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A mediados de marzo se dieron a conocer, a través de los resultados del Censo 2022 que la tasa de embarazo de niñas, adolescentes y jóvenes de entre 14 y 19 años descendió significativamente en los últimos cinco años y que la tendencia, hasta ahora, iba a la baja.
Tal como lo indicó Tiempo Argentino, el porcentaje de esta población (niñas y adolescentes) con hijas e hijos nacidos vivos disminuyó casi un 50% con respecto del año 2001. Este descenso, que implica un avance gigante, no sólo en la región sino también en el mundo, fue gracias al trabajo incesante que se realizó en el marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA).
Pasaron más de 100 días de la asunción de Javier Milei y en su recorrido no presentó ni una política relacionada con la agenda de género. Por el contrario, desintegró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y cerró programas que impactaban directamente en su mayoría en las mujeres. También sucedió con la población LGBT quienes tienen en peligro los contratos a personas trans en el marco de la Ley de Cupo Laboral Diana Sacayán Lohana Berkins.
Esas políticas antigénero son las que hoy preocupan a trabajadorxs, beneficiarixs y ejecutorxs del Plan ENIA. El programa que, si bien se enfoca en la salud sexual y reproductiva, lleva adelante una asesoría integral que aborda violencias, bullyng, suicidio, nutrición.
Son 709 trabajadorxs de equipos interdisciplinarios cuyos contratos vencen esta semana. De ellos, más de 100 trabajaban en Nación. El resto, en centros de salud o espacios comunitarios que funcionan en las 12 provincias prioritarias para la aplicación del plan: en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y provincia de Buenos Aires.
Por su diseño y su impacto, el ENIA es de referencia para América latina.
«El Plan ENIA ha mostrado un impacto tan positivo no sólo en materia de garantía de derechos sino también en reducción de la fecundidad adolescente y sobre todo en la adolescencia temprana. Menores de 15, que en general, son embarazos producto de un abuso. Es la tasa más difícil de bajar en todos los lugares del mundo, y en Argentina lo hemos logrado. Es una experiencia inédita lo que logró la Argentina», expresó a Tiempo Argentino, Silvina Ramos, socióloga e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), y coordinadora de diseño del ENIA.
El costo anual por embarazo prevenido es de alrededor de 60 dólares anuales. Es un plan barato si se compara con su impacto: mejorar las trayectorias educativas de las adolescentes, mejorar la inserción en el mercado laboral y ganar mejores salarios.
«Los resultados del estudio MILENA son clarísimos. Si dejás de invertir en prevención de embarazo en la adolescencia lo que sucede es que reforzás los factores que reproducen la pobreza. El abandono escolar está a la vuelta de la esquina cuando una muchacha queda embarazada en edad temprana. Entonces, su inserción en el mercado de trabajo va a ser más precaria», analiza Ramos. «El Estado ahorra también porque deja de pagar las prestaciones vinculadas a la atención del embarazo, el parto, los riesgos del embarazo y el parto en edades tempranas».
El trabajo de ENIA también plantea lineamientos de abordaje para casos de abuso sexual en la niñez y adolescencia.
Esta semana se conoció que el gobierno, tal como lo está haciendo con la medicación oncológica, vacunas y retrovirales, no está efectivizando el envío de medicación para garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo. Esto está en manos de los gobiernos de las provincias, quienes diseñan diversas estrategias para tratar de garantizar la ley.
«Para este gobierno, la agenda de género es un tema combatido. Lo llamaría a la reflexión porque el 50% de la población somos mujeres. Pareciera que se lleva puestas a las mujeres en su lucha contra el feminismo. Pero las mujeres tenemos derechos, obligaciones, necesidades y tenemos un rol importantísimo en la Argentina», destacó Ramos.
Hasta diciembre de 2023, ENIA se gestionaba a través de los ministerios nacionales de Salud, Desarrollo Social y Educación. Éstos dos últimos, en la actualidad forman parte del Ministerio de Capital Humano. Tiempo Argentino se comunicó con el Ministerio de Salud, pero no obtuvo respuesta alguna. «