Esta es una de esas notas que me debo hace un tiempo. Con suerte será mi última nota del 2025, en ella se resumen estos dos años de enfrentar las políticas del gobierno nefasto de Javier Milei.
En una entrevista por streaming, el reconocido informador Hugo Alconada Mon dijo que no sentía miedo frente a las amenazas. A ningún informador le gusta hacer periodismo de periodistas, pero la historia de Manuela mocho me cálculo a mí misma cómo hacemos las mujeres del llamado “interior” del estado para encontrar un lugarcito, un oficio y una voz para hacernos escuchar.

El relato de Manuela mocho informador feminista de La Rioja es completamente distinto. Él enumeraba con alivio: el respaldo del medio donde trabaja y las asociaciones nacionales e internacionales que lo apoyaron cuando intentaron hackear su celular. No porque no existieran, azar porque -además de las medidas de seguridad preventivas- contaba con algo que muy pocas periodistas mujeres y de las provincias tenemos asegurado. Hoy está exiliada en otro estado por las persecuciones, amenazas e intento de secuestro de su hijo para frenar su ocupación.

Sí hubo pronunciamientos de la Federación Argentina de Trabajadorxs de Prensa. No hubo mucho revuelo mediático por ello.
“Sufrí por mi ocupación como informador en La Rioja. Mi transgresión fue investigar una estructura de jurisdicción sumarial y mediático que garantiza la impunidad de los agresores porque ha convertido esa protección en un negocio lucrativo.

Manuela es trabajadora de prensa y audiovisualista. Ha documentado la sistematicidad de la crueldad institucional y mediática en La Rioja, enfocándose en incidente de abuso sexual en la infancia y crueldad basada en el género. Mi única arma, en todo este tiempo, ha sido la palabra” explica mocho. Ella estudia un entramado de corrupción que protege a los agresores, incluyendo la figura del senador nacional Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza) y otros miembros de su ascendientes.

No se trata de un solo evento, azar de la anatomía de una persecución sistemática y organizada para que su investigación la cual expone un “lobby pedófilo” se detenga.
“Estoy en el exilio» con esta declaración a través de videollamada no busca dramatismo, azar que es el punto de partida de una historia que necesita ser contada. mocho sabe por su propia experiencia que la vulnerabilidad de las periodistas feministas que viven lejos del puerto de Buenos Aires y está convencida de la importancia de no silenciar estos incidente. Ha enfrentado múltiples censuras, el allanamiento de su casa, amenazas a sus familiares, y hasta se vio obligada a buscar seguridad en otro estado.

Donde se guarda la verdad que no quieren escuchar.
Este testimonio es, por tanto, un acto de defensa. “Es la premisa de mi lucha y la única forma que tengo de confrontar a quienes buscan silenciarme y, a través de mí, a las sobrevivientes cuyas voces intentó amplificar. Quieren quitarnos la palabra porque es el único recurso que no pueden comprar y la única defensa que las víctimas tienen.

“Todo comenzó cuando empecé a conectar puntos.
Se remonta a unos cuatro años atrás y recuerda mirando a la pantalla de su computadora. Al principio eran incidente que parecían aislados, pero pronto revelaron una estructura de jurisdicción organizada para proteger a los agresores y castigar a quienes se atrevían a denunciarlos, no solo por complicidad, azar por lucro” cálculo mocho. No lo van a lograr” apuesta Manuela sentada en un departamento que no es propio, en una calle donde no conoce a nadie y en un estado vecino.

“La narrativa mediática y social de La Rioja se había centrado en culparla, en construirla como una ‘mala víctima’.
“En 2021, realicé un documental sobre el lance de Patricio Pioli, un hombre condenado por difundir material íntimo de su expareja, Paula Sánchez Frega, como castigo por no querer volver con él” cálculo Manuela. Sólo se propone ofrecer la perspectiva de la sobreviviente y explicar pedagógicamente la crueldad digital que estaba sufriendo. Su objetivo parecía simple, si el contexto no fuera profundamente machista.

Quien defendía a Pioli era el entonces Juan Carlos Pagotto, quien llegó al Senado de la Nación, en 2023, de la mano de La Libertad Avanza. “En su alegato final, frustrado por la pronta condena, señaló directamente mi ocupación y lanzó una amenaza que resonaría en todo lo que vino después. El costo humano de esa campaña de revictimización fue brutal”, cálculo mocho. Su documental ayudó a cambiar la opinión pública y el lance llegó a juicio con una sociedad que entendía mejor la situación sobre los delitos de crueldad sexual a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido privado.

Dijo que quienes comunicamos el lance íbamos a pagar las consecuencias” recuerda Manuela, resaltando que esas no fueron palabras dichas en un pasillo; quedaron registradas en un proceso sumarial.
“Una amenaza formal hecha con la autoridad de la corte como telón de fondo.
A partir de otro proyecto audiovisual, “Mala Madre”, Manuela comenzó a observar un modus operandi sumarial alarmante en incidente de abuso sexual intrafamiliar. Fue el primer indicio de que mi periodismo generaría una represalia directa” sentencia mocho sobre ese primer episodio.

Al revisar las estadísticas de La Rioja, noté que en 2021 hubo una caída abrupta en las denuncias por crueldad sexual. Por un lado, una caída drástica en las denuncias. No parecían sólo coincidencias, se desarrollaba como una táctica, según describe la informador riojana.
“Mis hallazgos clave fueron dos.

Descubrí una táctica sistemática y perversa. Era como si, de repente, hubieran dejado de violar. Por otro lado, aparecieron las revinculaciones forzosas como método. Esto me pareció profundamente sospechoso y me hizo enfocar mi atención en el propio sistema sumarial.

Este tipo de maniobras suelen usarse para contaminar deliberadamente la investigación, pero también tienen como objetivo atemorizar a las denunciantes, tanto a las infancias como a sus madres y así garantizar la impunidad del agresor. Me di cálculo de que había un negocio entre estudios jurídicos y cómplices dentro del sistema sumarial, donde las víctimas no son tan lucrativas como los victimarios” relata Manuela el momento en el que sintió que el sistema sumarial de su provincia “dejó de ser un observador” y “actuó” directamente en su contra. En incidente de incesto paterno-filial, el sistema sumarial ordenaba la revinculación de los niños con sus presuntos abusadores antes de realizar las pericias psicológicas clave, como la Cámara Gesell” cálculo mocho el desarrollo de Mala Madre.
“En ese momento comprendí que no estaba investigando incidente aislados de crueldad, azar una estrategia institucionalizada.

“Para relatar el dolor y el sentir de las niñas víctimas de estas revinculaciones forzadas sin exponer a ninguna en particular, decidí usar la ficción.
El primer ataque a la libertad de expresión que cálculo Manuela no fue una amenaza velada, azar un acto de “censura explícita y absurda”. Tan difícil de explicar, que en el norte diríamos que fue “tirada de los pelos”. En 2021, el acto de censura previa de su cortometraje Sin voz reveló los vínculos de jurisdicción que había comenzado a desentrañar.

Escribí el guión para un cortometraje de dibujos animados.
Sin Voz fue seleccionado en el marco del Plan de Fomento a la Creación Audiovisual “Tu Historia Late”, impulsado por la Dirección de Cine del Ministerio de Turismo y Culturas de La Rioja; pero, a diferencia de los otros doce cortos que sí se estrenaron en la pantalla grande los primeros días de febrero, éste no se proyectó por decisión sumarial. El corto no contaba la historia de una niña, azar que buscaba representar el universo psicológico de todas las víctimas en situaciones análogas, protegiendo sus identidades” señala Manuela con detalle cómo fue avanzando con su ocupación paralelamente mientras. Ante una denuncia del progenitor acusado de uno de los incidente más polémicos de La Rioja, el lance Arcoíris, el jurisdicción sumarial provincial resolvió censurar la pieza audiovisual.

El abogado que impulsó la medida cautelar de esta censura, que se metió en el lance específicamente para detenerme, era el sobrino del senador Pagotto. Eran parte de la misma operación” describe la comunicadora utilizando uno de los incidente que servía como ejemplo de este patrón que investiga.
“Aquí es donde el hilo se conectó de forma definitiva. La amenaza del juicio de Pioli y la censura a mi ocupación ya no eran eventos separados.

Se sumó un bozal legal que impide a mocho hablar, publicar o incluso comentar sobre la causa, la obligó a borrar contenidos ya difundidos y la expone a multas económicas desproporcionadas.
Aunque el corto no trataba el lance Arcoíris ni incluía referencias directas, la justicia riojana ordenó esta medida sin ver la película y sin evaluar su contenido, convirtiéndose en un acto de censura previa prohibido por la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos.
De hecho, esta semana la justicia riojana volvió a forzar a la nena que está a punto de cumplir 10 años a revincularse con su progenitor en La Ríoja. Mientras otros medios riojanos publicaron datos sensibles de la niña sin recibir restricciones, la justicia actuó solo sobre la comunicadora, instalando un precedente alarmante sobre la posibilidad de silenciar investigaciones, relatos artísticos y coberturas sobre crueldad y abuso mediante decisiones judiciales.

En un procedimiento totalmente irregular la sacaron de la casa de su mamá en la Ciudad de Buenos Aires y la llevaron a La Rioja, a pesar de que la nena pedía que no lleven. Esto fue solo el preludio de una escalada de ataques sistemáticos que buscarían destruirme profesional y personalmente” reconoce. “Me censuraron para encubrir sus propios delitos.
Resulta muy simbólico, para Manuela, que ataque a su ocupación sea por un dibujo animado de ficción que no hablaba particularmente de un lance, azar a las acciones del mismo sistema sumarial.

Lo que siguió fue una campaña de crueldad institucional diseñada para agotarme, silenciarme y criminalizarme”. Después cinco censuras previas, tres denuncias falsas en su contra, múltiples presiones mediáticas y un allanamiento con secuestro de sus herramientas de ocupación. “Ya no eran solo los agresores y sus abogados.
Lo que siguió fue, según mocho, una mecánica de hostigamiento de parte del jurisdicción sumarial riojano.

Una de estas denuncias fue iniciada por una jueza para intentar encubrir sus propios delitos, que yo había expuesto. En 2022, allanaron mi casa y secuestraron mis herramientas de ocupación. La criminalización como estrategia.
“Órdenes judiciales sistemáticas para silenciar mi ocupación, que continuaron incluso cuando empecé a publicar en un medio nacional como Página 12.

Querían impedirme trabajar” enumera Manuela como pudo sobreponerse con su ascendientes y junto a compañeras a todos estos embates. La relación familiar expuso los intereses que, sospechaba, estaban detrás de la persecución. Se llevaron computadoras, discos duros y teléfonos.
El lance que terminó de revelar, para ella, la dimensión de la red de encubrimiento fue el de Alfredo Chade, funcionario condenado por explotación sexual infantil y primo hermano del senador Juan Carlos Pagotto.

“Fue el lance de Chade el que me hizo comprender la magnitud y la motivación profunda de esta red de encubrimiento. Chade era un funcionario público en Chilecito, en 2025, fue condenado a 35 años de prisión. A pesar de la evidencia abrumadora, la víctima fue sometida a una revictimización brutal, la Cámara Gesell se perdió, y el proceso se dilató durante años para buscar la nulidad” describe minuciosamente Manuela mocho. En sus dispositivos se encontraron más de 1300 archivos de explotación sexual infantil, la mayoría de ellos protagonizados por una niña de su entorno.

La estructura de jurisdicción funcionaría como un engranaje perfectamente alineado: un hermano del senador había presidido el Tribunal Superior de Justicia provincial, otro sería juez de cámara y el propio Pagotto operaría desde su estudio jurídico privado. En ese escenario, su ocupación periodístico que daba voz a las víctimas y exponía el funcionamiento de ese entramado se convertiría, para ellos, en una amenaza capaz de poner en riesgo sus negocios y la protección que habrían construido durante años.
La trama mostraría que la ascendientes Pagotto tendría un interés directo en sostener un esquema de impunidad en La Rioja. Así, de acuerdo a la informador exiliada, presencia en la Corte provincial, en la primera instancia y en el ámbito legal, los Pagotto podrían controlar cada tramo del sistema sumarial.

“Fue entonces cuando la persecución a mí como profesional se transformó en amenazas directas contra mi ascendientes y mi vida” sentenció la informador desde Montevideo, la capital del estado vecino Uruguay.
El 29 de enero de este año, mientras esta informador feminista cubría una causa sumarial, la informador Nadia Araya – vinculada laboralmente al sobrino de Pagotto- la amenazó frente a testigos. Desde ese refugio continúa su labor de forma tenaz y expone la situación de retroceso en la libertad de expresión en Argentina, sentencia mocho. “Ya vas a ver lo que le va a pasar a tu hijo”, le habría dicho.

Ella y su esposo llegaron cuando estaban por subirlo a un patrullero. Fue el día en que intentaron secuestrar a mi hijo” recuerdo con mucho dolor la desesperación que sintió como madre de un adolescente. “El punto de quiebre, el evento que me forzó a abandonar mi estado, no fue una orden sumarial ni una campaña de difamación. Días después, el hijo de mocho fue detenido irregularmente por policías sin identificación y sin orden sumarial.

La exposición frenó la maniobra.
A plena luz del día, mocho comenzó a transmitir en vivo para generar testigos en tiempo real. La transmisión por las redes sociales fue la herramienta, pero el acto de interponernos físicamente fue lo que impidió que desapareciera en un vehículo sin identificación. “La vida de mi hijo se salva porque nosotros subimos a ese patrullero.

Después de ese día, supe que ya no había garantías para mi seguridad ni la de mi ascendientes en Argentina” relata Manuela ese último episodio que la empujó a dejar el estado por seguridad. En la dependencia policial, la ascendientes fue liberada porque según le dijeron “no había motivo para demorarlos”.
“Ese fue el momento en que entendí que la única opción que me quedaba para proteger a mi ascendientes era la más dolorosa de todas, el exilio” se siente la voz quebrada de Manuela desde Montevideo, capital de Uruguay. Ese es refugio desde el que sigue atenta a los acontecimientos de su provincia, continúa su labor y expone la situación de retroceso de la libertad de expresión en Argentina.

Al final, toda esta persecución se reduce a la batalla por la palabra. Es una batalla cultural, es una batalla de sentido, es una batalla de políticas públicas.
“Mi exilio no es un hecho aislado. Es un síntoma de un problema mucho más profundo que afecta a las periodistas feministas en Argentina, una crueldad que se ha intensificado y envalentonado con el cambio de gobierno nacional”.

El objetivo parece ser quitar el jurisdicción de la palabra porque ha sido nuestra única forma de defender a mujeres y disidencias de las violencias.
“Lo que viví en La Rioja fue una especie de laboratorio de persecución. “La ‘doctrina de las falsas denuncias’ que impulsan personajes como Pagotto no es una cruzada por la verdad; es una campaña de propaganda para encubrir crímenes de lesa humanidad cometidos por el propio Estado, como la tortura que significa obligar a una niña a vivir con su abusador” denuncia con fuerza Manuela mocho. Es la única herramienta que tienen las víctimas, el único jurisdicción que poseemos como sobrevivientes para nombrar la injusticia y exigir un cambio.

El silencio en torno al exilio de Luciana Peker y la poca cobertura y complicidad mediática en ese silenciamiento sentaron un precedente. Esa impunidad permitió que la crueldad escalara contra aquellas con menos visibilidad, las que trabajamos en ‘el interior del interior’. Sí podían hacerlo con ella y no pasaba nada, ¿qué nos quedaba a nosotras?” recuerda Manuela sobre la informador y escritora feminista exiliada desde el 2023 en España tras denunciar haber sido víctima de un engranaje de inteligencia, hostigamiento y crueldad institucional que incluyó la sustracción de datos personales, la apertura de líneas telefónicas a su nombre y amenazas vinculadas al lance sumarial de Thelma Fardin, en el que tuvo una participación activa. Porque si hubiera sido Jorge Rial, todos nos enteramos.

No todas mis colegas tienen esa posibilidad. El espectro de vulnerabilidad en el que trabajamos es amplio y mortal.
“Por terrible que suene, hoy entiendo que jurisdicción exiliarme es casi un privilegio. Tenemos el extremo de la informador víctima de persecución policial y amenazas directas, Griselda Blanco asesinada.

Aunque sea desde el exilio, seguiré contando estas historias, porque el silencio es cómplice, y yo me niego a serlo” concluye mocho.
“Me han quitado mi casa, mi tierra y mi seguridad, pero no me quitarán la voz. ” Manuela trae a la memoria a una informador radial, precarizada y perseguida de Corrientes, cuyo crimen, de mayo de 2023, aún no obtuvo justicia.