El 3 de marzo un Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un informe luego de haber realizado oficial al Estado de Argentina con el objetivo de abordar la violencia contra las mujeres en el ámbito político.
En su informe, las mujeres expresaron su preocupación dado que la violencia generada en los medios de comunicación dio origen al intento de homicidio del que fue víctima la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También señalaron que la violencia política contra las mujeres se dirige a su vida personal y a su vida familiar. Es precisamente lo que pasó el jueves 6 de abril durante el programa +Viviana conducido por Viviana Canosa durante un diálogo con la periodista Laura Di Marco.
La delegación integrada por Marcela Huaita Alegre, de Perú, integrada por las Expertas Leila Linhares Barsted, de Brasil, Lourdes Montero Justiniano, de Bolivia, y Sylvia Mesa Peluffo, de Costa Rica, y por la secretaria técnica del MESECVI, Luz Patricia Mejía Guerrero y la periodista Tatiana Bensa y acompañada por la experta independiente del país, Susana Charotti constató que en el país subyace un clima de hostigamiento, ataques e impunidad contra las mujeres que participan en la vida pública y política.
En esta ocasión, el habitual odio y misoginia que caracteriza el programa de Viviana Canosa, señal en la que se emita, tuvo como centro a la hija de la vicepresidenta. Fue la periodista Laura Di Marco quien emitió una serie de consideraciones sin ningún soporte científico, pero con un tono estigmatizante y violento. Cuestionada en Twitter, Di Marco respondió, “toda mi carrera de +de 30 años está basada en un mix entre política y psicología”. Tildó de K a los profesionales de la salud que refutaron sus afirmaciones y de “militantes” a los periodistas que la repudiaron.
En ese sentido, el informe de las expertas (confeccionado hace más de un mes) señala dos ítems: uno referido a los medios de comunicación y otro a la falta de condena pública ante estos casos.
“La delegación pudo evidenciar que el discurso de odio contra las mujeres políticas, especialmente las máximas figuras como la vicepresidenta, la presidenta de la Cámara de diputados, o las lideres sociales y políticas de las provincias (…) Estos hechos se agravan por una evidente tolerancia por parte de los órganos del Estado, que parece ser sistemática”, destacaron.
La violencia simbólica y política particularmente contra Cristina Fernández de Kirchner se convirtió en un ejercicio habitual en los medios de comunicación hegemónicos del Grupo Clarín y del Grupo La Nación. Y en menor medida en otros medios satélites.
La diferencia es que esta vez el Estado practica una intervención activa: la señal La Nación+ deberá enfrentar una denuncia en su contra del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. También desde el Enacom, su vicepresidente Gustavo López anticipó que se elevará un pedido de sumario al canal y la Defensoría del Público tiene sus equipos trabajando para pedir informes respecto a estos dichos.
Con respecto a lo que sucede en los medios de comunicación, el informe dice: “el Comité considera importante recordar que esta violencia causa daños y sufrimientos graves a las mujeres, incluyendo daños psicológicos, físicos, sexuales, laborales y perjuicios económicos, quienes a menudo son objeto de victimización ulterior debido a estereotipos de género perjudiciales y negativos, prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos”.
Incluye una serie de recomendaciones entre las que se destaca: “promover que los medios de comunicación y las redes sociales no violenten los derechos de las mujeres, la imagen de las mujeres que participan en la vida pública y su privacidad, y combatan los contenidos que refuerzan, justifican o toleran la violencia contra las mujeres en la vida política”, “eliminar como parte de una política editorial interna toda expresión que desprestigie a las mujeres con base a estereotipos de género y asegurar el respeto a los derechos políticos de las mujeres y a la reputación de las mujeres que participan en la vida política”; “promover el uso responsable y respetuoso de la comunicación, a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación, en relación a los derechos de las mujeres y su participación política, con particular atención al periodo legal de campaña electoral”.
Ninguna de estas pautas prevalece hoy en las pantallas hegemónicas de los medios de la televisión argentina.
Al respecto, el secretario general de la Defensoría del Público, Pascual Calicchio explicó en Twitter el lunes cómo es el funcionamiento de la defensoría en estos casos. “La Defensoría del Público actúa según lo que marca la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Que a pesar de las modificaciones que sufrió sigue vigente). No tiene capacidad de sancionar, pero sí puede informar al ENACOM ante violaciones a la ley”.
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) inició un sumario a la señal televisiva LN+ “ante la presunta violación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en el programa +Viviana”, conducido por la periodista Viviana Canosa con la intervención de su colega Laura Di Marco como entrevistada, “donde se habrían difundido enunciados estigmatizantes y discriminatorios sobre la vicepresidenta de la Nación y su hija”.
Producto de las expresiones vertidas el día 06 de abril de 2023 “en ese programa” pone en conocimiento de la ciudadanía las acciones que tomará conforme a la Ley N°26.522 (LSCA), que regula la actividad de los servicios de comunicación audiovisual”.
El Enacom indicó que “durante esta etapa se llevará adelante un proceso de análisis y evaluación del programa en cuestión, y en caso de concluir que el mismo contraviene la normativa, se procederá a iniciar el cargo pertinente de conformidad con lo previsto en el artículo 102” de la ley «para que el responsable de la señal LN+ haga su descargo”.
“Finalmente, y concluida esta etapa, se analizará si corresponde la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 103 y 110” de la ley, se explicó.
La Asociación Colegio de Psicoanalistas se pregunta respecto del motivo que tuvieron Di Marco y Canosa para hacer las afirmaciones sobre la salud mental de la hija de la vicepresidenta.
“Como profesionales de la salud mental consideramos que la potencia discursiva que contienen determinadas opiniones emitidas en espacios públicos con una notable difusión, debiera obligar a quienes hacen uso de ellos a realizar una profunda reflexión para poner en escala las consecuencias de sus manifestaciones”, expresaron.
“La periodista Laura Di Marco -en un diálogo con una complaciente Viviana Canosa- emitió al menos siete afirmaciones diagnósticas y etiológicas: adicción, abuso, anorexia nerviosa, psicopatía, narcisismo patológico, bipolaridad, intento de suicidio. Cada una de estas clasificaciones, ya sea de índole diagnóstica o por hechos acontecidos, en manos de un/a profesional de salud mental, sería el resultado de un trabajo minucioso, de la utilización de una batería de elementos diagnósticos (múltiples entrevistas o herramientas variadas de psicodiagnóstico) y formulada después de un lapso variable de tiempo de estudio y análisis hasta llegar a conclusiones, siempre provisorias y en continua revisión”, afirmaron.
“La ligereza con la cual se han realizado estas afirmaciones en el diálogo televisivo citado nos resulta peligrosamente problemática por múltiples motivos:
Banaliza el ejercicio de las profesiones vinculadas con la salud mental; estigmatiza al sufrimiento mental sentenciando a quienes lo padecen; ofrece una explicación causal acerca de fenómenos de una enorme complejidad; da a entender a la población que el sufrimiento mental tiene una culpable: la madre, consideración que desde hace mucho tiempo es revisada por un amplio espectro de profesionales; pretende hablar en defensa de quienes padecen a sus madres, enumera el comunicado.
El último paro feminista del 8 de marzo tuvo como eje el fin de la violencia política. Entre las consignas se explicitaba la violencia desatada contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, violencia avalada desde el mismo poder judicial y construida desde los medios de comunicación.
Durante el fin de semana políticos, periodistas y organizaciones repudiaron las afirmaciones de Di Marco y Canosa.