“OSDE no reconoce la Identidad de Género”, “La identidad no es enfermedad”, “La salud no es un negocio”. Las frases se leen en carteles caseros pegados frente a la sede del Microcentro de OSDE (Organización de Servicios Directos Empresarios), la empresa prepaga de salud con mayor cantidad de afiliados de todo el país. Los afiches anuncian la primera asamblea convocada una semana atrás por una activista y docente trans de 28 años llamada Quimey Ramos, quien enfrenta legal y judicialmente a la empresa por incumplir la Ley de Identidad de Género, sancionada hace 11 años.
La pelea legal empezó en febrero de 2022, cuando Quimey solicitó una intervención amparada en la ley 26.743 y OSDE la desafilió y la intimó con una carta documento alegando que “no había declarado su ‘verdadero estado de salud”, en referencia a su identidad de género.
La condición para “mantenerla afiliada” que impusieron fue que tendría que pagar un aumento del 800% mensual. Quimey se negó y la dieron de baja. Empezó entonces el litigio judicial: mediante un amparo, la docente y activista consiguió que la prepaga la reafiliara de manera temporal y garantizara los tratamientos solicitados. Pero en una nueva arremetida contra los derechos, la empresa solicitó al juez de la causa que la someta a una pericia endocrinológica y psicológica para determinar “los valores hormonales” al momento de afiliarse, y el juez lo concedió.
“Lo que quieren hacer no tiene ningún sentido médico y científico, y eso demuestra el rol moral ideológico que tiene el poder judicial. Sostienen una perspectiva sobre la salud que es medieval”, expresa Quimey en la asamblea, y agrega: “No pueden negarnos tratamientos o exigirnos a cambio diagnósticos o procesos patologizantes y revictimizantes. OSDE cuenta con varios fallos en su contra y sin embargo sigue sistemáticamente repitiendo la misma lógica, porque les cuesta menos dinero enfrentarnos con procesos judiciales antes que darnos cobertura de lo que son nuestros derechos”, denuncia la activista.
Tiempo Argentino se contactó con OSDE para conocer las explicaciones sobre este tema. La prepaga informó que no dará declaraciones de este caso por estar judicializado y porque “por ley de habas data, no hacemos declaraciones sobre casos puntuales”.
Otro de los casos testigos de este accionar violatorio de derechos es el de NM, une joven trans que también fue desafiliade por OSDE luego de haber solicitado una operación de adecuación de género. NM (así decide presentarse para preservar su identidad), optó por otro camino legal y obtuvo otra resolución, pero en su relato da cuenta del accionar sistemático de la empresa: recibió la misma carta documento que enviaron a Quimey y le impusieron una suba de la cuota del 800%.
“Es un accionar cobarde, intimidante, vergonzante y ventajoso. La excusa de OSDE es que ser trans es una enfermedad preexistente. Me negué a pagar el incremento injusto, alevoso y fui desafiliado pero mis aportes siguieron, me dejaron sin cobertura de salud, pero cobrando”, cuenta en la asamblea NM.
“Al principio cuando recibes la carta quedas en un momento de desolación muy grande, un desamparo”, cuenta NM a Tiempo. La solución que encontró con su abogada fue hacer la denuncia a través del área de Hipervulnerades en Defensa del Consumidor: “No se sabe que tenemos esta herramienta, pero tenemos derecho a una defensa civil, no solamente llegar a un amparo judicial. La defensa a través del consumidor es muy efectiva, hay que tener paciencia y constancia, pero es posible”, explica.
Nina Pizzi, una chica trans de 29 años enfrenta la misma situación, pero con otra prepaga: Sancor Salud. Ante el pedido de una cirugía de feminización facial, le enviaron una carta documento rechazando la operación, alegando primero que el cirujano especialista no es prestador, y luego que la cirugía no está contemplada en la ley de identidad de género.
“Esto es ilegal, tratan de sacar lo que sea para rechazar algo que es caro, pero que estoy pagando con mis cuotas”. Nina, espera con un amparo la resolución para acceder no solo a la cobertura sino a los tratamientos y operaciones que por ley le corresponden.
María Natalia Echegoyemberry, abogada e integrante Grupo Promotor Red Argentina Abogacía Comunitaria que asesoró a uno de los casos que obtuvo resolución y torció el brazo de la prepaga señala que una de las dificultades principales está vinculadas al desconocimiento del derecho y de la normativa nacional e internacional y la falta de formación en materia de diversidad.
“Nos encontramos con organizaciones, personal y auditorías médicas que no tienen perspectiva de género y diversidad. Éste no es un tema sólo de formación, sino que existe una falta de política institucional que establezca criterios compatibles con nuestro ordenamiento jurídico”, marca la abogada. “No se trata sólo de la negación de prestaciones, sino que el trato es denigrante y con ello se incrementa el sufrimiento, la ansiedad y ponen tantas barreras que las personas tienen que “peregrinar” por una respuesta, que además casi siempre es negativa”