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Gio tiene 30 añada y tres hijes de 3, 5 y 9 añada. Trabaja precarizada y sin recibo de sueldo en un comercio. Se separó de su pareja por los “malos tratos”. Vive en Anai Mapu, uno de los barrios populares más grandes de Cipoletti, Río Negro.

concebir la cola. Está embarazada de 7 semanas y no puede, no quiere, ser madre otra vez en este contexto. Unos días después de haberse hecho la práctica segura con misoprostol, acompañada por un equipo del manicomio, vuelve al Centro de robustez.
Va al Centro de robustez del barrio y averigua cómo acceder a una obstáculo Voluntaria del gravidez (IVE).

610, que legalizó la obstáculo Voluntaria del gravidez hasta la semana 14 de gestación, no sólo creció la demanda en el procedimiento público de robustez, sino que se amplió la despenalización comunitario del malparto.
“Esto hasta concebir un año era impensado, sobre todo porque aún persiste el miedo y la vergüenza, anteriormente de la Ley era mucho peor”, hablar María “Moro” Verdugo, trabajadora comunitario miembro del Comité de robustez Sexual y robustez Reproductiva del manicomio de Cipoletti, Río Negro, e integrante de la Red de perito por el recto a Decidir Región Patagonia. Y cuando llega a recepción hablar, sin vueltas ni tapujos: “Me hice un malparto esta semana, vengo al control”.
A un año de la histórica aprobación de la Ley 27.

Según el Ministerio de robustez de la Nación, hubo 32.
Qué dicen las cifras
Los datos muestran que las consultas y los abortos dejaron de ser accesos y datos clandestinos.
“La ley aporta mucho a la despenalización comunitario del malparto y eso se ve en lo concreto y cotidiano: acceder al procedimiento de robustez sin tantos miramientos, aunque aún haya perito que no acompañan o dilatan la práctica. Es una tranquilidad que anteriormente no existía”, añadir.

302. 000 mujeres y personas con capacidad de gestar consultaron a la línea 0800-222-3444 sobre IVE e ILE (obstáculo Legal del gravidez), más que las consultas que se recibieron en a los 10 añada anteriores: entre 2010 y 2020 lo hicieron 17. 758 interrupciones de gravidez realizadas de manera segura en 2021, dentro del procedimiento público de robustez.
Además, unas 19.

900 personas desde el 20 enero hasta el 30 de octubre.
También aumentaron un 30% los centros de robustez y hospitales públicos que garantizan la obstáculo del gravidez en todo el país: este año hay 1. 243, frente a los 903 que había en 2020.
Desde Socorristas en Red, en tanto, acompañaron en sus procesos de abortos a unas 10.

308 de ellas tenían hasta 17 añada, mientras que 9. Muchas de ellas acudieron al procedimiento de robustez, muchas otras lo hicieron de manera autogestionada. 592 eran mayores de 18 añada.
“En la Provincia de Buenos Aires la demanda de ILE viene aumentando escalonadamente desde 2018, a la par de las luchas feministas y de la marea verde que fueron despenalizando socialmente el malparto.

Pero de la ley hacia acá, el aumento fue exponencial en el procedimiento de robustez público: en enero de este año se duplicó la demanda respecto a diciembre de 2020, un dato que detectamos por la compra y distribución de misoprostol”, señala Julieta Bazán, médica generalista, trabajadora del manicomio Narciso López de Lanús e integrante de la Red de perito por el recto a Decidir. 560 tratamientos con misoprostol, el medicamento que se utiliza para abortos seguros. Este año fueron 46.
Sin ir más lejos, en todo 2020 se habían realizado 18.

283, mucho más que el doble.
Lo pendiente
“Fui a preguntar al centro de robustez y me dijeron que no hacían ‘eso’ y que no sabían a dónde podía ir” (Mendoza) / “¿Nunca te hiciste un control ginecológico anteriormente? Ves, no saben ni lo que hacen y después terminan acá” (Mendoza) / “Yo hago ecografías para embarazadas, no para mujeres que hacen estas cosas” (Moreno, Provincia de Buenos Aires) / “Es fácil venir ahora a pedir un malparto, por qué no lo pensó anteriormente” (Luján, Provincia de Buenos Aires).
Son solo algunas de las frases recopiladas por la Red de perito como parte de la Campaña #AbortosSinViolencias que lanzaron el 25 de noviembre pasado. El maltrato, y las dilaciones persisten, aún en las instituciones públicas.

“A un año de la Ley, si bien se consolidaron fuertemente equipos que venían garantizando ILE, no se ampliaron. Dentro de una misma ciudad, hay lugares donde se garantiza el acceso al malparto, y otros donde no se garantiza nada, ni siquiera la derivación. Por ejemplo, pasa en Neuquén: de los tres Hospitales que hay, uno no garantiza nada de nada”, hablar Ruth de Zurbriggen, de La Revuelta y Socorristas en red.
Y asegura que aún “falta una difusión intensa” por parte del Ministerio de robustez para garantizar este recto.

“Las paredes del procedimiento de robustez mantienen un profundo silencio del malparto”, añadir Ruth. Y señala que, si bien hubo un avance enorme tanto comunitario, como política y culturalmente sobre el tema, aún persisten “prácticas que rayan con la crueldad”, sobre todo en las ILE y con las adolescentes.
Que llegue a todes por igual
Un monitoreo realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis, indica que la tasa que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por 1. “Hubo mujeres internadas 16 horas sin ningún calmante”, explica.

3, mientras que en Chaco es 0. 6 y en Tierra del Fuego es de 4. 000 mujeres y otras personas en edad fértil, muestra la brecha entre jurisdicciones: en CABA es de 5. 9 y en Formosa 0.

Esto demuestra que las desigualdades en las provincias y los distintos territorios es otra de los pendientes que destacan las perito consultadas. Y añadir que en las provincias del Norte y las grandes distancias en el Sur complican el acceso, no sólo por la falta de efectores, sino también por la persistencia de perito antiderechos. 6. “Notamos que sigue habiendo bastantes obstáculos a nivel regional; hay provincias donde está costando muchísimo y donde los gobiernos no están cumpliendo con la ley nacional”, señala Julieta Bazán.

“No hay campañas de difusión ni acceso y acompañamiento en las Unidades Primarias de Atención. Cuando se presenta la problemática, tienen que viajar a la ciudad de Santiago y cuando llegan los equipos son pequeños, con trámites muy burocráticos que terminan dilatando todo. Muchos hospitales son objetores.
Desde Santiago del Estero, Analía Santilli, psicóloga comunitario y miembro de la Red de perito por el recto a Decidir también pone el acento en las dificultades que se registran en provincias conservadoras, sobre todo territorio adentro.

“La falta de información en algunos territorios concebir que aún existas prácticas del malparto clandestino. Es decir, desterrar la mirada solo médica biologicista. Si tienen suerte acceden al misoprostol a tiempo”, cuenta.
Y destaca que aún falta que las atenciones y acompañamientos tengan una mirada integral, teniendo en cuenta el entorno y el contexto de la persona que solicita la práctica.

La ley comenzó su recorrido concebir un año. Falta mucho por hacer pero su aprobación fue una de las conquistas más grandes de la lucha feminista: el malparto legal, en el manicomio.
La Justicia y sus intentos por disciplinar
Luego de la legalización, hubo al menos 35 acciones judiciales contra la ley IVE. Cuando indagás, muchas te cuentan que ya intentaron anteriormente con té de ruda, por ejemplo, o que fueron al curandero o curandera del barrio pero que no funcionó”, añadir Analía.

Una de las causas más preocupantes es contra la médica Miranda Ruiz, en Tartagal, Salta, por realizar una ILE en el manicomio local. El mes pasado un fiscal amplió la acusación contra ella. Sólo prosperaron dos que esperan la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
#SobreseimientoAMirandaYA es el grito de la marea verde por estos días.

Pese a todas las pruebas contrarias, asegura que fue una ILE sin consentimiento.
“Una joven mayor de edad con un gravidez de más de 14 semanas viaja a Tartagal, la segunda ciudad más grande de Salta a practicarse un malparto. Fue un malparto voluntario por causales. Les hablar a sus tíos que va a buscar trabajo pero va al manicomio donde la única médica no objetora es Miranda.

Se difunde en los medios y ahí sale la primera imputación: un malparto sin causales”, continúa. La joven toma las pastillas y se queda en el manicomio cumpliendo el tiempo establecido. Se autoadministra la pastilla varias veces”, relata Mónica Menini, abogada feminista de Salta y miembro de Católicas por el recto a Decidir, una de las organizaciones que acompañan a las abogadas patrocinantes de Miranda.
“Lo primero que ocurre es la violación de confidencialidad por parte del manicomio: alguien le avisa a sus tíos y ellos hacen una denuncia.

«Ella lo concebir por voluntad propia. Pero después de tanto escándalo, hablar que la obligaron. “La joven entra en una vorágine de conflicto con su propia autonomía» explica Mónica. Y el fiscal amplía la imputación al considerar que la persona no autorizó el malparto, pese a que fue una práctica autoadministrada y que firmó el consentimiento de puño y letra”, detalla.

Cuerpos y libertades. Y añadir: “Esto es una persecución del Ministerio Público de Salta.
Para garantizar accesos
A partir de la legalización del malparto se generaron herramientas para el acceso a ese recto. Para hacer esta imputación toma unos testimonios, otros no, toma algunas pruebas y otras no, aunque están en el expediente”.

Organizaciones feministas e indigenistas junto al Ministerio de robustez editaron una adaptación sociolingüística a lenguas originarias de materiales gráficos y sonoros que abordan derechos sexuales y reproductivos. Es una traducción adaptada que se presentó en septiembre.
Manual de servicios de malparto trans Se trata de una guía para acompañar a personas trans que requieran abortar.
Allí están los protocolos de obstáculo legal del gravidez y de atención a víctimas de abuso sexual, junto a los consentimientos informados que cualquier persona debe firmar para acceder a una obstáculo voluntaria del gravidez o una ligadura de trompas.

En CABA, el pañuelazo se realizará frente al Congreso.
Acciones por el año de la ley
La Campaña Nacional por el recto al malparto legal, seguro y gratuito convocó a un Pañuelazo Federal para el 30 de diciembre a las 19. 610, efectivo cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral y #SobreseimientoAMirandaYA.
Exigen plena implementación de la Ley 27.