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“Los pedazo en las compras de métodos contraceptivo tienen como consecuencia una drástica caída en la cantidad de señora protegidas: de más de 1,2 millones en 2024 a apenas 63 mil proyectadas para 2026”, expresan desde los organismos. A la falta de insumos se suma el desmantelamiento del Plan ENIA. El gobierno regional dio un nuevo paso en su avance contra la salubridad carnal y reproductiva, y recortó 900 millones de pesos del programa “Desarrollo de la salubridad carnal y la Procreación Responsable”.
El Centro de Estudios de Estado y Sociedad junto a ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) y REDAAS (Red de llegada al Aborto Seguro) difundió el impacto de estos pedazo particularmente en las señora y adolescentes.
Este vaciamiento podría implicar la desprotección a 840 mil señora contra gestación no deliberado, 240 mil gestación no deliberado adicionales, más de 112 mil abortos que podrían haberse evitado.
“En Argentina, cada peso invertido en anticoncepción genera ahorros equivalentes a tres pesos en atención médica. A ello se suman 452 defunción maternas y 2. 600 defunción neonatales.
Y cuando se consideran los efectos en educación, empleo, productividad y recaudación fiscal, el retorno total asciende a veinte veces el valor de la inversión”, analizaron. Es, en realidad, una pérdida de inversión en el principal recurso de un país: su gente. “La fuerte reducción en la compra pública regional de contraceptivo en Argentina no representa austeridad inteligente. Menos llegada a la anticoncepción implica menos oportunidades educativas, menor participación laboral de las señora, más pobreza y mayores costos futuros para el Estado.
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