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“Sí, estoy demorada, estoy detenida, y puede ser que me quede diez días en la cárcel que es el tiempo que tiene el fiscal para determinar”, se la escucha decir en un audio a la doctora MLR. Junto a ese audio circulaba un video donde se veía de cómo dos policías se llevaban a la médica del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal por haber realizado una Interrupción Legal del Embarazo.
MLR fue denunciada por la tía de una joven que semanas atrás había llegado al hospital solicitando una interrupción legal de su embarazo (ILE)En hospital fue atendida por el equipo interdisciplinario formado por una médica, una trabajadora social y una psicóloga. Luego de ser entrevistada por ellas enforma separada constataron que existía una causal salud y pusieron al tanto al director del hospital. Desde adentro dela institución pusieron en aviso a la familia que la joven estaba allí internada para realizarse un aborto. “En ese momento comienza una campaña mediática muy amarillista y grotesca, dando detalles tremendos para preparar a la opinión pública, y después una tía de la paciente hace una denuncia contra la médica. Todo está registrado en la historia clínica, el procedimiento, el causal pero el juez decidió dar lugar a esta denuncia y la detienen imputada por haber realizado un aborto ilegal”, cuenta a Verónica Cuevas delegada en la mesa nacional de la Red de Profesionales por el Derecho a la Salud, de Salta.
La denuncia y detención fue sorpresiva aun para el directo del hospital que respaldó a la médica. MLR es una profesional fundamental para el acceso a la salud sexual en todo Tartagal. “Cumple un rol fundamental en lo que respecta a derechos sexuales y a la ILE. Es una profesional comprometida con la salud pública que trabaja en consultorios de comunidades originarias, recorre la zona rural donde la salud es un derecho lejano. Que justamente le pase esto a ella nos pareció doblemente triste y doloroso”, afirma Mariana Ortega, activista feminista.
En Salta el panorama no es diferente al resto del país donde los grupos reaccionarios buscan de todos modos atentar contra ley que se votó en diciembre del años pasado, excepto que en esta provincia el componente religioso es muy fuerte. “También es cierto que una vez sancionada la ley el consultorio funcionaba muy bien, y las personas podían acceder a su derecho a la IVE y concurrían fluidamente. Eso es muy importante porque esta zona tiene muchas dificultades para acceder a la salud pública y mucho más a la salud sexual y reproductiva”, dice Ortega.
“En Salta son pocos los profesionales que garantizan la interrupción del embarazo, sobre todo los profesionales médicos y eso hace que estén sobresaturados porque además cumplen sus funciones normales en las instituciones donde están esto implica guardia, atención covid, atención a otras patologías. O sea que no hay una clara intención política de garantizarla”, dice Cuevas.
Una detención con muchas aristas
Dos situaciones llamaron la atención a las militantes feministas. Una es que el abogado de la familia de joven es el mismo que patrocina a un médico denunciado porque realizaba abortos a cambio de abusar sexuales. La situación fue denunciada por MRL. “Esto parece ser un aleccionamiento o un revanchismo contra nuestra compañera”, coinciden las mujeres.
La referenta del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) en Salta, Gabriela Gaspar se refirió al desempeño del Ministerio Público Fiscal. “Fue una intervención que dejó mucho que desear con respecto al conocimiento de la legislación, sobre todo, pone a las claras que vivimos en una sociedad que se maneja desde la subjetividad y no desde la aplicación del derecho”.
“Hubo errores falaces, por lo que a futuro tal vez haya que plantear un jury de enjuciamiento para este fiscal, todo fue instalado desde los medios”, destacó Gaspar. “Esto es un daño a las mujeres salteñas”.
El lugar del Estado
Para Gaspar es urgente que se formen a los efectores de la justicia. “Salta se caracteriza por seguir siendo una provincia que no ha garantizado la formación de perspectiva de género en ninguno de sus niveles y sobre todo enel nivel judicial».
La demanda ya se había hecho a través de la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y tenía que ver con la capacitación de efectores de la salud para garantizar la ley. En ese sentido, Cuevas afirma. “También la protección de los equipos de salud, espacios amigables y garantizar el trabajo a quienes están en los equipos”.
La Justicia y su pleno desconocimiento de la IVE
Mientras detenían a MLR, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta daba a conocer en un fallo dictado por mayoría, que concedió legitimidad al reclamo de un grupo de personas en una declaración de inconstitucionalidad planteada contra la Ley de Interrupción Voluntario del Embarazo (IVE). La decisión puede ser apelada hasta el próximo viernes 10 de septiembre.
La resolución, dispuesta el 27 de agosto pasado por los jueces Guillermo Elías y Alejandro Castellanos, y la jueza Mariana Catalano, adoptó como eje central los argumentos expuestos por el Área Civil de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos, quien acompañó el reclamo de su principal demandante: la exdiputada Cristina Fiore. El 29 de abril, la jueza federal subrogante Mariela Giménez declaró la improcedencia formal del pedido de inconstitucionalidad por “carecer los presentantes de la calidad de sujetos legitimados activos en relación directa a la noción de causa o controversia”.