Los feminismos han sido objetivo de ataques y amenazas por parte de La Libertad Avanza durante la campaña electoral. Una vez asumido el gobierno concretaron esa violencia por las políticas dirigidas a mejorar la vida de las mujeres y diversidades.
Además de degradar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a Subsecretaría, tanto en el DNU como en las modificaciones planteadas por el proyecto de Ley Ómnibus apuntan a eliminar derechos adquiridos a través de leyes debatidas, consensuadas y sancionadas en el Congreso de la Nación.
En el anuncio de la creación de la Subsecretaría de Políticas contra la violencia de Género que se publicó en el Boletín oficial el miércoles no hay ninguna mención ni anticipo respecto a las políticas que llevarán adelante con las diversidades. Tampoco se conoce cuáles de todos los programas que cambiaron la vida de miles de mujeres quedaría funcionando.
Ese mismo día, se dio a conocer el proyecto de Ley Ómnibus que plantea modificaciones en la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, -conocida como la Ley de los 1000 días. También lo hace en la Ley 27.499, ley Micaela, de capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que trabajan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes. Ambas leyes tienen 3 y 5 años de su sanción y fueron debatidas y aprobadas en forma unánime.
Modificar una ley para afectar otra
Las modificaciones de la Ley Ómnibus en el capítulo VII sobre Niñez y Familia busca eliminar la mención al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y Derechos Humanos, habla de “niños por nacer”, elimina la denominación de “personas gestantes”, y elimina el principio de autonomía de adolescentes.
“Estos cambios sugieren un intento de retorno a estructuras más autoritarias y restrictivas en la toma de decisiones de las personas sobre su salud reproductiva, una parte vital de cualquier biografía”, dice Agustina Ramón Michel, abogada, investigadora del Centro de Estudios de Sociedad y Estado (Cedes) e integrante del Proyecto Mirar que monitorea la implementación de la Ley 27.610 de interrupción legal y voluntaria del embarazo en el país.
Por su parte, la exviceministra de Salud de la Nación y exsecretaría de Acceso a la Salud de la Nación explicó en una entrevista con Radio Nacional de Chaco, que la ley tiene como objeto el cuidado integral durante el embarazo y durante los primeros tres años de vida para asegurar derechos. “Hay una enorme cantidad de leyes que se derogan y se modifican puntualmente en la de 1000 Días, en el primer artículo ya modifica la mirada y quiénes son los destinatarios de la ley.”.
Esas modificaciones sí ponen en riesgo la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que el proyecto de Ley Ómnibus no nombra. “No se mete directamente con la Ley IVE. Pero habla de niño desde la concepción y ahí ya hay un problema, porque puede generar un inconveniente por eso están redactados así los artículos”, agrega.
Al respecto, Ramón Michel expresa, “en términos políticos, los cambios propuestos reflejan un entendimiento sobre el estatus y rol de las mujeres, los adolescentes y aquellos que no se adhieren a las identidades tradicionales de género en la sociedad. Es ridículo, poco práctico e irrespetuoso”, expresa Ramon Michel.
Y agrega, “la eliminación del principio de autonomía progresiva de los adolescentes equivale a decir que, en vez de la adolescente acompañada, sea una médica, un progenitor o una trabajadora social quienes decidan en nombre de la adolescente si continuar o interrumpir su embarazo. Y lo del niño por nacer es el nombre de la batalla ideológica de quienes quieren reinstaurar la penalización de las mujeres y obligarlas a aceptar que sean otros (jueces, políticos, médicas) los que decidan por ellas. Un discurso de la libertad muy tramposo”, finaliza.
De qué se ocupa ahora el Estado
Con respecto a la aplicación de la ley, los cambios también resultan un retroceso en materia de salud. Hasta el momento, la unidad coordinadora que se ocupaba de eso estaba integrada por cuatro ministerios y tres organismos. Ahora se ocuparán el Ministerio de Capital Humano, los municipios y provincias.
Pero lo curioso es que agrega un artículo que habla de“detección del embarazo”. “El Estado pasa a tener un rol de búsqueda activa, incluso ordena la posibilidad de realizar operativos públicos rutinarios, es decir, operativos públicos cotidianamente”, dice a Tiempo Argentino, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad. “Se trata de un giro fundamental, buscan formatear una sociedad, el rol ahora es el de controlar y ‘detectar’ a mujeres embarazadas. La pregunta es ¿para qué?”, agrega. «