La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Conurbano Norte convocó a una conferencia de prensa para denunciar que la Municipalidad de San Isidro puso en marcha un protocolo interno que obstaculiza el acceso al aborto legal en los centros de salud del distrito que tienen gestión municipal, sobre todo en el Hospital Materno Infantil.
La convocatoria, de la que también participarán referentes de organizaciones de derechos humanos, profesionales de la salud, sindicatos, docentes, concejalas y agrupaciones de mujeres y feministas, es el miércoles 17 de junio a las 10, en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), ubicada en Av. Centenario 422, 1er piso, San Isidro.
Durante la conferencia se darán a conocer las últimas novedades en el marco de una acción judicial iniciada por Amnistía Internacional, donde el propio Municipio confirmó la existencia del protocolo. Este reconocimiento es especialmente relevante porque muestra que no se trataría de prácticas aisladas, sino de una directiva institucional que habría organizado el circuito de atención frente a las solicitudes de interrupción del embarazo.
“La legalidad de ese protocolo y su compatibilidad con la Ley Nacional 27.610, que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, deberán ser objeto de control judicial. Las barreras en el acceso al aborto pueden vulnerar derechos, comprometer a profesionales de la salud en conductas contrarias a sus deberes legales y profesionales, (e incluso en delito) y generar responsabilidad legal para el municipio de San Isidro”, explicaron los denunciantes.
En una extensa nota publicada en la web de CNN Argentina, quedó evidenciado a través de testimonios de varias mujeres la manera en que el municipio aplica su protocolo. Y desde Amnistía Internacional Argentina explican que a partir de 2024 empezaron a recibir información coincidente de pacientes que describían el trato al que eran sometidas en el Hospital Materno Infantil.
“Les ofrecen escarpines, pañales, tratan de convencerlas de que es riesgoso abortar exagerando ampliamente sus consecuencias y diciéndoles que los den en adopción. Han llegado a decirles, por ejemplo, que hay mujeres que se suicidan luego de acceder al aborto por la culpa posterior, que les mostraron muñecos de bebés en la consulta o que entraron mujeres en el marco de la consulta médica y entregaron una virgen. Todas conductas sumamente invasivas, coercitivas y graves. Violan el trato digno y los derechos del paciente y por supuesto, la autonomía reproductiva”, dice Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina.
La respuesta del municipio ante las denuncias es genérica y aparece como poco convincente ante la gravedad de los testimonios recogidos por Amnistía Argentina.
“En cumplimiento con la ley, en San Isidro trabaja un equipo de consejería en derechos integrado por profesionales: obstetras, ecografistas, psicólogos, enfermeras, abogadas y voluntarias. Este equipo garantiza el acceso a la información y brinda una atención integral y acompañamiento a todas las madres embarazadas, sea cual fuera la decisión que tomen amparadas por la ley”, expresaron desde la Secretaría de Salud del gobierno de Ramón Lanús.