Hostigamientos, discursos de odio, trolls antifeministas y amenazas se suman a la precarización laboral que es una constante en la vida de las mujeres y disidencias trabajadoras de prensa.
El crimen de Griselda Blanco ocurrido en la ciudad de Curuzu Cuatiá, en Corrientes y las amenazas que denunció públicamente la periodista Luciana Peker en las últimas semanas, alertaron respecto a cómo las periodistas desarrollan su labor y qué importancia tiene ésta en las comunidades.
Griselda Blanco tenía 45 años y era periodista radial. En los últimos años, trabajaba desde su casa y las investigaciones que realizaba las difundía desde sus redes sociales. La última denuncia que hizo fue por un caso de mala praxis en el hospital Fernando Irastorza de esa localidad. También investigaba denuncias de abuso sexual contra un comisario que había llegado hace poco al lugar. “Si me pasa algo llamen a Silvia”, les había advertido Griselda a sus hijos.
La abogada Silvia Casarrubia fue quien recibió los quince audios donde Griselda relataba cómo la amenazaban y quiénes la hostigaban. La difusión de ese material fue fundamental para contribuir a que la investigación del crimen (que inicialmente se había comunicado como un suicidio), se amplíe.
La justicia detuvo e imputó por femicidio a su expareja, el periodista Armando Jara. Tras los análisis de audios y declaraciones testimoniales llegaron a Darío Alfredo Holzweissig, propietario de un boliche del lugar quien tenía una relación comercial y personal con Griselda.
Al cierre de esta edición, es el principal señalado como autor del crimen. Días antes, en una conferencia de prensa en la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) periodistas, referentes sociales y funcionarias pidieron justicia por Griselda. “Más allá del deseo de justicia del brutal asesinato de nuestra colega, hay muchísimas cuestiones que no se pueden dejar afuera. Pedimos a la justicia que actúe rápido y con transparencia”, manifestó Silvia Martínez Cassina.
Griselda era muy respetada en el pueblo por su trabajo. Después de su femicidio, la gente del lugar, sobre todo los comunicadores sentían miedo.
“Debemos dar un mensaje claro hacia la sociedad. Venimos tejiendo redes para acompañarnos ante la brutalidad de violencias que nos impone el patriarcado, pero también el poder político económico”, expresó la secretaria general de Fatpren, Carla Gaudensi durante la conferencia que se organizó en forma conjunta entre este gremio, Fopea y Periodistas Argentinas. “El rol de Griselda muestra claramente la violencia política y económica que sufrimos las mujeres y las diversidades. Griselda era una trabajadora precarizada, algo que las y los trabajadores de prensa conocemos bastante bien porque lo padecemos. En particular las mujeres”, agregó.
“Estamos muy preocupadas por las ‘Griseldas’ de este país, que en todas las provincias están ejerciendo la profesión en condiciones de mucha exposición”, expresó Claudia Acuña, referente de Periodistas Argentinas. Acuña, además, viajó hasta Corrientes junto a Nancy Pazos para acompañar a la familia. Desde Corrientes, el secretario general de APC (Asociación de Periodistas de Corrientes) acompañó y reclamó por una investigación que esté a la altura-
“Cualquiera de las dos hipótesis ya sea una afectación a la libertad de expresión (que ya está dada por la condición de precariedad) o ya sea un femicidio es una muestra de la violencia que sufrimos las mujeres”, enfatizó Gaudensi.
El ejercicio periodístico en localidades pequeñas a lo largo del país está atravesado por diversas variables: van desde la pauta -que se consigue como se puede-, a situaciones de convivencia cotidiana. Pero es peor si las periodistas son mujeres.
Hay un patriarcado enraizado en las instituciones que buscan disciplinar. El año pasado, luego de sufrir el allanamiento de su casa y el secuestro de su material de trabajo, la periodista riojana Manuela Calvo fue imputada “por desobediencia a la autoridad y obstrucción de contacto de menores con sus padres no convivientes en concurso real”.
Fue por su trabajo en el caso de la Niña Arcoiris, cuya madre hoy cumple prisión domiciliaria por denunciar los abusos sufridos por la nena por parte de su abuelo, un hombre muy relacionado con el Poder Judicial de La Rioja.
“Si cuando el periodismo que cuestiona el accionar del sistema judicial termina criminalizado lo que está en riesgo es la democracia”, expresó en esa ocasión la comunicadora riojana.
A días de que se realice otra manifestación por Ni Una Menos es fundamental y se conmemore el día de las y los trabajadores de prensa, es vital fortalecer la organización para sostener un pacto democrático de libertad e igualdad.