupción del embarazo, Cuevas afirma. “Nunca pensamos en exponer al paciente. Sabemos que la familia presionó para que ella sostenga la denuncia, algo que tampoco tomó en cuenta la fiscalía. Su tía hace la denuncia y luego ella la hace vía web, o sea, no sabemos quién está sentada frente a la pantalla o a su lado. Pero para alguien que vive en un pueblo pequeño como es Salvador Mazza, que su intimidad ha sido vulnerada por los medios de comunicación, por la concejala Claudia Subelza, donde todos podían identificar con detalle quién es la persona que se ha efectuado ese aborto. Ella tiene que volver a vivir a ese pueblo con esa familia y lo más probable es que diga ‘sí a mí me obligaron’, porque cómo vas a vivir con ese estigma de haberte realizado un aborto”.
La situación de la salud reproductiva en Salta
Para Cuevas es para rescatar la gestión que hasta ahora realizan desde el ministerio de Salud en materia de salud sexual, reproductiva y no reproductiva. “El personal técnico que está en la gestión del ministerio trabaja fuertemente, la supervisión de adolescentes y de salud sexual han prestado apoyo desde el primer momento. Hay presiones en algunos sectores de salud, pero no tienen lugar. Los lineamientos que recibimos están a la norma. De hecho, el supervisor de Salud sexual y el ministerio de salud apoyaron a Miranda desde el principio de la denuncia”.
Esto es algo que no se traduce en la justicia de la provincia norteña. “Es una justicia patriarcal y funcional a grupúsculos que presionan por sus cuestiones religiosas y convicciones de poder para que estos derechos no sean efectivos. En esto, sí la justicia cumple un papel fundamental más en sitios como Tartagal”.
La noche en que se realiza la interrupción legal estaba de guardia un ginecólogo que fue denunciado por otra médica por haber abusado sexualmente de una menor en situación de un aborto sexual clandestino. El abogado defensor del médico acusado es el mismo de la familia que acusa a Miranda. “Esa causa no prosperó en los tribunales de Tartagal. La de Miranda que está enmarcada en la ley lleva once meses. Ahí está claro dónde está la prioridad de la justicia de Tartagal”.
Miranda continúa con sus capacitaciones y trabajos en salud integral. “La nulidad significaría que ella cierre este capítulo oscuro en su vida y en la vida de todos quienes garantizamos derechos sexuales reproductivos y no reproductivos”.