El aborto es legal en Argentina desde 2020. Con la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo los dispositivos públicos de salud en todo el país tienen la obligación de brindar atención, información y asesoramiento a las personas gestantes que acuden allí para realizar un aborto. Esto, tras la llegada al gobierno de Javier Milei con un discurso “antiaborto” cambió. No solo se desarticularon y vaciaron las políticas públicas que permitían articular los equipos profesionales sino que también abrió la puerta para que aquellos sectores que históricamente se opusieron al derecho a abortar se sientan legitimados.
Parte de todo esto se puso en funcionamiento de la manera más cruel en el Hospital Materno Infantil de San Isidro donde desde 2024 se ocupan sistemáticamente de violentar a las mujeres y personas gestantes impidiendo el acceso a ese derecho. Como consecuencia, en las últimas semanas la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Zona Norte junto a Amnistía Internacional presentaron una acción judicial contra el municipio de San Isidro “por la institucionalización irregular y deliberada de graves barreras en el acceso al aborto, sostenidas por parte de las autoridades locales”.
Cuando supo que estaba embarazada, Ana, que ya tenía tres hijos, decidió no seguir adelante con su embarazo. Consultó con una profesional y llegó una mañana al Hospital Materno Infantil de San Isidro, provincia de Buenos Aires, con todo listo para realizarse una AMEU (Aspiración Manual Endouterina), una intervención ambulatoria). Allí se encontró con un panorama distinto al que esperaba. “Antes del procedimiento, en el hospital, me exigieron pasar por una nueva consejería para volver a confirmar mi consentimiento. Les dije que no precisaba una nueva instancia, que estaba segura de mi decisión y que ya contaba con toda la información necesaria. Me sorprendí cuando me dijeron que por ‘protocolo’ debía pasar por una consejería e incluso realizar consulta psicológica como requisito para acceder a la práctica”, contó Ana.
Esa atención en la consejería fue para Ana muy incómoda. Todo lo que dijeron se orientaba a que dé marcha atrás con la decisión que había tomado. Recuerda que incluso ingresaron al consultorio dos personas que parecían ajenas al hospital. “Me mostraron una virgen que sacó una de ellas del cajón y me dijo que lo ‘tome como una señal’”, relató.
Algo similar le sucedió a Camila cuando en 2024 se acercó al mismo hospital para interrumpir su embarazo. “Cuando llegué, me derivaron a un consultorio llamado Maternidades Vulnerables, donde me recibieron dos personas que, en lugar de acompañarme, cuestionaron mi decisión. Yo ya estaba atravesando un momento difícil, estaba angustiada. Mientras lloraba, me mostraron un muñeco bebé. Me preguntaban una y otra vez: ‘¿Por qué llorás?’. No buscaban escucharme. No buscaban ayudarme.”
Camila no volvió más y pudo interrumpir su embarazo en otra institución. “Hoy sé que lo que mepasó no fue un hecho aislado”, reflexiona. En ambos casos, las personas de esas consejerías siguieron llamándolas y hostigándolas.
Profesionales de la salud que trabajan en el nosocomio coinciden en que durante años vieron cómo las personas que necesitaban acceder a una interrupción podían hacerlo dentro del sistema de salud. Pero notaron que eso comenzó a cambiar. “Las consultas ya no llegaban directamente a los equipos de salud, sino que tenían que pasar por espacios de escucha que se hacen llamar ‘maternidades vulnerables’, manejados por personas que no forman parte de los equipos médicos que realizan estas prácticas. Pacientes que llegaban con una decisión tomada y salían llenas de miedo”, afirma Micaela, médica de la zona.
Sus relatos confirman una y otra vez lo que vivieron Ana y Camila. También describen cómo poco a poco dejaron de estar los y las profesionales que garantizan este derecho, y desaparecieron los espacios de atención. “Lo que debía ser una atención de salud oportuna empezó a transformarse en una carrera de obstáculos”, dice. Se registraron además cambios institucionales que aumentaban las barreras de acceso al aborto. Entre ellas, “la implementación de un protocolo de atención que contradice derechos reconocidos por la legislación vigente”. También hubo presiones a profesionales para que se declaren objetores de conciencia, bajo apercibimiento de perder sus trabajos. “Veo con preocupación cómo personas que tienen derecho a acceder al aborto deben recorrer un camino cada vez más tortuoso”.
Las dos mujeres que brindaron sus testimonios abortaron pero decidieron hablar por las mujeres que vienen detrás, para que no sean violentadas, para que puedan acceder a su derecho a decidir. «