El jueves 29 de diciembre se presentaron los resultados de los dos años de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo. El acto fue en el Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno y estuvo encabezado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti; de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra junto a presidente Alberto Fernández.
De acuerdo al informe, en el sistema público de salud se reportaron 132.754 prácticas, se capacitó a más de 2000 profesionales y hay 1443 centros sanitarios que la garantizan en el país. Horas después del acto, Valeria Isla, titular de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación, dialogó con Tiempo.
–A dos años de la sanción de la ley ¿cuál es el balance de su aplicación?
–El balance es positivo. En estos dos años se pudo construir una política pública junto con las Direcciones y referentas/es de salud sexual de las provincias y la colaboración del Consejo Asesor que nos da un piso sobre el cual seguir construyendo una adecuada implementación de acceso a la IVE/ILE. Los aspectos claves son la cobertura territorial, la cantidad de prestaciones informadas por las provincias, en 2021 la capacitación y actualización profesional, el acompañamiento a los equipos de salud con 187 asistencias técnicas para la resolución de situaciones de IVE/ILE, y el aseguramiento de insumos
–Hay diferencias entre las provincias respecto a los efectores que garantizan la práctica, ¿a qué se debe esto?
–En diciembre 2020 cuando se sancionó la ley 27.610 había 903 efectores que realizaban la interrupción legal del embarazo (ILE), por causal salud o violación. Hoy son 1443. Su distribución es desigual entre las provincias y este es uno de los desafíos, reducir estas brechas de desigualdad entre provincias. Fundamentalmente a las condiciones políticas de cada provincia o municipio y a las condiciones institucionales de los efectores, las jefaturas de servicios, direcciones de centros de salud u hospitales. Si son garantistas de derechos y apoyan a los equipos de salud se genera un clima favorable para que los equipos de salud brinden la práctica y para que las mujeres, adolescentes y otras personas con capacidad de gestar acceden de manera oportuna.
–¿Qué injerencia tiene la objeción de conciencia?
–La ley 27.610 regula la objeción de conciencia. Esto es nuevo para las leyes de salud sexual y reproductiva de argentina. Significa que la autoriza en determinadas circunstancias y la delimita. Por ejemplo, no se permite la OC institucional, tampoco de aquellas personas que no realizan la práctica directa. En todos los casos hay que garantizar la atención posaborto. Esta forma de regular la objeción de conciencia permite que se pueda avanzar gradualmente en el cumplimiento de la ley. Todavía quedan muchos desafíos en este aspecto, por ejemplo, evitar las obstaculizaciones.
– ¿Cómo se trabaja con las adolescencias?
-Con las adolescencias se trabaja de manera intersectorial con la Dirección de Adolescencias y Juventudes, con el Programa de Educación Sexual Integral (ESI) y con las áreas de protección de niñeces y adolescencias mediante el Plan de prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia (Plan Enia) mediante equipos territoriales de salud sexual; asesorías de salud integral en escuelas secundarias (ASIE) y en ámbitos comunitarios (DBC) y el fortalecimiento de la educación sexual integral (ESI).
También se incorporaron las prestaciones IVE/ILE en el Plan SUMAR para su cobertura y financiamiento.
–¿Qué hace falta para avanzar en la descriminalización que aún sigue vigente en algunos sectores del poder judicial?
–La ley es robusta y tiene los más altos estándares en protección de derechos de las personas con capacidad de gestar y que garantiza el acceso al aborto y posaborto. También reconoce la autogestión del aborto hecha con medicamentos adecuados produce salud. Las directrices de la organización mundial de la salud (OMS) son enfáticas en recomendar que se elimine la criminalización del aborto y se aborde en todos los casos desde la política sanitaria. Y que los países desistan de criminalizar efectivamente a las personas que interrumpen o ayudan a interrumpir un embarazo. Hoy, a dos años de la sanción de la ley, estamos publicando una nueva actualización del Protocolo para la atención de personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) (2022). «
Las cifras
Cobertura territorial: hoy 1.443 centros de salud y hospitales públicos garantizan IVE/ILE en todo el país. Esto constituye un 59,8 % más de lo declarado en 2020 (903 efectores) y un 7,5% más que en 2021 (1342 efectores).
Cantidad de prestaciones informadas por las provincias: en 2021, las provincias informaron 73.487 interrupciones en condiciones seguras en el sistema público de salud y entre enero y septiembre de 2022 se garantizaron 59.267 interrupciones seguras en sintonía con nuestros protocolos, directrices y recomendaciones sobre estándares de calidad en atención sanitaria.
Capacitación y actualización profesional: se realizó el primer curso virtual en la plataforma del Ministerio de Salud sobre aborto para la implementación de la Ley 27.610 y se logró la certificación de 434 profesionales de la salud y más de 2.000 profesionales de todo el país participaron en actividades de actualización profesional para el acceso de calidad a la IVE/ILE.
Acompañamiento a los equipos de salud: se realizaron 187 asistencias técnicas para la resolución de situaciones de IVE/ILE a las provincias en estos dos años.