Los diputados nacionales Gerardo Milman (PRO) junto a Lilia Lemoine y Carlos Zapata (LLA) presentaron un proyecto que propone sustituir, modificar e incorporar artículos a la Ley de Identidad de Género (26.743). El objetivo de los cambios es prohibir el uso de fondos públicos destinados a tratamientos hormonales o quirúrgicos de aquellas personas que quieran adecuar su apariencia con la identidad autopercibida.
Este proyecto tiene el objetivo no sólo prohibir la utilización de fondos públicos para los tratamientos sino también los programas de obras sociales o el Plan Médico Obligatorio (PMO) o cualquiera que tenga financiación de fondos públicos.
Entre otras cosas, el diputado Milman dijo que en la sanción de la Ley de Identidad de Género “se utilizó al Estado para intervenir, financiar, promover e imponer determinadas concepciones culturales, lingüísticas y médicas que no gozan de consenso social ni científico, y que no debían ser objeto de financiamiento público compulsivo”.
La Federación Argentina LGBT repudió el intento de desguace de la Ley 26.743 impulsado por diputados de La Libertad Avanza.
“Este proyecto representa un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos, al pretender desmantelar una ley reconocida internacionalmente por su carácter pionero y por garantizar el derecho al libre desarrollo de la identidad de género”
La organización destaca que la iniciativa presentada por los diputados Gerardo Milman, Lilia Lemoine y Carlos Zapata, propone “excluir del sistema de salud pública obras sociales y programas sanitarios”. Esto implica que los tratamientos hormonales y quirúrgicos de adecuación corporal, “trasladando el costo integro a las personas interesadas”.
También resalta que el proyecto apunta a “prohibir cualquier intervención médica en menores de 18 años incluso con consentimiento informado. De este modo, niegan el proyecto de autonomía progresiva y el interés superior del niño.
Otro de los ítems que señala la Falgbt, es que busca restringir los cambios registrales en menores de edad “exigiendo el consentimiento unánime de ambos progenitores y la validación de un equipo interdisciplinario, limitando el acceso a la identidad legal”.
Desde febrero, luego del discurso en Davos, desde el gobierno que lidera Javier Milei se ataca a la Ley de Identidad de Género. Uno de los artículos que genera especial preocupación es la proyecta de eliminar el principio de trato digno, al declarar que el uso del nombre autopercibido en espacios institucionales “será voluntario y no obligatorio”.
En esa misma línea, incorpora el principio de neutralidad estatal que prohíbe que el Estado promueva contenidos que apunten a reconocer la identidad de género en ámbitos educativos y organismos públicos.
En los aspectos administrativos y legales, el proyecto de los tres diputados oficialistas pide derogar el inciso que obliga al registro nacional de personas a informar los cambios en el documentos, “debilitando la articulación institucional y el reconocimiento transversal de la identidad”.
Por otro lado, destacan desde la Federación, limitan el acceso gratuito a los trámites registrales y que sólo serán gratuitos en casos de extrema vulnerabilidad socioeconómicas. Por último, elimina beneficios, subsidios, campañas y cupos que promuevan la inclusión de las personas travestis y trans.
“La Ley de Identidad de Género fue aprobada por unanimidad en el Senado de la Nación. Y es furto de décadas de lucha del movimiento LGBT+. Constituye una herramienta fundamental para la inclusión, la dignidad y la reparación histórica de las personas travestis y trans”, manifestaron, “No permitiremos retrocesos, La identidad no se negocia, se respeta”, finalizaron.