Dado que hoy, 30 de julio, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, es una buena ocasión para recordar que nuestro país tiene una gran deuda pendiente al respecto.
Para cambiar esta realidad, es preciso que se tomen acciones concretas para que la Argentina colabore en combatir este delito que se comete, principalmente, contra las mujeres adultas y niñas, ya que más del 70% de las víctimas pertenecen al género femenino.
De hecho, el Informe Mundial sobre la Trata de Personas del 2020, que fue presentado en febrero de este año por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en base a datos de 148 países, concluyó que, en los últimos 15 años, entre las víctimas detectadas más del 30% son menores de edad.
Esos datos también revelan que el porcentaje de niños, mayormente utilizados para explotación laboral, pasó del 3% al 15%. En el caso de las niñas, tratadas con fines de explotación sexual, pasó del 10% al 19%.
Los datos son alarmantes y dan cuenta de que las políticas llevadas a cabo son insuficientes. La dificultad de nuestro país para lograrlo se debe, entre otros motivos, a que posee 76 pasos fronterizos que lo comunican con Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile a lo largo de uno 9.400 kilómetros. En tanto, los 5.100 kilómetros restantes, que conforman al resto de las fronteras, se encuentran linderos al Río de la Plata y la Costa Atlántica.
El accionar de las redes de trata incluye la búsqueda de pasos fronterizos que faciliten el tráfico ilegal de personas y que también ofrezcan vías de fuga, en caso de que los criminales la necesiten.
Además de las razones geográficas, debemos reconocer que el control en las fronteras no ha sido la prioridad de ninguno de los últimos gobiernos. Un ejemplo de eso es que puedan ingresar personas con pedidos de captura sin que nadie las detecte, fomentando así, de manera indirecta, el negocio que hay detrás del tráfico y la trata.
Como también hay muchas mujeres y hombres que cruzan a diario con menores de edad sin que se les pida ningún tipo de identificación o acreditación de vínculos, lo que hace que la Argentina se convierta en un lugar apto para que se cometan este tipo de delitos trasnacionales.
La prueba de lo expuesto es que no hay datos oficiales que permitan saber cuántos extranjeros han ingresado de manera ilícita a la Argentina. Y cuando no se controla quien llega, entran todos, incluidos los criminales.
Para ayudar a revertir esta situación, es muy importante que se promueva la persecución de los autores de estos ilícitos por medio de trabajos de inteligencia específicos, como también que la Argentina ejecute el debido control de los pasos fronterizos y castigue severamente a aquellos funcionarios que miran para otro lado.
Es crucial fortalecer la política migratoria y, para eso, capacitar a los operadores encargados de ejecutar los controles, tomando medidas de protección y seguridad para todas las victimas que sean rescatadas de la trata.
Ejercer el control de las fronteras es un derecho que tiene el Estado para garantizar la seguridad de los habitantes, pero también es una obligación frente al resto de los ciudadanos del mundo que pudieran ser victimas de estas organizaciones delictivas.
Déborah Huczek es abogada especialista en Derecho Penal y Migratorio. Coautora dellibro «Los inmigrantes y el progreso de la Argentina», junto a Raúl Alberto Ricardes.