El 9 de mayo de 2012 se sancionó la Ley 26743 de Identidad de Género, una ley que permitió cambiar el destino de miles de personas que hasta entonces tuvieron que vivir su vida ocultas y violentadas.
Su aprobación fue el resultado de una lucha colectiva. Lohana Berkins, Diana Sacayán y Claudia Baudracco crearon en 2010 el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género a través del cual se gestó el proyecto que luego se aprobó en el Congreso de la Nación con 55 votos a favor y dos abstenciones.
Ese año, la ley de matrimonio igualitario fue el impulso para empujar la identidad de género. A su vez, esta norma logró que nueve años después se aprobara el cupo laboral travesti trans en el Congreso. Esa deuda que de a poco la democracia comenzó a saldar, hoy tiene un nuevo desafío: debatir y sancionar una ley de reparación histórica para todas aquellas personas trans que fueron víctima de violencia institucional.
La subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Agustina Ponce, habló con la agencia Télam respecto de este aniversario.
“La democracia llegó para las travestis y las trans con la sanción de la ley de identidad de género”, en vísperas del aniversario de la histórica normativa que cumple once años. Nosotros estamos celebrando 40 años de democracia ininterrumpida este año, pero muchas de nosotras entendemos que la democracia finalmente llegó para las travestis y las trans con la sanción de la ley de identidad de género”.
“La democracia de las personas trans empieza en 2012, cuando el Estado por fin nos reconoce nuestra identidad”, expresó a Tiempo Argentino, Belén Correa fundadora del Archivo de la Memoria Trans. La frase también se escuchó durante la audiencia del juicio a las Brigadas, donde por primera vez se escucharon los testimonios de travestis trans en un juicio de lesa humanidad.
La vida de las personas trans estuvo atravesada de violencia institucional desde la familia que expulsa, la escuela que discrimina y las fuerzas de seguridad que pusieron a disposición el aparato represivo abusando, torturando y en muchos casos, matando a las personas travestis y trans.
“Hasta el 2008, por ejemplo, era un delito ser travesti trans por los códigos contravencionales en la provincia de Buenos Aires, la más populosa del país. Esa persecución se va vistiendo con otros ropajes, no es que ha dejado de existir. Pero al menos no es un delito”, explicó Ponce a Télam.
Hoy son tres los que, presentados en la Cámara de Diputados de la Nación, todas de diputadas del Frente de Todos: Mónica Macha, Mara Brawer y Gabriela Estevez. En todos, la reparación histórica para el colectivo, equivale a la entrega de una pensión mensual para aquellas mayores de 40 años que hayan vivido violencia institucional.
En 2022, cuando se cumplieron diez años de la ley de identidad de género, Renaper registró que, desde su aprobación, 12.655 personas modificaron su DNI. De ellas, el 7,6% eran menores de 18 años.
“Esto es muy importante porque la ley establece en el artículo 5to. el derecho que tienen todas las personas, y específicamente las que no hayan alcanzado los 18 años, al derecho a su identidad”, dijo Ponce.
Para dar cumplimiento a la ley de identidad de género, consigna Télam, el Poder Ejecutivo nacional emitió el 21 de julio de 2021 el Decreto 476/2021 que establece que el Renaper debe adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y los pasaportes incorporando la opción X para salir del esquema binario de “femenino” y “masculino”.
“Esta política se encuentra en constante revisión. Se está trabajando desde la Subsecretaria ahora en un curso para empleados/as/es de la administración nacional, provincial y municipal en relación a la efectiva aplicación del documento con la x”, dijo Ponce sobre esta medida.
Además, aclaró que es necesario “seguir fortaleciendo a los equipos” ya que el Estado “está construido por personas que están llenas de prejuicios, lamentablemente”.
En este sentido, resaltó que uno de los temas pendientes es “hacer un llamamiento a todos los registros civiles provinciales para que no se continúe vulnerando -como ocurre- los derechos de las personas a la hora de hacer un cambio registral”.
A once años de la sanción de esta ley, fundamental para la democracia argentina y pionera en el mundo, los reclamos del colectivo se centran en la ley de cupo, la ley integral trans y también el pedido de justicia por el joven Tehuel de La Torre que está desaparecido hace 26 meses.
Este año por primera vez, persona travestis y trans exdetenidas desaparecidas declararon en un juicio de lesa humanidad. Fue durante el juicio a las Brigadas
Hoy la violencia institucional es todavía una deuda pendiente, como también lo son los debates sociales y culturales con respecto a la identidad de género. De acuerdo a un informe emitido por laFederación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT),durante 2022 hubo 129 crímenes de odio en la Argentina. El informe consigna que el 84% de los casos (108) tienen como víctimas a mujeres trans de las cuales 12 fueron asesinadas. Una de ellas en manos de las fuerzas de seguridad.
El 20 de abril la Representante especial de Argentina sobre Orientación Sexual e Identidad de Género en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Alba Rueda recibió un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que desconoce los alcances de la ley poniendo como argumento legal la Ley de Concordato de 1966.
A través de ese antiguo acuerdo firmado durante la dictadura de Onganía, se permite que la Iglesia no determine no cumplir con una ley que ya tiene once años de vida.
El 24 de mayo se realizará la Primera Marcha Plurinacional por una Ley de Reparación Histórica Ya. La manifestación será de Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación.