Falta de información, bajo acceso a derechos fundamentales y un llamativo porcentaje de mujeres sometidas a intervenciones no consentidas son, a grandes rasgos, los datos más destacados del “Monitoreo sociocultural y lingüístico de acceso a la Interrupción voluntaria del embarazo y derechos sexuales y reproductivos en pueblos indígenas y poblaciones campesinas en argentina”, el informe que se presentó el jueves 12 de diciembre en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet) con la presencia de las mujeres que realizaron las encuestas.
El trabajo es el resultado de cuatro años de trabajo coordinado por Católicas por el Derecho a Decidir y concretado junto a 25 lideresas y referentas de comunidades indígenas y campesinas de 12 provincias. Además del relevamiento de datos, lo novedoso del informe son las recomendaciones dirigidas a decisores y decisoras del sistema de salud público, a las comunidades indígenas y al movimiento feminista.
Una cifra que se destaca es que el 84% de las encuestadas que solicitaron una IVE (aborto) no accedió al procedimiento en los plazos legales. El 64,9% recibió información sobre derechos sexuales a través del sistema de salud público o de programas nacionales o provinciales pero sólo un 19,9% la recibió en su lengua. El 21,3% de las mujeres reportó haber sido sometida a intervenciones médicas no consentidas.
En un contexto en el que las políticas de género son destruidas por el Poder Ejecutivo, el monitoreo es fundamental para pensar soluciones. Se desarrolló a partir de una metodología de investigación intercultural que se organizó en seis etapas pensadas por investigadoras interculturales y fue concretado por mujeres indígenas y campesinas.
En un contexto político en el que las políticas de género son destruidas por el Poder Ejecutivo, este monitoreo es fundamental para conocer el estado de situación y elaborar posibles soluciones. “Con los monitoreos buscamos tener evidencia, y esa evidencia es importante para pensar un país”, explica Mónica Menini, coordinadora del área de cabildeo de Católicas por el Derecho a Decidir.
El monitoreo se desarrolló a partir de la metodología de investigación intercultural y fue realizado en seis etapas, en las cuales se buscó que las participantes sean investigadoras interculturales activas, que reconocen y valoran la autoría colectiva indígena y campesina.
“Solamente estas sujetas políticas que están dentro del movimiento feminista nos pueden acompañar a las demás y a los demás a pensar un país con la inclusión de quienes, en la ruralidad, en la pobreza, en las deficiencias estructurales del sistema, habitan sus territorios. Tenemos que pensar junto con ellas el país que queremos”, explicó Menini.
Vanesa Barrientos es de Colonia Aborigen Chaco, descendiente de sobrevivientes de la masacre de Napalpi, de los pueblos qom y vilela. Trabaja en salud como licenciada de enfermería y forma parte del proyecto Plantas Medicinales de su comunidad. También es capacitadora de ESI, lo que, afirma, le facilitó abordar las encuestas para este monitoreo. “Tenía las historias, las conocía. Pero realizando la encuesta descubrí que las mujeres indígenas de otras generaciones identifican las violencias y esto es muy importante. El problema es que no hablan de ellas, eso está en tensión en las comunidades”, explica.
Para ella, que viene recorriendo y trabajando estas temáticas desde hace ya varios años, participar del informe fue reencontrarse con su historia. “Una se va dando cuenta de cómo son atravesados nuestros cuerpos con la violencia”, afirma Vanesa.
«Este monitoreo, presentado así como está, tiene como antecedente y precedente el trabajo que pudimos hacer las mujeres indígenas, acompañadas por Católicas por el Derecho a Decidir. Ellas también han hecho un trabajo sumamente valioso porque en el proceso se aprende y se pone en valor el trabajo que cada una hicimos en en nuestros lugares. Cuando a mí me convocó otra hermana acá de Chaco, acepté por eso, no por la organización. Tenía también mucho miedo a que se apropien del conocimiento, a que hagan cosas donde nosotras no éramos una parte activa en todo lo que es este proceso de escritura», relata.
Las 25 autoras son Susana Rosales, Lorena Monroy, Gabriela Elizabeth Situe, Belén Encina, Mery Lucas, María Eugenia Chaile, Ornella Paz, Juana Antieco, Vanina Villanueva, Laura Beatriz Manquel, Florencia Ortiz, Lidia Antonia Granero Magallan, Ariana Anahi Nigg, Maricel Rosales, Marina Vanesa Barrientos, Noelia Chumbita, Verónica Azpiroz Cleñan, Valeria Alejandra Carrizo, Sofía Nicole Situe, Cecilia Elena González, Huillen Bustamante, Yuliana Arce Pigen, Leticia Curruhuinca Piñen, Sara Cayun, Lidia Nancy Rocha, Nancy Segundo.
“Trabajé en el monitoreo con una doble visión», dice Juana Antieco, mujer mapuche artesana en telar y enfermera. “Mi visión particular por ser una mujer mapuche tehuelche, por tener toda una historia cultural de enfoque hacia la salud, que nada tiene que ver con este modelo hegemónico, biologicista médico. Y, por otro lado, de trabajar y pertenecer al sistema público de salud, porque como licenciada en enfermería, trabajo en hospital público.”
Esto, afirma lo convirtió en algo más enriquecedor, “porque puedo estar perfectamente en los dos lados sabiendo cómo el sistema público de salud a través de sus trabajadores, violenta porque soy parte del sistema. Y, además, estar del otro lado, sufriendo esta violencia.”
“Este monitoreo apunta a rescatar todas las situaciones de violencia que ejerce el sistema sanitario, y que tienen específicamente con la colectiva de mujeres campesinas, indígenas y diversidades. La violencia patriarcal colonial se amplifica cuando provenimos de pueblos indígenas”.
“Para mí es una herramienta que la tenemos que seguir llevando al sistema de salud pública y charlar con la gente que está a cargo de los comités de docencia e investigación para socializarlo. No pierdo la esperanza en algún momento encontrar en la ciudad donde vivo, la provincia donde vivo el caminito como para lograr trabajar la salud desde un enfoque pluricultural. Por ahí capaz que el libro del monitoreo sea algo que poder empezar a trabajar el tema de la salud, no desde este concepto biologicista, médico que viene de occidente. Sino empezar a revalorizar todo lo que es nuestra medicina.”
La mayoría de las personas profesionales de salud encuestadas fueron mujeres (92%), seguidas por varones (7%) y mujeres trans (1%). El 7% de las encuestadas tenía entre 18 y 30 años, el 69% entre 31 a 50 años, y el 24% tenía 51 años o más. «
La mayoría de las personas profesionales de salud encuestadas fueron mujeres (92%), seguidas por varones (7%) y mujeres trans (1%). En cuanto a la distribución por edad, el 7% de las encuestadas tenía entre 18 y 30 años, el 69% se encontraba en el rango de 31 a 50 años, y el 24% tenía 51 años o más.
El 35,1% de las personas entrevistadas no recibió información sobre salud sexual y reproductiva. Sólo el 19,9% recibió información sobre salud sexual y reproductiva en su lengua originaria. El 59,2% consideró que los materiales informativos que recibió no eran adecuados a su realidad como mujeres indígenas y campesinas.
El 95% de las mujeres indígenas reporta que los equipos de salud, médiques en particular, no hablan su lengua nativa.
El 73,2% de las mujeres que indicaron la existencia de intérpretes en los servicios de salud, señaló que estos no tienen un conocimiento suficiente sobre derechos sexuales y reproductivos.
El 69,9% de las mujeres que solicitaron una ligadura tubaria no recibió el procedimiento.
El 21,3% reportó haber sido sometida a prácticas médicas sin consentimiento. El 46,8% afirmó haber vivido discriminación durante la atención médica. El 84,1% de las mujeres que solicitaron una interrupción voluntaria del embarazo no recibió el procedimiento dentro del plazo legal establecido.