Nueve años después del femicidio de la trabajadora social Laura Iglesias, su nombre sigue siendo enarbolado en los reclamos por una profundización de la investigación judicial que llegue a todos los responsables y en la militancia de sus compañeras por mejores condiciones laborales –y con perspectiva de género- en el Patronato de Liberados bonaerense. En recuerdo de Laura, y para mantener vigentes sus luchas, el sector realiza un paro a nivel provincial.
Laura fue violada y asesinada en Miramar, el 29 de mayo de 2013. Por el hecho hubo un único imputado: Esteban Cuello, condenado en 2015 a prisión perpetua. Pero además, el fallo condenatorio remitió el caso a la Fiscalía para que se profundice la investigación sobre la posible participación de otras personas. No hubo avances en ese sentido, ni en el análisis de posibles responsabilidades políticas o estatales. En estos nueve años, la familia de Laura no dejó de denunciar irregularidades en la investigación.
“Es inaudito lo que hizo, pero la fiscal con la que se llegó a la instancia de juicio, Ana María Caro, en la primera reunión con dos de mis hermanas y la hija mayor de Laura –y luego en varias oportunidades- dijo que no había problema en avanzar en las medidas que le habíamos pedido al juez de garantías. Las ‘mediditas’, decía ella. Pero no hizo nada. Cuando después del juicio le reclamamos, dijo ‘no, ya es cosa juzgada, ya no tiene sentido’. ¡Pero nosotros lo planteamos antes! Fue ella la que no hizo las cosas”, se indigna Manuel Iglesias, uno de los hermanos de Laura, en diálogo con Tiempo.
De tanto en tanto, Manuel relee el expediente por la violación y el femicidio de su hermana. En uno de los últimos repasos, puso el foco en la dirección del principal testigo contra Cuello. El hombre que dijo haberlo visto alejarse del auto, con un celular en la mano, como enviando mensajes. Manuel miró el mapa de Miramar en Google: había 650 metros de distancia entre el domicilio del testigo y el lugar donde dijo haber visto al imputado. Esa es solo una de las irregularidades que enumera.
También, que “un sospechoso dio un número de celular que no le pertenecía pero a la fiscalía no le importó. Otro sospechoso dijo que estuvo ese día en la casa de su novia, que queda también en Miramar, y ni siquiera la llamaron para verificar si era cierto”, entre otros puntos, como que un periodista dio una descripción del cuerpo –con una plancha de stickers sobre el pecho, que nunca se encontró- que no coincide con las fotos y hace pensar en una alteración de la escena. O que un testigo dijo haber pasado antes por el lugar y no ver el cadáver, pero nunca se presentó a declarar.
Uno de los puntos más escalofriantes tiene que ver con que “la forma en que fue asesinada Laura es idéntica a la que fuera asesinada también en Miramar, años atrás, Natalia Melmann por policías de la Bonaerense”.
“No puedo entender que se haya manejado de una manera tan mala la investigación. Todo me lleva a sospechar que están encubriendo. Y me hacen pensar en el caso de Natalia. Ambas fueron estranguladas con el cordón de la zapatilla izquierda. Y los policías que tenían perpetua (por Natalia) estaban gozando de salidas transitorias cuando mataron a Laura. Qué casualidad”, ironiza el hermano de la trabajadora social. Agrega que “en el caso de Natalia aparecieron cinco perfiles genéticos, pero solo tres fueron condenados. Otros dos estaban en libertad”.
Como parte de su trabajo en el Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, Laura había acompañado a una colega a la casa de uno de los condenados por el crimen de Natalia Melmann. Esa compañera había constatado que uno de los policías femicidas no estaba en su domicilio como debería, y había comenzado a recibir amenazas tras reportarlo. Laura la acompañó, en su propio auto, cuando tuvo que volver a ese domicilio, con miedo.
A las irregularidades denunciadas se suma el hecho de que, tres días antes de ser asesinada, Laura le había dicho a su hermana Alicia que algo la preocupaba, pero que aún no se lo podía contar. Fue una conversación telefónica que debían retomar. No se pudo. Una semana después del femicidio, a Alicia le sonó el celular: la llamada entrante era del teléfono de Laura. Nunca se determinó qué pasó con ese teléfono.
“La causa está plagada de irregularidades. Tener que luchar contra estas cosas exaspera. Decís no puede ser tanta cantidad de cosas y que nadie se dedique a investigar seriamente”, lamenta Manuel.
El legado de Laura
Laura Iglesias no era una trabajadora más en el Patronato de Liberados bonaerense. Participaba sindicalmente, militaba. “Ella estaba en Hurlingham. Yo en Moreno. Nos juntábamos para organizar el sector en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Laura era parte de este núcleo de compañeras que militábamos el sindicato y la formación. Esto de verse como laburanta y no solo como profesional. Era parte de nuestra identidad”, destaca Romina Rosa, trabajadora del Patronato en Moreno, quien compartió militancia con Laura.
Este lunes, a nueve años y un día del femicidio, el sector realiza un paro por mejores condiciones laborales. “Hasta que pasó lo de Laura veníamos con una mirada como más naif sobre el trabajo. Lo de Laura nos hizo replantearnos todo”, remarca Romina. “A partir de eso vino toda una lucha. Pero no hemos podido revertir las condiciones en que laburamos. Se fueron un montón de compañeras del Patronato, está vaciado. Eso es parte del reclamo”, cuenta. La medida también cuestiona una modificación que incrementó la carga horaria y la quita de una bonificación.
“Pedimos profundizar y complejizar, armar equipos de trabajo, díadas para salir a hacer trabajo de campo. Poder tener entrevistas previas con las personas que tenemos que asistir. Antes los oficios nos llegaban diciendo que tal persona estaba condenada por un asesinato, pero no se explicitaba que era por femicidio. Eso se modificó bastante, aunque algunos juzgados todavía no cambiaron. Intentamos visibilizar que en este trabajo no es lo mismo ser mujer que varón. Y la perspectiva de género tiene que estar en el desarrollo de la tarea cotidiana”, dice Romina. Detalla que su tarea implica “trabajar con personas que están en conflicto con la ley o privadas de libertad. Pasan por nuestra oficina y pasamos por sus casas, por sus vidas. En el caso de Laura, fue ella sola a hacer trabajo de campo con su auto. Eso sigue en las mismas condiciones. Por eso las compañeras se van. Y porque tenemos un sueldo de 63 mil pesos”.
Ante los reclamos hubo casos en los que se incorporó la presencia de personal policial o penitenciario para acompañar a las trabajadoras del Patronato. “Eso nos pone más en riesgo –critica Romina- Para nosotras, la respuesta tiene que ser desde lo social. Desarrollar una política pública seria para este sector tan vulnerado. Seguimos reclamando por Laura. Y seguimos expresándonos contra esta precarización”.
Sobre la Justicia, la compañera de Laura remarca que “hubo un montón de líneas que nunca se investigaron y no se tuvo en cuenta el contexto laboral para la investigación. Si bien del fallo rescatamos, como producto de la lucha, que hace una mención al Poder Ejecutivo para que se fije las condiciones en las que estamos trabajando y planificar una política pública con perspectiva de género, nadie se hizo eco de eso hasta el día de hoy. Nos quedó un sabor amargo del juicio”.