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La tan ansiada disolución de lo que quedaba del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se concretó finalmente esta semana. A pesar de que se trata de un retroceso escandaloso para un Estado democrático y de jerarquía en materia de política de género, como es el Estado argentino, funcionarios del gobierno como Manuel Adorni y Diana Mondino celebraron la medida en sus redes sociales. Por primera vez desde la recuperación de la democracia, la Argentina queda sin un organismo que ejecute políticas públicas de género.
Esta ausencia es más que preocupante en el contexto de violencia económica y de discursos de odio que impone este gobierno. En los primeros días de junio se conoció que en apenas cinco meses en la Argentina hubo 127 víctimas de violencia de género y alrededor de un femicidio cada 33 horas, de acuerdo al observatorio Adriana Zambrano de La Casa del Encuentro. Con algunas diferencias, los observatorios no oficiales coinciden en esta escalofriante cifra que se traduce en niñeces que quedan sin sus mamás y en familias totalmente desarmadas.
El 31 de mayo la Oficina de la Mujer dependiente de la Corte Suprema de Justicia, expresó en su informe anual que hubo un aumento del 10.6% en la tasa de femicidios en 2023 respecto a 2022. También consta que de acuerdo a los datos recolectados desde 2014 muestran una estabilidad en las tasas de femicidios directos. De una tasa inicial de 1,03 víctimas directas de femicidio cada 100.000, mujeres en 2014, se pasó a una de 1,05 en 2023, solo con niveles menores en 2021 (0,99) y 2022 (0,96), los dos años en los que existió el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.
En la comunicación emitida el jueves pasado, tras la renuncia de la subsecretaria de Políticas contra la Violencia de Género, Claudia Barcia, de quien no se conoce absolutamente ni una gestión positiva en los meses que estuvo al frente del organismo, el gobierno expresó que el Ministerio de las Mujeres no obtuvo ningún resultado. Sin embargo, según las cifras que se conocen a partir del cierre de esa cartera en diciembre pasado, en sus años de gestión se asistió a más de 1.800.000 personas en situación de violencia de género.
Los datos respecto al impacto de los programas en todo el país, y las cifras de femicidios dejan en claro que no sobran las políticas públicas contra la violencia de género. Si no todo lo contrario. Al igual que cuando fue ministerio y ahora como subsecretaría el presupuesto destinado a las políticas de género siempre fue mínimo en comparación a otras estructuras. En diciembre, la entonces ministra de las Mujeres, Ayelén Mazzina detalló que el presupuesto del ministerio representó el 0,2% del presupuesto anual. «Nuestra planta de trabajadores y trabajadoras es una de las más bajas de todo el Ejecutivo nacional, representamos el 0,54% de todas las plantas del Estado nacional».
Trabajadorxs del exministerio y la exsubsecretaría ven con preocupación no sólo la pérdida de puestos de trabajo sino también el impacto de la disolución en las políticas públicas.
«La situación es preocupante porque no tenemos comunicación oficial de cómo va a continuar la cartera o los programas de la cartera que llevamos adelante. Somos más de 500 personas que quedaríamos sin sus puestos de trabajo, y miles de mujeres y diversidades sin el acompañamiento que brindábamos diariamente», explica Fernanda Fuentealba, secretaria General ATE MinGéneros.
Fuentealba destaca que las políticas públicas de género tienen su historia en la Argentina. No comenzó con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Desde 1992 el Estado Nacional tenía el Consejo Nacional de La Mujer, luego el Instituto Nacional de las Mujeres y luego, en 2019, se crea el ministerio.
«Con la institucionalización del ministerio se amplía a todo el campo de la diversidad sexual. Es decir, se puede llegar a una población distinta que hasta entonces dependía de la voluntad política de quien estaba a cargo. Es inédito lo que está pasando en la República Argentina porque lo que hace el gobierno es incumplir con todos los internacionales y nacionales que asumió el Estado nacional», agrega.
Hasta ahora, las trabajadoras no han accedido a una comunicación oficial. Tiempo Argentino se comunicó con la Secretaría de Derechos Humanos desde donde aclararon que parte de los programas se llevarían adelante en ese organismo, pero se desconoce cuáles programas y qué cantidad de trabajadores y trabajadoras quedarían en sus puestos en todo el país. De 600 empleos quedarían firmes sólo 100. En las provincias, antes de su renuncia, Barcia dio de baja a 50 contratos del programa Acercar Derechos, entre las trabajadoras había mujeres embarazadas.
«Soy operadora de la Línea 144. Nos dijeron que podían quedar un turno o dos como máximo, lo cual es gravísimo porque la línea funciona las 24 horas los 365 días», expresa Fuentealba, trabajadora de ese programa. «La Línea 144 no dejó de funcionar en ningún momento. Nosotras, las operadoras, continuamos con nuestra fuerza de trabajo, brindando la atención constantemente».
El gobierno vació el programa Acompañar que en dos años había asistido a más de 250 mil mujeres. Desde que asumió Javier Milei sólo se dieron de alta a 2000 mujeres. «Hay un montón de mujeres que no tienen explicación de por qué no reciben la asistencia. Yo pedí esa explicación a la subsecretaria porque esas mujeres se comunican con la Línea 144 para consultar, pero me respondió que ella no estaba para hablar conmigo de cuestiones técnicas».
«El mensaje del gobierno es directo. Es atacar a los feminismos y a los transfeminismos porque tenemos la capacidad de organizarnos y de conquistar. Conquistamos muchísimo organizadas y tenemos la suficiente capacidad para unir fuerzas, para dar pelea y resistir. Es un ataque directo hacia nosotras desde este odio misógino que tiene todo el gabinete y el mismo presidente».
Las trabajadoras de la subsecretaría convocan a participar de la asamblea abierta el próximo martes 11 de junio a las 15:30 en Plaza Congreso.