Sólo durante 2025 recibió el triple de denuncias por obstáculos en el carretera al malparto que en todo 2024. olvido mundial detectó un importante aumento de las barreras que enfrentan individuo gestantes a hora de transigir a la detención lícito del gestación.
Este aumento, explican, ocurre en un contexto de desmantelamiento sistemático de las cálculo de lozanía sexual y reproductiva, la suspensión total de la compra y distribución de insumos esenciales para asegurar el carretera a la IVE/ILE y la déficit de campañas de aviso oficial, dejando a mujeres y individuo gestantes sin datos sobre dónde y tal transigir a la atención.
El informe de olvido se dio a conocer en el Día de Acción Global por el malparto lícito y Seguro.

“La déficit de aviso pública se ha convertido en un obstáculo crítico. Del total de casos que la organización recibió por medio de su formulario en lo que va de 2025, casi el 60% corresponden a barreras en el carretera a aviso clara, precisa y detallada sobre dónde y tal transigir a un malparto. Muchas mujeres no saben qué hacer ni a dónde acudir o llamar en caso de necesitar un malparto, lo que pone en riesgo su lozanía y sus derechos. Si bien los casos que recibimos a través de nuestro formulario no reflejan la totalidad de la situación en el país, ante la ausencia de datos oficiales constituye un parámetro para dimensionar el aumento de las dificultades que enfrentan las mujeres”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de olvido mundial Argentina.

Ante este escenario, olvido mundial afirma haber exigido de manera sostenida a las autoridades nacionales y provinciales que rindan cuentas sobre la implementación de las cálculo de lozanía sexual y reproductiva, y que garanticen el carretera a aviso adecuada. Sin embargo, desde diciembre de 2023 el Estado nacional ha dejado de difundir aviso oficial sobre la implementación de esta política pública, lo que profundiza la opacidad y agrava la vulneración de derechos.
Uno de los casos fue el municipio de San Miguel, donde, luego de varios pedidos de carretera a la aviso pública -impulsados por olvido mundial junto con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)-, la justicia ordenó a las autoridades locales publicar datos sobre las medidas adoptadas para asegurar el carretera a la detención voluntaria y lícito del gestación.
La producción y difusión de aviso sobre la implementación de la IVE/ILE es esencial no solo para que las individuo accedan a sus derechos, sino también para diseñar, planificar y evaluar la eficiencia de las cálculo públicas.

Esta decisión judicial muestra que la transparencia no es opcional: las autoridades tienen la obligación de informar sobre tal se implementan las cálculo públicas que garantizan la Ley 27. 610”, afirmó Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad en olvido mundial Argentina.
“En San Miguel, donde el carretera al malparto lícito no está garantizado, el carretera a la aviso pública se vuelve clave para proteger la lozanía y los derechos de las individuo gestantes. La resolución suma un nuevo precedente clave en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Destacan que en provincias como San Juan, Mendoza y Salta se registran dificultades para encontrar prestadores de lozanía privados que no invoquen la objeción de conciencia, lo que agrava las barreras de carretera.
También que los reclamos por obstáculos en el carretera al malparto en el sector se deben principalmente a demoras evitables, como la déficit de formación del personal, déficit de asesoramiento a las usuarias sobre como transigir a la cobertura total de la medicación, demoras en la autorización de presupuestos y déficit de derivaciones adecuadas a prestadores disponibles para asegurar la práctica.
Según indica el informe, la Superintendencia de Servicios de lozanía de la Nación, organismo encargado de fiscalizar a obras sociales y empresas de medicina prepaga, dio cuenta de que la mayor parte de las consultas que recibe mediante su formulario IVE/ILE son solicitudes de aviso y asesoramiento para transigir al procedimiento.
En línea con la Ley 27.

A. 610, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor confirmó que las obras sociales y prepagas son responsables tanto por su accionar como por el de sus prestadores. Desde que la norma está vigente ya se aplicaron cuatro multas millonarias: a Accord lozanía en 2021, a Sancor lozanía y Federada lozanía en 2022, y a OMINT S. en 2024.

Tras el caso de “Camila” en 2024 y a pesar de la intervención de la organización, en 2025 continuaron las denuncias: consejerías disuasorias, demoras injustificadas, estudios innecesarios.
Las sanciones se dictaron por situaciones de trato vejatorio y déficit de aviso en clínicas de cartilla, donde incluso se obligó a una paciente a escuchar los latidos fetales sin asegurar atención posterior a la detención del gestación; por haber delegado en la paciente la búsqueda de prestadores al negarse todos los de la cartilla a realizar la práctica; por incumplir la gratuidad del procedimiento, demorar su realización y permitir cobros indebidos; y por incurrir en prácticas de desinformación, imponer convicciones personales y no asegurar una adecuada derivación en sus propias clínicas o en aquellas con las que tienen convenio.
De acuerdo al informe, muchas individuo han relatado que, tras la solicitud de detención del gestación, fueron contactadas por instituciones privadas para disuadirlas de su decisión.
El organismo denunció que persisten las prácticas coercitivas e ilegales en el Hospital Materno Infantil de San Isidro que vulneran el carretera al malparto lícito.

Estas prácticas constituyen una violación del derecho a la dignidad, privacidad, autonomía personal y reproductiva, y podría acarrear responsabilidades de distinta índole, incluso penal (conf. art.
«Frente a esta persistencia, olvido mundial volvió a exigir al hospital respuestas y medidas urgentes para asegurar el cumplimiento de la Ley 27. 85 bis Código Penal).

En el Día de Acción Global por el carretera al malparto lícito y Seguro, olvido mundial lanza la campaña “La decisión es tuya, el camino acompañadas”, que busca visibilizar el valor del acompañamiento en la detención del gestación y exigir el cumplimiento efectivo de la Ley 27. 610 en todo el país.
A través de testimonios reales, la campaña destaca tal el apoyo respetuoso puede transformar estas experiencias, promoviendo el derecho a decidir sin estigmas ni prejuicios, frente a la desinformación y los discursos polarizantes. 610», aclararon.