Como cada 8M, la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores protagoniza una Caravana que atraviesa las zonas más vulnerables del sur de la Ciudad con el fin de reflexionar y reivindicar las tareas de las mujeres, disidencias, migrantes, trabajadoras y militantes en el territorio. En esta séptima edición, las organizadoras del encuentro hicieron especial hincapié en el crimen de Nayla -la nena de 4 años asesinada de un tiro en el pecho hace un mes atrás mientras jugaba en la calle- y en la necesidad de que el Estado ocupe el espacio que cedió al narcotráfico. Marcharon más de 500 personas.
Las y los manifestantes se dieron cita en Cobo y Curapaligüe, a partir de las 9.30. Luego, tomaron Las Caracolas y Malvinas Argentinas hasta Bonorino, donde realizaron una primera parada y continuaron por Salvigny hasta llegar al Pasillo Bolívar, en la Manzana 22, donde leyeron el documento de la Red. Después, hicieron una parada más en el Pasillo del Sol, en la manzana 23 y finalmente, cerraron la caravana en la Rotonda.
“Decidimos leer el documento en el corazón del territorio narco y donde están los boliches. Antes pasábamos por diferentes organizaciones e instituciones donde sus referentes nos contaban cómo se estaban abordando, por ejemplo desde la salud o la educación, problemáticas vinculadas al género y la diversidad, pero ahora la idea fue recorrer las zonas más conflictivas”, cuenta a Tiempo Griselda, referente de la red y docente de la Escuela de Educación Media del Distrito Escolar 19.
Griselda aclara que hasta el momento habían decidido no exponerse a las bandas que se dirimen el territorio a los tiros, pero a la luz de los últimos episodios coincidieron en que se llegó a un límite. “Este es un lugar en donde nos está vedado reclamar, en el Bajo Flores vivimos hacinados y bajo la expresión más brutal del patriarcado en donde se dan situaciones híper violentas”, indica la docente, quien precisa: “nos cansamos de denunciar que hay pibas de 25 a 30 años que van a los boliches de la zona y se despiertan al lado de tipos que no conocen”.
Estos aberrantes casos llegan a las y los trabajadores de la salud o la educación y pocas veces las víctimas denuncian a los agresores sexuales porque están vinculados a una lógica narco que impera en el lugar. “Si van a la policía o a la fiscalía después se tienen que ir del barrio porque nadie las cuida y es peor. Todo esto genera mucha bronca e impotencia”, resume la mujer.
La referente de la Red puntualiza que hace unos años atrás mantuvieron una reunión con autoridades y representantes de instituciones y organismos tales como el Ministerio de Seguridad de la Nación, su análogo de la Ciudad, la Defensoría, TUTELAR o el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que se confeccionen “senderos seguros porque los pibes no podían llegar a la escuela, sin que esto implique la militarización”.
“De palabra nos dijeron que iban a avanzar, pero en los hechos nunca se pusieron de acuerdo porque adentro de la 1.11.14 está Gendarmería y en el perímetro está la Policía de la Ciudad. Todo quedó en la nada. Meses después, mataron a viarios chicos, algunos de ellos alumnos míos”, se lamenta Griselda.
En el documento que leyeron en el corazón del barrio, expresaron que “sufrimos violencia institucional porque se respaldan en un pacto con el Estado, que se muestra incapaz de brindar un sendero cuidado para que nuestres pibes y pibas vayan a la escuela, incapaz de remover las montañas de basura o iluminar nuestros pasillos para que no nos violen amparados en la oscuridad y la sordidez programada, que nos obliga a guardarnos cada vez más temprano en nuestras casas o inventar estrategias para llegar a salvo y vivir con miedo”.
“Nos condenan a vivir en una «zona liberada» por las «fuerzas de inseguridad» que, sin embargo, están ahí, y de todos los colores, para hostigarnos, desalojarnos y reprimir nuestras legítimas protestas, pero nunca son competentes para evitar que nos dañen o nos droguen, sin nuestro consentimiento, para abusarnos en los boliches, como ocurre cada vez más habitualmente. Ni son competentes para impedir que las armas lleguen a las manos de los pibes antes que las oportunidades de estudio y trabajo digno”, puntualizaron en otro de los tramos.
Griselda concluyó que si bien de manera formal los organismos e instituciones poco y nada hacen para revertir este desigual escenario, “gracias al abordaje artesanal de ciertos compañeros que trabajan en distintos espacios podemos avanzar con algunos diagnósticos de lo que ocurre en el barrio, pero por ejemplo el Estado no relevó cuántos chicos no volvieron a la escuela desde la pandemia o los casos de tuberculosis. El año pasado se murió un pibe porque se lo detectaron tarde. Es medieval lo que nos ocurre”.