El 4 de julio se cumplen tres años de la sanción de la Ley “Brisa” 27.452, que establece una reparación económica para lxs menores de 21 años cuando algunx de sus progenitores resulte víctima fatal de violencia intrafamiliar y/o de género. El monto mensual es equivalente a un haber jubilatorio y compatible con otras prestaciones sociales, como la Asignación Universal por Hijx (AUH).
Según datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fueron 640 lxs niñxs y adolescentes que entre 2018 y 2020 tuvieron madres víctimas de femicidio. Para gestionar el subsidio, los organismos que intervienen en recursos y trámites administrativos son el Ministerio de Desarrollo Social y Anses. Por su parte, el Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MinGen) acompaña durante el proceso, coteja la información y monitorea los pagos. Además de su intención reparatoria, la ley reconoce la responsabilidad del Estado en materia de violencia de género.
Los avances en el plano legislativo son innegables. Hay un amplio abanico de leyes sancionadas en los últimos 20 años que demuestran cómo el Estado puede estar presente y generar acciones claras que contribuyan a erradicar la desigualdad y respondan a las demandas que resuenan en las calles. En el último año se destacan conquistas que llevaron años de lucha, como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans. Sin embargo, sabemos, la igualdad formal no es garantía de igualdad real. En un contexto donde las crisis por el coronavirus afectan en mayor medida a las mujeres, es necesario que los recursos se asignen a proyectos concretos y acabados.
La actividad estatal y los recursos asignados a las políticas, incluyendo aquellos organismos específicamente pensados para mitigar los efectos negativos de la desigualdad de género, se pueden monitorear a través del Presupuesto Nacional. Si ordenamos a todos los ministerios nacionales según su ejecución presupuestaria –del que más gastó en relación con la cantidad de dinero que disponía, al que menos–, el Ministerio de Géneros y Diversidad (MinGen) está en último lugar: un 13% del presupuesto que tenía había sido gastado hasta comienzos de junio. Teniendo en cuenta que en promedio un ministerio suele ejecutar alrededor del 40% en la primera mitad del año, el MinGen viene gastando a un ritmo más lento del esperado.
A continuación, revisaremos la composición del presupuesto del MinGen y las principales acciones que lleva adelante la cartera que posee el 100% de sus programas etiquetados como Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG), en el país que, de acuerdo a la ONU, más políticas sensibles al género implementó en América Latina y el Caribe durante la pandemia en el 2020.
A través de agencias como el MinGen y la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG) se han llevado adelante políticas con perspectiva de género como el Plan Acompañar para las víctimas de violencia de género, o el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Sin embargo, si bien éstas son conquistas que hay que celebrar, también es importante aclarar que los resultados sustantivos se observan a medida que se asigna presupuesto, este presupuesto se ejecuta y las metas se cumplen.
El crédito inicial que le fue otorgado al MinGen alcanzó los $6.205.000.000, una cifra que fuera de contexto parece astronómica, pero que es la más baja en comparación al resto de los ministerios y que, aproximadamente, equivale a $250 por mujer. El presupuesto de este ministerio cuenta con 5 programas y 15 actividades. Los programas son la vía a través de la que los organismos categorizan un conjunto de servicios que prestan a la ciudadanía. Las actividades, en cambio, son la desagregación de un programa en acciones más puntuales.
Todos los programas están catalogados como PPG. Las actividades del MinGen que resaltan en términos de ejecución son:
Por otro lado, hay dos actividades que, habiendo pasado más del 40% del año, sólo ejecutaron un 8% de su presupuesto:
En este sentido, es importante considerar que si decimos que para que un programa funcione necesita de cierta cantidad de pesos, pero ese dinero no se gasta (es decir, no se ejecuta), algo está pasando. De todas formas, cabe tener en cuenta que el dinamismo siempre está presente en las políticas públicas. La subejecución no implica necesariamente que el programa haya sido abandonado. Puede suceder que no esté operando como era previsto, que no le hayan otorgado el “permiso” para gastar desde el Ministerio de Economía, o bien, que tenga un esquema específico de gastos que no sean homogéneos todos los meses (por ejemplo puede pasar que los programas vinculados a ciertas obras públicas se ejecuten más en verano y menos el resto del año).