Una encuesta realizada por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense reveló que el 66,5% de las mujeres no recibe la cuota alimentaria o lo hace de manera eventual, y que sólo el 10% considera que ese aporte económico es «suficiente» para cubrir todos los gastos y necesidades de sus hijos e hijas.
El incumplimiento económico tiene otro correlato: sólo el 10% de los progenitores se hace cargo de los cuidados y la crianza.
La investigación, un trabajo inédito presentado este miércoles en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, se titula «Incumplimiento de la obligación alimentaria en la PBA: un problema estructural que profundiza las desigualdades de género» y se realizó en base a una encuesta que respondieron más de 6 mil mujeres de los 135 municipios, entre junio y julio de 2021.
La mayor parte de las encuestadas tiene entre 26 y 55 años, el 56% cuenta con estudios terciarios y el 25% con secundario completo, y trabaja en relación de dependencia formal (41,7%), de la economía popular (19,4%) o están desocupadas (18,1%). Y un dato no menor: el 54% de las respuestas corresponden a hogares monomarentales.
Los resultados le ponen números a una realidad que es conocida y, lamentablemente, naturalizada en nuestro país. Durante la presentación, Sabrina Cartabia, Sol Calandria y Lucía Cavallero, funcionarias del ministerio de las Mujeres a cargo del informe, remarcaron que el trabajo «busca visibilizar y proponer soluciones a la violencia económica, documentar los obstáculos existentes en el sistema actual con la finalidad de plantear propuestas a los diferentes poderes y niveles de gobierno para realizar cambios que acerquen a las mujeres, niñas, niños y adolescentes el acceso al derecho a la obligación alimentaria».
No sólo aborda el aspecto socioeconómico, sino también el jurídico y las responsabilidades parentales de cuidado.
Las cifras de la desigualdad
En concreto, el sondeo reveló que el 51,2%, más de la mitad de las mujeres encuestadas declaró no percibir ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas y/o hijos. En tanto, el 41% sí recibe dinero, aunque un 24,9% dice que es realizado de manera regular y un 15,3% de manera irregular. Es decir, que más de la mitad de las encuestadas, el 66,5%, no recibe obligación alimentaria, o sólo la percibe eventualmente.
La gran mayoría de las mujeres encuestadas indicó que, en los casos en que el progenitor cumple con sus obligaciones alimentarias a través de dinero, el monto resulta escaso o alcanza a cubrir solo algún gasto o necesidad particular. De hecho, sólo el 10% considera que es «suficiente» para cubrir todos los gastos y necesidades de niñas, niños y adolescentes.
Frente a esta situación, las mujeres se ven obligadas a adoptar distintas estrategias para garantizar que no les falte nada a sus hijos e hijas y que van desde endeudarse a incrementar las horas de trabajo para solventar los gastos. El 32% admitió pedir ayuda económica a familiares o a su círculo cercano, mientras que el 12% recurrió a créditos, lo que significa que el 44% necesita pedir dinero prestado para llegar a fin de mes.
«De esta manera, el incumplimiento de la obligación alimentaria hace pasar a las mujeres de la condición de acreedoras (ya que a ellas se les debe la distribución en igualdad de la manutención y el cuidado de hijas e hijos) a la condición de deudoras, afectando su posibilidad de ejercer una vida autónoma», se subraya en las principales conclusiones del trabajo sobre las consecuencias que tiene el incumplimiento alimentario de los padres.
La investigación también confirma que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias no solo se expresa en los aspectos materiales como comida, ropa o salud, sino que «supone también el desligamiento respecto a las responsabilidades de cuidado y crianza», una situación que golpea con mayor dureza a los hogares de los sectores populares. ¿Cómo se las arreglan las mujeres? El 23% los cuida sola, el 35% recurre a familiares y amistades, el 4% a guarderías, jardines y escuelas, mientras que el 5% contrata a una persona. Sólo el 10% de los hombres se ocupa del cuidado, según las encuestadas.
«El incumplimiento del pago de la cuota es una forma de ejercer la violencia por razones de género, de tipo económica, que produce pérdida de autonomía de las mujeres», sentencia el trabajo entre sus conclusiones y agrega que «se transforma en una herramienta de manipulación, extorsión y dominio». A esta violencia económica se le suman otros tipos de violencia como la física, la psicológica y la sexual.
El trabajo enumera los obstáculos que se le presentan a las mujeres al momento de realizar una denuncia por el incumplimiento económico y la falta de información en la mayoría de los casos es la clave. El 45,9% dijo desconocer el marco normativo sobre la obligación alimentaria, mientras que el 65% no conoce centros de atención, asesorías de familia, o centros de acceso a la justicia que asesoren o trabajen sobre el tema.
«La mayoría de las personas, incluyendo a los progenitores y operadores de justicia, entre otros, no consideran que el pago de la obligación alimentaria sea un derecho de las infancias y una medida en contra de la violencia económica», resumió la investigación en otra de sus conclusiones.
La demora en el proceso judicial, la extensión del uso de estrategias dilatorias y el tener que presentar pruebas de cómo y en qué se gasta el dinero de las y los hijos, se agregan al listado de obstáculos. Además, la Justicia suele establecer como aporte alimentario una cifra que va entre el 20 y el 35% del salario del padre como aporte alimentario.
El Poder Judicial, el gran deudor
En el final de la presentación, la ministra de las Mujeres, Estela Díaz, sostuvo que los resultados de la encuesta muestran que «el gran deudor sigue siendo el Poder Judicial» y que es necesario «mucho más Estado presente».
«Son terribles los resultados. No teníamos expectativa de encontrarnos con algo distinto, pero cuando se corrobora en la investigación lo ves todo junto y decís qué fuerte es el entramado patriarcal de relaciones sociales interpersonales», afirmó la ministra y consideró que se trata de «una sociedad que convive con el abandono económico concreto y con el abandono emocional, que sigue siendo asumido en su mayoría por las mujeres».
Díaz también apuntó que la investigación va acompañada por 32 recomendaciones que son líneas de acción para avanzar y generar cambios en la problemática, y que abarcan a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En ese listado están el proyecto de ley integral de violencia por razones de género; otro proyecto de alimentos provisorios obligatorios; la actualización del Código Civil provincial; notificaciones judiciales más ágiles y la regulación del acceso a los patrocinios jurídicos gratuitos, entre otros.
«Por más desalentador que sea el resultado, nunca es triste la realidad, pero creemos que tiene remedio y es con mucho Estado presente», cerró Díaz.
La asesora presidencial Dora Barrancos, quien también participó de la presentación, celebró la publicación del informe y aseguró que es «muy pionero» porque «hay pocos de estas características en nuestro país».
También apuntó que el incumplimiento en el pago de la cuota está naturalizada a nivel social. «No hay sanción social para este brutal incumplimiento y hay una naturalización y se los dice quien ha padecido esto. Hay una suerte de indolencia social por lo cual esto está permitido», señaló.
En el final, apuntó a la responsabilidad que tiene la justicia en esto. «Incluso las feministas hemos estado muy tarderas en esta denuncia. Y efectivamente es una falta, un default. No bastan los fallos (a favor del pago) porque no se cumplen en el 50% de los casos», remarcó y agregó: «Necesitamos un poder judicial que se entienda con el derecho, con la justicia».