“Quiero que las niñas sean libres, que sean felices, que jueguen, que estudien. Que no tengan que preocuparse por algo que no tienen que hacerlo… quiero que ellas sean libres”.
Con una voz suavecita y pausada, Norma desea la libertad de las niñas del mundo. Esa libertad que le arrebataron cuando el Estado de su país, Ecuador, la obligó a ser mamá con 13 años y luego de reiterados ataques sexuales por parte de su papá.
“Me gustaría decirles a las autoridades que cuando una niña vaya con un familiar y les presente una demanda no vengan a decir preguntas como ‘¿te gustó?’ ‘¿Lo disfrutaste?’ Porque no es así. Somos niñas y no sabemos ni siquiera de eso o por qué nos pasa eso. Nos hacen sentir más bien culpables, nos hacen más daño”.
Hoy Norma es mayor de edad, pero en su relato se vuelve a sentir pequeña, vulnerable frente al desamparo de los adultos con poder que tenían el deber de cuidarla de un progenitor que cargaba con denuncias previas por abuso, que debieron creerle cuando pudo poner en palabras el miedo al escuchar los pasos del agresor acercándose a su habitación, las violaciones recurrentes, el horror.
“Esta lucha significa mucho para mí porque sé que por lo menos no va a haber muchas niñas que van a pasar por lo que yo pasé. Porque es un sufrimiento total que nos marca para siempre”.
El pasado 20 de enero, cinco años después de que Norma contara su historia de violencias en el marco de un litigio internacional liderado por el movimiento “Son Niñas, No Madres”, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó al Estado ecuatoriano por la violación de sus derechos humanos en tanto niña sobreviviente de violencia sexual forzada a la maternidad. La estrategia legal, sin precedentes y articulada entre distintas organizaciones, incluyó la presentación en simultáneo de los casos de Lucía y Susana, dos niñas de Nicaragua a quienes también se les negó la interrupción de los embarazos resultantes de la agresión sexual.
La decisión del Comité de la ONU obliga, entonces, al Ecuador y a Nicaragua a generar medidas de reparación para las víctimas y a la vez medidas de prevención para que ninguna otra nena viva similares torturas. Ni allí ni en ningún rincón del planeta, ya que la jurisprudencia internacional aplica a más de 170 Estados.
“No solo queremos que la gente conozca estas históricas condenas, sino que se reconozca que fueron posibles por la valentía de Norma, de Susana y de Lucía. Y buscamos, sobre todo, que se garantice lo que exigen: que las niñas nunca sean obligadas a abandonar su niñez por enfrentar embarazos y maternidades forzadas, y que se les respete el derecho a vivir una vida digna y libre de violencias”, resumieron desde las organizaciones parte del movimiento “Son Niñas, No Madres”.
Norma, Lucía y Susana son la foto de una violencia e impunidad que se repite. Las tres tenían menos de 14 años cuando las agredieron sexualmente. Las tres confirmaron sus embarazos producto de violación y a pesar de expresar su deseo de no ser madres, en sus países les negaron la posibilidad de interrumpir los embarazos. Además, fueron estigmatizadas, amenazadas y violentadas durante la gestación y los partos.
Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), América Latina y el Caribe es el segundo lugar del mundo con las tasas más altas de partos de niñas menores de 15 años encabeza África subsahariana y la única con tendencia en aumento.
En 2020, el 80% de las agresiones sexuales tuvieron como víctimas a niñas de entre 10 y 14 años, y aproximadamente cinco de cada 100 niñas dentro de este grupo de edad dieron a luz.
El panorama se agrava por la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva si se tiene en cuenta que la región cuenta con las leyes de aborto más restrictivas y punitivas del planeta, lo que limita la interrupción voluntaria del embarazo incluso en casos de violencia sexual. Se suma que la falta de educación sexual integral impide que las niñas, y sus familias, conozcan derechos e implicaciones de las relaciones sexuales y afectivas basadas en el consentimiento.
En este contexto suena todavía más preocupante la decisión del gobierno de Javier Milei en Argentina de dar de baja del portal nacional educativo recursos audiovisuales relacionados con la ESI. Como explicación alegaron que se difunde “un alto contenido de ideología de género” y “adoctrinamiento”.