El 20 de diciembre de 2023, el presidente Javier Milei anunció el DNU 70/2023. La norma incluyó 300 medidas tituladas «Bases para la reconstrucción de la economía argentina». La primera medida anunciada aquel día por el mandatario fue la derogación de la Ley de alquileres, a la que el decreto nombra como «nefasta ley de alquileres». Este anuncio generó una incertidumbre total. Sin marco regulatorio, quienes alquilan quedan en un mano a mano con propietarios e inmobiliarias y pese a lo que profesan los defensores de la libertad de mercado, esto sólo perjudica a los más débiles: lxs que no tienen un techo propio.
En la actualidad se estima que existen 3 millones de hogares inquilinos en Argentina. Se trata, además, de un sector en constante crecimiento. La Ley de alquileres derogada reguló, con deficiencias que se abordaron en las modificaciones realizadas el año pasado por el Congreso, un aspecto inherente a la vida: tener un techo para vivir. Las desigualdades sociales, económicas y laborales que cargan las mujeres y diversidades están presentes en todos los ámbitos de la vida y el acceso a la vivienda no es una excepción. Entonces, ¿para quiénes es nefasta la Ley de alquileres?
Durante la pandemia, desde el Colectivo Ni Una Menos notaron que las consultas recibidas en sus redes sociales ponían el eje en la crisis habitacional como un impedimento para salir de la violencia por razones de género. Las consultas también exponían la vulnerabilidad de las mujeres madres que alquilan, quienes se enfrentaban a los abusos inmobiliarios y a las amenazas de desalojo.
«La alianza entre Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos fue una respuesta a demandas que nos aparecían sistemáticamente y empezamos a trabajar en conjunto sobre estas problemáticas, viendo las zonas de contacto que hay entre los dos movimientos» cuenta Luci Cavallero, integrante de NUM en diálogo con Tiempo Argentino.
La socióloga feminista cuenta el origen del trabajo articulado con la organización Inquilinos Agrupados, que luego de varios años de trabajo logró la aprobación de la Ley de Alquileres recientemente derogada y en 2023 también fue parte de las modificaciones que actualizaron la norma.
Esta confluencia también sirvió para elaborar lenguajes y demandas en común. «Ellxs venían haciendo un trabajo muy importante para politizar la condición inquilina y tomaron también cuestiones del feminismo, como puede ser la importancia de politizar el ámbito doméstico como un lugar donde también operan las corporaciones» agrega Cavallero.
Este año ambos colectivos lanzaron la Encuesta Nacional Inquilina. El informe «Alquilar en la era Milei» fue realizado por la Federación de Inquilinos Nacional y Ni Una Menos con el objetivo de conocer en qué situación económica y de vivienda se encuentran los inquilinos y las inquilinas a partir del DNU 70/2023
El cuestionario obtuvo más de 3300 respuestas y sus resultados dan cuenta del empeoramiento de la situación de quienes deben alquilar. En cuanto a la situación de endeudamiento diferenciada por género, los datos muestran que las mujeres y personas LGBT+ se endeudan principalmente para cubrir gastos de alimentos y el pago de las tarjetas de crédito. En un contexto en el que la inflación escaló más de un 50% en dos meses, el dato respecto al endeudamiento para comer es central. En lo relacionado al estado de la salud mental de lxs encuestadxs, los principales sentimientos expresados son ansiedad, angustia y sentimiento de desesperanza.
Durante enero, desde Ni Una Menos realizaron un pedido de información pública al gobierno nacional por violencia económica ejercida a través del DNU 70/2023, mientras que desde Inquilinos Agrupados presentaron una acción de nulidad y una medida cautelar para declarar la inconstitucionalidad del DNU.
Esto último fue rechazado esta semana por el Juzgado Nacional en lo Civil N° 53 con el argumento de que «es hipotético el conflicto que puede generar en los inquilinos que no haya marco regulatorio para alquilar vivienda».
«Soy madre soltera, por elección» dice con simpleza y orgullo Mercedes. Vive junto a su hija pequeña en un departamento alquilado en el partido de Quilmes. «Alquilo desde hace un montón y no tengo problema con mi alquiler pero hoy me preocupa la renovación, por la inflación y su impacto en el valor de las viviendas» cuenta en diálogo con Tiempo. Ella alquila por dueño directo y cuenta aliviada que tiene buen trato y que no tuvo inconvenientes en alquilar teniendo una niña «e incluso me aceptó con un perro» agrega. Para Mercedes, el cambio de gobierno y la derogación de la Ley de alquileres es una preocupación pero no la asusta tanto como la inflación y el impacto en la renovación de los contratos. «Todavía no sé muy bien, en qué términos vamos a renovar, pero supuestamente se va a a guiar por la inflación».
Las alternativas que tiene son complejas: podría vivir en una casa de su familia pero le cobran el alquiler en dólares. También se enfrenta a la dificultad de no tener garantía y, si bien con la dueña actual no tuvo problemas, sobre todo le preocupa alquilar siendo mamá de una niña. «Sé que no es fácil conseguir otro lugar que lo permita» reflexiona.
Unos cuantos kilómetros más al norte en la Ciudad de Santa Fe, Natalia Oroño, integrante del colectivo Inquilinos Autoconvocados, relata una experiencia similar. También es mamá y jefa de hogar. Transita los días con la preocupación a cuestas de no saber certeramente dónde va a vivir en el futuro. Para ella, profesora de Lengua y Literatura, «el DNU nos dejó a todos los inquilinxs en una situación de vulnerabilidad y de incertidumbre total». En diálogo con Tiempo, dice que este colectivo está compuesto en su mayoría por mujeres, según una encuesta que realizaron recientemente (ver recuadro). Para Natalia, es indispensable que la perspectiva de género sea parte del abordaje en la problemática de la vivienda, incluso dentro de las organizaciones de inquilinos. «Los datos hablan por sí solos y es un debate que tenemos que dar con los compañeros varones también: poder pensar la problemática desde la particularidad que nos atraviesa a las mujeres en esta sociedad», dice. Y agrega: «trabajando más de diez horas por día estoy, como otras, en una situación de pobreza».
Especulación hasta en las políticas sociales
A es una mujer trans en situación de calle. En diciembre dejó de cobrar el subsidio habitacional que otorga el Gobierno de la Ciudad y fue desalojada del hotel donde alquilaba. «Los hoteles cuando ingresás te dicen que no te van a aumentar pero cuando se enteran que te aumenta el subsidio te aumenta también el alquiler», cuenta en diálogo con Tiempo. Estos abusos son frecuentes y ahora, con la derogación de la Ley de alquileres «es todo mucho peor», agrega. Dice que no sabe si podrá encontrar algún hotel «que no tenga esos abusos». En el último desalojo perdió sus cosas, herramientas de trabajo (es vendedora ambulante) y hasta medicamentos. «Me sacaron todas las cosas a la calle y ni me avisaron». Ese desalojo fue en Navidad.
Ahora vive en el Conurbano, en una pieza prestada por su hermana, pero cuenta que tampoco es sencillo. En enero, además, fue víctima de una agresión por un grupo de varones en la plaza del Congreso de la Nación. Cuando llegó la policía al lugar, solo la miraron y la mandaron caminando al Hospital Ramos Mejia. Lo hizo perdiendo sangre y desorientada.
En Berazategui, A conoció a Micaela Casas, integrante de la Asociación Civil Unidos por la Diversidad y desde allí la acompañan. «El Estado argentino tiene una deuda con el colectivo trans travesti y la problemática de vivienda es parte de eso» dice Casas a Tiempo Argentino. La discriminación a la comunidad LGBTIQ+ también se expresa en el acceso a los alquileres, «para nosotres alquilar implica pagar el doble o el triple del alquiler publicado» afirma. Agrega que esto genera que las viviendas a las que pueden acceder están en malas condiciones y tienen peores servicios. «